Una sentencia ordena al Ayuntamiento de Cercs a investigar si los terrenos de la antigua central térmica son bienes comunales

La jueza del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Barcelona ha dado la razón a la Plataforma Antiincineradora de Cercs (PAIC) en el contencioso iniciado en 2022 para la recuperación de los bienes comunales donde se ubica la antigua central térmica de Cercs. La resolución admite el recurso presentado por la plataforma, el grupo Tots Som Cercs y tres vecinos, y les reconoce la legitimación para reclamar la titularidad comunal de los terrenos conocidos como los emprius de la Casassa o de la Garganta.

La sentencia también anula el acuerdo que en su día había adoptado el Ayuntamiento de Cercs y obliga al consistorio a iniciar y tramitar un procedimiento de investigación para determinar si los terrenos son bienes comunales. Si finalmente se confirma esta condición, el tribunal ordena al municipio cumplir todos los pasos correspondientes: incluirlos en el Inventario de Bienes Municipales, realizar el deslinde (marcar el límite que ocupan) y la recuperación de oficio, ejecutar el desahucio administrativo si procede y defender los derechos comunales por todas las vías posibles. Además, establece que debe enviarse un mandamiento al Registro de la Propiedad de Berga para inscribirlos formalmente como bien comunal bajo la denominación "Emprius de la Casassa o de la Garganta".

En un comunicado, la Plataforma Antiincineradora valora positivamente la resolución judicial. Según afirman, aunque la jueza no entra en el fondo de la cuestión porque considera que el Ayuntamiento no había tramitado correctamente el expediente, el hecho de obligarlo a reanudar la investigación representa "indicios positivos", "porque condena al Ayuntamiento de Cercs a iniciar otro procedimiento de investigación que debe ser tramitado y resuelto con la máxima diligencia". El colectivo destaca que el consistorio está ahora obligado a volver a poner en marcha el procedimiento "con la máxima diligencia".

La PAIC considera que la sentencia supone una oportunidad para que los vecinos de Cercs y, por extensión, los del Alt Berguedà, puedan decidir conjuntamente el futuro de los terrenos de la antigua central. Recuerdan que siempre han defendido la naturaleza comunal de estos espacios y que, por tanto, "los usos deben decidirse y gestionarse desde la propia ciudadanía".

La plataforma insta al Ayuntamiento a cumplir el mandato judicial con "celeridad y cuidado" y asegura que velará para que el proceso de investigación se desarrolle de manera correcta y favorable a los intereses comunales.