Los saqueos arqueológicos con detectores de metales se disparan en Catalunya: 108% más en cuatro años

La actividad de los llamados arqueofurtivos, personas que usan detectores de metales para buscar ilegalmente restos arqueológicos, paleontológicos o de interés histórico en yacimientos o zonas próximas, ha aumentado en los últimos años en Catalunya, según explican a EL PERIÓDICO los Mossos d'Esquadra. Según datos del cuerpo policial, se ha pasado de 13 actuaciones en 2021 a las 27 de 2024, lo que significa un incremento de casi un 108% en cuatro años. En 2025 la policía abrió una veintena de diligencias por uso de detectores de metales para saquear yacimientos arqueológicos.

A estos datos hay que sumar las denuncias que hacen los Agentes Rurales por el mismo motivo. En los primeros seis meses de este año, este cuerpo ha hecho 40 actuaciones por uso ilícito de detectores de metales en espacios naturales, un 33% más que en todo 2024, cuando se registraron 30 actuaciones. Los rurales alertan de que este "incremento significativo de esta práctica ilegal pone en riesgo el patrimonio cultural".

En 2025 los Mossos abrieron una veintena de expedientes y solo en el primer semestre del año los Agentes Rurales contabilizaban 40 denuncias

Una de las dificultades con las que se encuentra la policía guarda relación con el hecho de que los ciudadanos a nivel general tienen la idea de que la detección de metales es una afición, cosa que facilita la impunidad de los saqueadores. "La sensación ciudadana es que el uso del detector de metales es una afición y esa falta de conocimiento de la normativa dificulta el control social. Por tanto es habitual que aunque un ciudadano vea a alguien con un detector, no avise a la policía", expone el sargento José Luis González, jefe de la Unidad Central de Patrimonio Histórico de los Mossos d'Esquadra.

En Catalunya hay unas 13.000 zonas arqueológicas y paleontológicas de diversa importancia

González destaca que los expoliadores actúan en todas partes pero ponen el ojo en "zonas más sensibles y expuestas" que están documentadas como yacimientos. "En Catalunya tenemos aproximadamente 13.000 zonas arqueológicas y paleontológicas de diferente importancia y éste es un dato vivo que se incrementa con nuevas localizaciones", apunta el sargento. La normativa obliga a los municipios a disponer de planes de seguridad que incluyan el patrimonio histórico local.

Y es que más allá del valor patrimonial de las piezas sustraídas, la propia excavación para conseguirlas ya supone un fuerte impacto en el yacimiento y puede dificultar su reconstrucción histórica. La investigación y recogida de objetos de un yacimiento debe hacer mediante estratigrafía arqueológica, que es el estudio de la superposición de capas o estratos del suelo, para así entender el contexto de lo encontrado.

Sanción de hasta 600.000 euros

Además de investigar las denuncias y establecer la existencia de un delito o de una infracción administrativa, las diferentes unidades de la policía catalana trabajan coordinadamente con otras policías, Agentes Rurales y organismos de la Generalitat para actuar preventivamente en la vigilancia y control de estos espacios protegidos.

Quienes acuden a un yacimiento arqueológico con detectores de metales "sin disponer de una autorización administrativa que se apoye en un proyecto o estudio científico" se exponen a ser acusadas de un delito si el yacimiento o la zona está protegida. Si esto ocurre en un espacio no protegido, el autor se enfrenta a una infracción administrativa.

Los Mossos intensifican el ciberpatrullaje para detectar patrimonio robado en yacimientos

Las sanciones por esta vía administrativa, que tramita el Departament de Cultura, pueden alcanzar los 600.000 euros cuando se trata de una infracción muy grave. Para cuantificar la multa, se tiene en cuenta el daño ocasionado al yacimiento en su conjunto, ya que cualquier expolio deja importantes consecuencias, muy diferentes a si la prospección se hubiera realizado con metodología científica.

Las actuaciones de los Mossos en el ámbito arqueológico, paleontológico, etnológico, sobre bienes muebles e inmuebles van siempre de la mano de una colaboración mutua con el Departament de Cultura. "Nos facilitan los peritajes, las determinaciones técnicas, los lugares de depósito al preservar y conservar los materiales y también son instructores de nuestras propuestas de sanción administrativa", relata el sargento.

La persecución del expolio va más allá de nuestras fronteras gracias al ciberpatrullaje. Los agentes de la unidad de Patrimonio recurren a internet para buscar piezas sospechosas de haber sido robadas. "Nos llegan avisos que informan de estas localizaciones en redes, pero también en ferias y establecimientos", remarca González que subraya que "este control social permite abrir líneas de investigación sobre personas o establecimientos que pueden trabajarse judicialmente si tenemos sospechas objetivas de actividad ilícita". Las casas de subastas físicas y virtuales que venden objetos dentro de territorio catalán también son controladas por la policía.

Suscríbete para seguir leyendo