Medida pionera
Las familias con menores en riesgo de desamparo en Catalunya tendrán abogado gratuito desde el inicio del proceso
Hasta ahora, solo recibían asesoramiento del turno de oficio cuando la DGPPIA (la antigua DGAIA) había dictado una resolución y el caso se había judicializado
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Fachada de la sede de la DGPPIA / David Zorrakino - Europa Press
Por qué confiar en El Periódico El Departament de Justícia y el Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) han creado un nuevo módulo específico de abogacía de oficio para garantizar que las familias afectadas por un expediente administrativo de desamparo tramitado por la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i a l’Adolescència (DGPPIA) (la antigua DGAIA) tengan asistencia jurídica gratuita desde el inicio del proceso. Se trata de una decisión pionera que busca que las familias tengan acompañamiento legal cuando se enfrenten a una situación que les pueda suponer perder la guarda o tutela de sus hijos menores; "una situación especialmente sensible y compleja", subrayan Justícia y el CICAC. La medida tiene también el apoyo del Departament de Drets Socials, del que depende la DGPPIA.
Hasta ahora, las familias sometidas a un proceso de desamparo sólo tenían derecho a un abogado del turno de oficio a partir del momento en el que el caso se judicializaba, es decir, una vez que la DGPPIA dictaba la resolución administrativa, que se podía recurrir ante los juzgados de lo contencioso-administrativo. Durante toda la fase administrativa previa, las familias no disponían de ningún acompañamiento letrado gratuito, a pesar de la trascendencia de las decisiones que se adoptan y que les puede suponer incluso la retirada de la tutela del menor. Por eso, ahora tendrán abogado gratuito desde el inicio del proceso.
"El objetivo es asegurar que ninguna familia afronte sola un proceso administrativo de gran complejidad e impacto personal"
En Catalunya, un niño o adolescente se considera desamparado cuando sus padres o tutores legales están imposibilitados para ejercer las funciones de guarda o cuando las ejercen con grave peligro para el menor; cuando se aprecia cualquier forma de incumplimiento o ejercicio inadecuado de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores o cuando el menor presenta signos de malos tratos físicos o psíquicos, de abusos sexuales o de explotación.
Derechos garantizados a las familias
El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha destacado que esta medida "supone un paso muy relevante en la garantía de los derechos de las familias y de los niños, porque introduce el acompañamiento jurídico desde el primer momento en un procedimiento especialmente delicado". Espadaler ha subrayado que el objetivo es "asegurar que ninguna familia afronte sola un proceso administrativo de gran complejidad e impacto personal, reforzando la seguridad jurídica y la calidad de las decisiones que se toman".
"Esta medida corrige una anomalía del sistema que dejaba a las familias sin defensa en un momento clave del procedimiento"
El presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Rogeli Montoliu, ha remarcado que la incorporación de la abogacía de oficio en esta fase "corrige una anomalía del sistema que dejaba a las familias sin defensa en un momento clave del procedimiento".
Montoliu asegura que en estos procesos "la abogacía no pretende sustituir a nadie, sino garantizar que el procedimiento se construya desde el primer momento con contradicción, información y derechos", y ha destacado que esta medida "fortalece el sistema de protección a la infancia porque hace las decisiones más sólidas, más garantistas y jurídicamente más robustas".
La conselleria destinará este año 90.000 euros a este servicio
El nuevo servicio permite la intervención de un profesional del turno de oficio tanto en el expediente previo al desamparo como en la solicitud de revisión del desamparo por cambio de circunstancias, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley de asistencia jurídica gratuita. Cada actuación se compensará por importe de 100 euros.
Para el despliegue de este nuevo derecho, la Conselleria de Justícia ha previsto una dotación económica total de 90.000 euros para el año 2026, que se vehiculará a través del convenio firmado ahora con el CICAC. Justícia afirma que este acuerdo es "clave" para hacer posible la prestación efectiva de este servicio mediante la red de colegios de la abogacía y los profesionales del turno de oficio.
El convenio con el CICAC establece también el refuerzo de la formación especializada de los profesionales del turno de oficio que intervendrán en estos procedimientos, con el objetivo de asegurar una atención jurídica adecuada a la complejidad de los expedientes de protección a la infancia.
Justícia y el CICAC remarcan que la medida supone "un cambio estructural en las garantías jurídicas de las familias afectadas, haciendo posible que dispongan, por primera vez, de un acompañamiento legal gratuito durante todo el procedimiento administrativo de desamparo, reforzando así la protección de los derechos de los niños y adolescentes".
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