Histórico acuerdo
Claves del pacto entre los obispos y el Gobierno: la Iglesia pagará las indemnizaciones por pederastia que proponga el Defensor del Pueblo
Las víctimas tienen un año para presentar las solicitudes en el Ministerio de Justicia y una comisión mixta, con presencia de las asociaciones, dirimirá en caso de discrepancia
El Gobierno y la Iglesia cierran un acuerdo para reparar económicamente a las víctimas de pederastia
Lucía Feijoo Viera
Por qué confiar en El Periódico Dos años y medio después de que el Defensor del Pueblo propusiera indemnizar a las víctimas de la pederastia con la creación de un "órgano independiente", en un demoledor informe en el que calculó que ha habido unas 440.000 víctimas en instituciones católicas; el Gobierno y la Conferencia Episcopal han firmado este jueves un acuerdo para crear un sistema de reparación mixto.
El pacto contempla que la Iglesia pagará las reparaciones económicas o de cualquier otra naturaleza que soliciten los afectados, cuyos casos hayan prescrito. Y el Defensor del Pueblo será la institución encargada de elaborar las propuestas de reparación y de dirimir en caso de conflicto. Estas son las claves del histórico acuerdo:
En el plazo de un mes, se firmará un convenio de colaboración entre la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos (Confer), el Defensor del Pueblo y el Ministerio de Justicia en el que se formalizarán los términos rubricados este jueves en un acuerdo que ha sido suscrito por el ministro del ramo, Félix Bolaños, el presidente de la CEE, Luis Argüello y el presidente de Cofer, Jesús Díaz, en un acto en la sede del Ministerio de Justicia. En el pacto rubricado este jueves, se establece que en el plazo de un año, prorrogable a otro más, las víctimas podrán presentar las solicitudes de reparación.
Las solicitudes se presentarán ante una unidad de tramitación, dependiente del Ministerio de Justicia, que asumirá la recepción de propuestas, la comunicación con las partes y las notificaciones. Esta oficina trasladará la petición a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo (UVDP), que hará una revisión individualizada de cada caso y propondrá una reparación, que puede ser simbólica, restaurativa, espiritual, psicológica, moral y/o económica, atendiendo a lo solicitado por la víctima.
La propuesta se trasladará a la Comisión Asesora, que la Iglesia puso en marcha en septiembre de 2024, dentro de su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (PRIVA). Si la Comisión y la víctima están conformes,la resolución será definitiva. Si hubiera disconformidad, se convocará una Comisión Mixta, formada por miembros del Estado, la Iglesia y las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo. Y si continuara la disconformidad, la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo adoptará la resolución definitiva. Según el resumen que ha hecho el ministro Bolaños en rueda de prensa, "la indemnización en última instancia la fija el Estado y la abona la Iglesia, esa es la clave del acuerdo".
El acuerdo establece, por tanto, que la Iglesia católica pagará las indemnizaciones o dará cumplimiento al resto de medidas reparadoras acordadas, "con la forma y las mismas garantías previstas" en su propio Plan de Reparación, pero sin fijar un plazo máximo y concreto. Sí aclara que si la diócesis, el instituto o la entidad religiosa responsable, donde se cometieron los abusos, no dieran cumplimiento a las medidas reparadoras, la CEE y la Confer se ocuparán.
El acuerdo va dirigido a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia que no hayan podido acceder a la vía jurisdiccional, bien porque el agresor ha fallecido, bien porque el caso ha prescrito. Bolaños ha asegurado que el pacto se circunscribe "exclusivamente" a los delitos de pederastia en el seno de instituciones religiosas, pero la Conferencia Episcopal asegura que el Gobierno se ha comprometido a abordar también la reparación integral de todos los menores abusados, en cualquier ámbito de la vida pública, a través del desarrollo de la ley contra la violencia infantil, aprobada en 2021.
El pacto contempla que las reparaciones económicas, para las cuales no se fija una cuantía o un baremo de cuantías fijo en función del daño, sino que se decidirá en cada caso, estén exentas de tributación, especialmente del Impuesto sobre la Renta. La exención regirá también para las víctimas que ya han recibido indemnización por parte de la Iglesia.
El Gobierno ha promovido el pacto porque muchas víctimas, que no pueden acudir a la justicia porque el delito se cometió hace muchas décadas y ha prescrito, recelan del plan de reparación propuesto por la propia Iglesia, dado que esta institución, durante años, se ha dedicado a minimizar y ocultar los escándalos. De hecho, el llamado PRIVA ha reparado durante el último año apenas a un centenar de víctimas, con indemnizaciones cercanas a un total de dos millones de euros, según las cifras ofrecidas por la Conferencia Episcopal. La Iglesia reconoce un cómputo de unas 2.002 víctimas, por lo que las que han sido reparadas no llegan al 2%. En cualquier caso, según han aclarado ambas partes, la posibilidad de acudir al plan de reparación de la Iglesia sigue abierta. "El pacto firmado no es una vía paralela al PRIVA, sino complementaria", ha asegurado Argüello.
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