El Gobierno se compromete con las víctimas de abusos a impulsar la ley para que la pederastia no prescriba

Durante una hora y cuarto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se han reunido este viernes con las asociaciones de víctimas de la pederastia. El motivo del encuentro ha sido explicar, por parte del Ejecutivo, a los representantes de los afectados los detalles del acuerdo de reparación rubricado este jueves con la Conferencia Episcopal. Un pacto que contempla que la Iglesia pagará las indemnizaciones económicas o de cualquier naturaleza que soliciten los afectados, cuyos casos hayan prescrito, bajo la tutela del Defensor del Pueblo, que será la institución encargada de elaborar las propuestas de reparación y dirimir en caso de conflicto entre las partes.

La ley de imprescriptibilidad de la pederastia lleva dos años paralizada

Las asociaciones de víctimas hacen una valoración "positiva" del acuerdo, pero han llegado a la reunión con una larga lista de peticiones. Entre ellas, las víctimas catalanas han pedido al Gobierno que "desbloquee" la ley de imprescriptibilidad penal de los delitos de pederastia, que emanó del Parlament y lleva "dos años paralizada porque el Ministerio de Justicia ha prorrogado sine die los plazos de enmiendas, tanto a la totalidad, como al articulado", según interpreta Miguel Hurtado, primer denunciante del caso de abusos en la Abadía de Montserrat.

En la reunión, Bolaños se ha interesado por la tramitación de la ley y "se ha comprometido, de forma potente y contundente, a hacer lo que esté en su mano para que la norma salga adelante esta legislatura", según ha explicado Hurtado al término del encuentro. De entrada, el ministro ha aceptado que su equipo celebre varias reuniones con las víctimas y los ponentes de la norma, en las próximas semanas, con el objetivo de "desbloquear la ley", lo cual llena a los impulsores de la normativa "de esperanza".

Las víctimas piden que el pacto con la Iglesia incluya un baremo de indemnizaciones y un plazo más amplio para la reparación

Sin embargo, en otras peticiones no han recibido compromisos tan claros. Por ejemplo, las víctimas consideran que el plazo de un año, prorrogable a otro más, para que los afectados presenten su solicitud de reparación ante el Ministerio de Justicia es insuficiente. "Bolaños ha contestado que iba a estudiar nuestra petición de ampliación del plazo, pero ha insistido en que dos años es suficiente, por lo que aquí puede haber desacuerdo", ha interpretado Hurtado, quien ha entregado al ministro una carta con peticiones para mejorar el acuerdo con la Iglesia, firmada también por Manuel Barbero, primer denunciante del 'caso Maristas'.

El Gobierno ha aceptado que el plan de reparación incluya a víctimas ya fallecidas

Otra de las peticiones de las víctimas ha sido que haya un baremo a la hora de indemnizar, porque la ausencia de este instrumento puede ser "objeto de fricciones" y el único baremo empleado hasta ahora en los tribunales, el de los accidentes de tráfico, "no resulta aplicable, por razones obvias", según Hurtado. El Gobierno ha contestado, de nuevo, que estudiará la petición y que las indemnizaciones serán superiores a las pagadas por la Iglesia en su propio plan de reparación (el plan Priva), pero sin comprometerse a fijar, de momento, un baremo concreto en el convenio que firmará en el plazo de un mes con la Iglesia y el Defensor del Pueblo.

Por último, una de las peticiones que sí ha sido aceptada, según ha explicado a su vez Juan Cuatrecasas, presidente de la asociación Infancia Robada, ha sido que los familiares de las víctimas que hayan fallecido pero, previamente, hayan presentado denuncia en los juzgados o públicamente se hayan visibilizado como víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, puedan acogerse al plan de reparación.

Cuatrecasas ha destacado que, en su opinión, el acuerdo con la Conferencia Episcopal, en su conjunto, es "muy positivo" y que Pedro Sánchez se ha mostrado muy "empático y comprometido con las víctimas en la reunión".

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