Investigado un abogado de Canarias por usar sentencias inexistentes que le sugirió la IA

Creerse al pie de la letra el resultado que ofrece la inteligencia artificial puede generar serios problemas. Y si no que se lo pregunten al abogado que ahora se ve en aprietos porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ordenado investigarle por haber presentado un recurso de apelación en el que cita una serie de sentencias e informes oficiales presuntamente inexistentes generados por herramientas de IA. Los magistrados le atribuyeb una posible falta a la buena fe procesal.

La Sala de lo Penal del TSJC notificó hace unos días una sentencia que confirma la absolución de un vecino de Tenerife que fue juzgado en julio de este año en la Audiencia Provincial por una supuesta agresión sexual. El alto tribunal canario desestimó el recurso interpuesto por el abogado en cuestión, que ejercía la acusación particular contra la exculpación del imputado. El tribunal hace constar en el fallo que detectó que el abogado incluyó en su escrito citas de jurisprudencia supuestamente "espurias" o "apócrifas". El letrado también hizo referencia a un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la credibilidad del testimonio infantil del que, de igual forma, los magistrados "tampoco tienen constancia de que exista".

Según el TSJC, tales hallazgos "parecen evidenciar una conducta reveladora de la palmaria negligencia de quien, tenido por experto en normas procesales y respetuoso con los principios deontológicos de su profesión, fió su trabajo, sin mayor revisión, a lo que el algoritmo le propuso". El letrado, precisan los jueces, omitió "la diligencia de verificar la existencia" de lo que expresaba, "confiando acaso en que la abundancia de referencias no solo pasaría inadvertida por el tribunal", sino que "infundiría autoridad" a sus afirmaciones, "probablemente de idéntica factura que las citas".

Multa y posible expediente

En consecuencia, con la detección de estas supuestas irregularidades, el TSJC ordena abrir una pieza “a fin de depurar las responsabilidades en que haya podido incurrir" el abogado. La normativa invocada por el alto tribunal se refiere a un posible ilícito por vulneración de las reglas de la buena fe procesal, que puede derivar en una multa de 180 a 6.000 euros, sin perjuicio, además, de dar traslado de los hechos al colegio profesional respectivo por si pudiera proceder la imposición de una sanción disciplinaria.

El TSJC sostiene que en el recurso de apelación presentado por el letrado se detectaron, al menos, siete sentencias del Tribunal Supremo que no se han podido verificar en las bases de datos disponibles. El alto tribunal precisa que en el texto se encontraron "otras muchas de similar factura" que constituyen un ejercicio de "libérrima creatividad jurídica". La sentencia añade que el abogado las "desgrana" a lo largo de su escrito "con soltura y desparpajo".

En este mismo sentido, del TSJC enfatiza que "tampoco tiene constancia de que exista un informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la credibilidad del testimonio infantil de 2019", del que también se extracta un pasaje en el recurso "con la precisión de quien copia de un original que reposa sobre su escritorio o lo extrae de un archivo informático". Al entender de los magistrados, la presunta falta de profesionalidad, "lejos de consistir en un mero desliz o error venial, por su reiteración, merece ser depurada”, por lo que han acordado abrir una investigación.

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