Del aumento de penas por tráfico de marihuana al desalojo exprés: 4 propuestas para estrechar el cerco al cannabis

Los expertos consultados por EL PERIÓDICO proponen el aumento de penas para los delitos vinculados al comercio ilegal de marihuana, tanto el relacionado directamente con el tráfico de drogas (delito contra la salud pública), como los asociados al fraude del suministro eléctrico que sirve para alimentar las plantaciones, así como a la ocupación de fincas en las que acaban alojados los cultivos. Asimismo, los juristas también hacen hincapié en la necesidad de introducir los cambios legislativos necesarios que permitan el desalojo en 48 horas de las viviendas usadas con fines delincuenciales o que puedan realizarlos directamente la policía. Estas son las principales propuestas.

Aumento de penas

El abogado penalista Emilio Zegrí defiende que deben aumentarse las penas por este tipo de delitos en España. "Es una cuestión de prevención general. Nuestro país no puede lanzar el mensaje de que la legislación punitiva española es la más laxa de Europa y de que la prisión provisional es excepcional". Este letrado penalista precisa que "no se trata solamente, que también, de aumentar la represión haciéndola acorde y comparable con los países de nuestro entorno, sino de lanzar un mensaje, claro y nítido, sobre la gravedad que atribuye nuestra ley a estas conductas, su eficaz persecución y la contundencia del castigo". Según el jurista, es evidente el efecto disuasorio de la métrica penal en una actividad delictiva planeada como negocio.

Por su parte, el vicedecano del Col.legi de l'Advocacia de Barcelona, Jorge Navarro, destaca que España concentra porcentajes superiores al 50% de las incautaciones de marihuana de la UE y se ha convertido en el principal productor europeo, con una presencia destacada de organizaciones mafiosas internacionales. Las penas, añade, son las más duras en nuestro entorno europeo. "Es obvio que las mafias vienen a España porque les sale más "barato".

Más medios judiciales y policiales

"Las fuerzas policiales dedican muchos esfuerzos y agentes a la persecución del tráfico ilegal de marihuana, pero la falta de medios en nuestra administración de Justicia dificulta el pronto enjuiciamiento", subraya el abogado Jorge Navarro. "No parece difícil determinar cuál es el problema y la solución parece sencilla, pero la coyuntura política de nuestro país no favorece consensos frente a los problemas", puntualiza.

Emilio Zegrí, por su parte, también incide en que "deben aportarse de forma urgente medios materiales para dotar a la administración de Justicia", a la vez que reclama que se incremente el número de órganos judiciales y jueces. "Solo así se podrán cumplir los plazos que establece la ley de enjuiciamiento criminal vigente para celebrar juicios rápidos (la norma fija en 15 días) derivados de los delitos flagrantes –recalca el abogado–. Es evidente que resulta una medida disuasoria que los detenidos por tráfico y cultivo de marihuana sean juzgados con rapidez y se acorte la distancia temporal entre el hecho y la sentencia. De nada sirve el aumento de penas si no se acompaña de su imposición efectiva".

Este abogado sugiere, además, el incremento de la dotación policial y hacerlo extensible a todo el territorio, no solo a las grandes ciudades. "Es harto difícil la vigilancia e investigación en los territorios rurales extensos", asegura. Asimismo, recalca que en la actualidad se disponen de medios tecnológicos que pueden suplir la carencia de medios humanos, aunque "lo racional sería combinar ambos".

Ocupaciones ilegales destinadas a delinquir

En Europa hay varios países que cuentan con vías legales para recuperar en un breve plazo de tiempo un inmueble ocupado ilegalmente y que también facultan a la policía para ejecutar desalojos. Esta solución es la que propone la decana del Col.legi de l'Advocacia de Barcelona, Cristina Vallejo. Ya en enero de 2025, este colegio profesional, junto con el de Madrid y Málaga, elaboraron una batería de reformas legislativas, tanto civiles como penales, para facilitar que una vivienda usurpada sea devuelta lo antes posible a su propietario o arrendador. Una de las principales medidas propuestas es ordenar desalojos durante las 48 horas después de interponer la denuncia si los ocupantes no pueden acreditar "la posesión legítima". Pero hay otra iniciativa encima de la mesa: el desalojo policial sin aval judicial.

En noviembre de 2024, la Audiencia de Girona acordó que "en caso de ocupaciones de inmuebles recientes y en la medida de lo posible antes de las 24 horas de la ocupación, los cuerpos policiales pueden y deben proceder al desalojo de sus ocupantes sin que resulte necesaria una previa autorización judicial". En este sentido, explica Vallejo, la idea es modificar el artículo 282 de la ley de enjuiciamiento criminal (los deberes y obligaciones de la policía judicial) para que en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda, cuando se traten de acciones flagrantes, la policía pueda proceder al desalojo inmediato del inmueble. La abogada señala que se considera delito flagrante el que se está cometiendo o se acaba de cometer cuando la persona es sorprendida en el acto. En este sentido, precisa que "se entenderá sorprendido en el acto no solo al delincuente que fuera identificado en el momento de estar cometiendo el delito, tratando de acceder al inmueble", sino cuando los agentes policiales entienden que el acceso a la vivienda se produjo en las 48 horas anteriores.

Otra de las sugerencias expresadas por Vallejo es la modificación de la ley del jurado para suprimir de la competencia del tribunal popular los juicios por allanamiento de morada y que este tipo de delitos sean sentenciados a través de un juicio rápido. La decana de los abogados también aboga por la introducción de un nuevo artículo en la ley de enjuiciamiento criminal para que el juez de guardia pueda adoptar medidas cautelares para la persecución de la ocupación ilegal de inmuebles.

Combatir el fraude de fluido eléctrico

La Fiscalía Especial Antidroga remarca en su última memoria "el escandaloso incremento de plantaciones de cannabis 'indoor' por todo el territorio español, el cual suele ir acompañado de enganches ilegales al suministro eléctrico". En este sentido, señala que "los sistemas de iluminación y ventilación utilizados para acelerar el crecimiento de las plantas funcionan 24 horas al día y se obtienen mediante enganches ilegales que causan estragos en la red eléctrica". "La sobrecarga de potencia –añade– activa las protecciones de los centros de transformación y provoca cortes reiterados de suministro que afectan a los ciudadanos".

"Pero es que, además, el consumo de electricidad es tan alto y la manipulación de las instalaciones tan devastadora que se llegan a originar incendios en líneas subterráneas y en los centros de transformación", insiste la memoria. A la vez, los fiscales advierten de que "no cabe descartar que la mínima severidad de la norma penal española, que solo dispone de penas de multa, atraiga a tramas organizadas para producir aquí su marihuana". Por eso, se pide castigar con cárcel la defraudación de fluido eléctrico asociada a plantaciones 'indoor' de marihuana, "especialmente si el delito es cometido por un grupo organizado u organización criminal".

Por este motivo, el ministerio público considera que debe cambiarse la tipología penal para dejar de equiparar "injustamente la conducta infractora necesaria para la puesta en marcha de una plantación de marihuana a supuestos en los que la defraudación de fluido eléctrico tiene la medida de un suministro doméstico y es cometida por una persona individual más o menos necesitada".

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