Cercs y el Govern avanzan en el proceso de demolición de la central térmica tras 15 años de bloqueo

El proceso para demoler, aunque sea de forma parcial, la antigua central térmica de Cercs (Berguedà) será complejo, largo y costoso. Sin embargo, parecer ser que, por primera vez quince años después de que la central cerrara, existe una voluntad compartida entre el municipio y el Govern para lograr avanzar en el asunto. "Será lento y complicado porque requiere trámites burocráticos e implicará una inversión de dinero considerable", detalla el alcalde de la localidad, Urbici Malagarriga. "Pero se está progresando", asevera Malagarriga en conversación con EL PERIÓDICO.

En los próximos días, tendrá lugar una reunión entre el director de la Agència de Residus de Catalunya (ARC), Albert Planell, y el consistorio para abordar el desmantelamiento de una parte del edificio. No será el primer encuentro entre el pueblo y la Generalitat. En los últimos meses, otros dirigentes del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica se han sentado con el alcalde para tratar de encontrar una solución. En este caso, el papel de la ARC es importante porque en el esqueleto de la vieja central se acumulan restos de hierro, fuel, fibrocemento, hidróxido de sodio y ácido sulfúrico.

Las diferentes empresas que en algún momento ostentaron la titularidad del complejo –primero FECSA (que se transformó en Endesa), después Enel, luego Viesgo (absorbida por Repsol) y finalmente Infreemu y EM Spain Waste & Treatment– no se han responsabilizado de clausurar la central y la térmica ha permanecido desde 2011 en una especie de limbo legal en el que nadie asume esta responsabilidad. En marzo del año pasado, la consellera Sílvia Paneque envió una carta a la ministra Sara Aagesen para que el ministerio liderara un proceso que debe poner fin al deterioro del recinto y a los riesgos asociados.

"En ningún caso se plantea desmantelarlo todo, pero es de sentido común desmontar una parte de la térmica"

Urbici Malagarriga

— Alcalde de Cercs

"En ningún caso se plantea desmantelarlo todo, pero es de sentido común desmontar una parte de la térmica", exige Malagarriga. Una posibilidad es mantener la icónica torre de refrigeración y derribar los demás vestigios. La idea del Govern es avanzar en las conversaciones, tanto con el ayuntamiento como con la Moncloa, para desencallar la demolición. En realidad, el Ejecutivo catalán tiene un interés especial en el caso porque necesita la complicidad de Cercs, entre otros municipios, para sacar adelante el proyecto de convertir el embalse de La Baells en una megabatería. Y Malagarriga ya ha repetido en más de una ocasión que no aceptará la infraestructura si antes no se procede a demoler la central.

Terrenos polémicos

Al actual escenario, se suma una sentencia judicial que se ha dado a conocer en las últimas horas y que, según el alcalde, podría acelerar el fin de la central. Tras un contencioso interpuesto por la plataforma antiincineradora de Cercs (se llama así porque se opone a la propuesta de instalar una incineradora la ubicación de la central), la jueza ha dictado que el ayuntamiento debe investigar para determinar si los terrenos de la térmica son comunales, es decir, de propiedad municipal.

La asociación, en concreto, pedía que los terrenos rústicos fueran recuperados e incluidos en el inventario de bienes municipales. El fallo admite el recurso y exige al consistorio que compruebe si se trata o no de bienes comunales. "Todavía debemos hablar con los técnicos para iniciar la investigación, pero si se demuestra que son terrenos municipales podremos avanzar más fácilmente a la hora de exigir el desmantelamiento de la central", opina Malagarriga.

La plataforma vecinal, por su parte, ve la sentencia con buenos ojos y considera que se trata de una "oportunidad" para que el pueblo de Cercs pueda decidir sobre el futuro de las hectáreas que hoy todavía albergan el 'cadáver' de lo que un día fue símbolo de esplendor industrial.

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