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"Por la dignidad docente"

Los sindicatos educativos catalanes mantienen la huelga del 11 de febrero y convocan una manifestación el 24 de enero

El conjunto de sindicatos del sector -USTEC, Professors de Secundària, CCOO, CGT y UGT- señalan que no hay avances en el incremento salarial que reivindican y hacen un llamamiento a la participación masiva en las protestas

Más de la mitad de los profesores de Catalunya sufren estrés, el dato más elevado de España

Un 45% de los docentes dice tener una mala salud psicológica y un 36% está dispuesto a dejar la profesión, según USTEC

Protesta del colectivo docente catalán.

Protesta del colectivo docente catalán. / JORDI OTIX

Helena López

Helena López

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El comunicado unitario firmado por USTEC, Professors de Secundària, CCOO, CGT y UGT Educació, es decir, por todos los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación, no deja lugar a dudas: "hoy por hoy, no hay posibilidad de acuerdo", sintetizan. Por ello, los representantes de los docentes catalanes convocan una nueva manifestación centralizada el sábado 24 de enero (a las 11.30 horas en el Arc de Triomf, en Barcelona) y mantienen la fecha del miércoles 11 de febrero -en plena semana de Carnaval- como el inicio de "un nuevo ciclo de huelgas". Tras algo más de un año de margen a la nueva conselleria -y al nuevo govern del PSC- el profesorado dice basta y exige una mejora de sus condiciones laborales.

El curso 25-26 empezaba con el reconocimiento de la consellera Esther Niubó de que la escuela catalana es cada día más compleja, con más de un 30% de alumnado con necesidades educativas especiales; algo que marca el día a día en el aula. De hecho, más recursos en la atención a la diversidad es uno de los principales puntos en la larga lista de reivindicaciones de las direcciones de escuelas e institutos, que este curso se han plantado también por primera vez en la historia reciente del país. El pasado 23 de octubre 114 direcciones de Barcelona se reunieron en Sant Andreu para hacer oír su voz y unificar sus peticiones, entre las que destaca también la necesidad de incorporar a profesionales de enfermería, salud mental y pediatría en las plantillas de los centros.

En ese contexto, pocas semanas más tarde, el 15 de noviembre, una primera manifestación convocada por el conjunto de sindicatos educativos en Catalunya mostró músculo en Barcelona y hacía evidente que el malestar es generalizado. El objetivo de esa protesta era forzar una negociación que, señalan, meses después "sigue encallada". La principal reivindicación, en noviembre y hoy, es una mejora de las condiciones laborales (un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco). El listado de peticiones sindicales incluye también la reducción de ratios en las aulas, la recuperación de la "democracia" en los centros, la mejora de la atención a la diversidad y la disminución de la burocracia y de la carga de trabajo.

La propuesta de la conselleria

En la última reunión entre Departament y sindicatos, celebrada el pasado 8 de enero, la conselleria puso sobre la mesa que podía negociar compensaciones por pernoctación (entre 3,5 i 6 millones anuales), plazas para catedráticos en secundaria (4.946 plazas), el reconocimiento de la coordinación digital (ampliación de un 25% del complemento en cinco años) y mejorar la dotación de cargos (principalmente directivos) en los institutos-escuela y en FP (aumento no especificado), pero insistió en que "la ley establece que no se pueden subir los salarios más de un 2,5% del sueldo de finales de 2022, ya que sería necesaria una nueva ley de presupuestos".

Los sindicatos responden a esta propuesta que "no pueden aceptar el argumento de la limitación legal": "otros colectivos de trabajadores públicos han recibido aumentos y los límites se resuelven con un decreto-ley vigente hasta convalidación o con una proposición de ley tramitada por urgencia extraordinaria y, si fuera necesario, acompañado de una modificación de crédito", apuntan subrayando que su demanda es aumentar el complemento específico para compensar el 25% de pérdida de poder adquisitivo y una cláusula para garantizar que no se pierde de nuevo poder adquisitivo.

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