Catalunya refuerza la justicia gratuita con seis millones de euros más cada año

Un “acuerdo histórico”. De esta forma han calificado representantes del Departament de Justícia el pacto firmado este martes en la Generalitat entre el Govern y el Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) por el que se refuerza el servicio de asistencia jurídica gratuita en Catalunya. En concreto, la Administración catalana tiene previsto aportar 5,7 millones de euros anuales cada año, hasta alcanzar los 22,8 millones en 2029.

El acuerdo ha sido firmado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y por el presidente del CICAC, Roger Montoliu. También han asistido al acto el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, y representantes de los 14 colegios de abogados de Catalunya.

El servicio de Asistencia Jurídica Gratuita permite a las personas con pocos recursos costear un abogado o un asesoramiento para su representación legal. El sistema incluye la asistencia letrada a detenidos, la designación de abogados del turno de oficio y el acompañamiento jurídico en procedimientos civiles, penales, sociales, administrativos o de familia, de acuerdo con lo que establece la normativa vigente.

El objetivo del acuerdo es recuperar progresivamente el 31% del poder adquisitivo perdido desde 2011 en la compensación económica de los abogados del turno de oficio y el servicio de asesoramiento jurídico gratuito. “Este acuerdo se inscribe en un contexto de transformación y refuerzo del servicio público de justicia, dando respuesta a una reivindicación sostenida del colectivo profesional del turno de oficio, así como a la necesidad de asegurar un sistema estable, sostenible y capaz de dar respuesta a las necesidades crecientes de la ciudadanía”, señalan desde Justícia.

Financiar las guardias

Junto con este acuerdo, el Departament de Justícia y el CICAC han firmado otro pacto para financiar las guardias del turno de oficio de los abogados. El convenio contempla una dotación global de 74,2 millones de euros, un aumento de 1,82 millones de euros respecto al año pasado. De estos 74,2 millones, 70,2 millones de euros se destinan directamente a compensar las actuaciones profesionales de los abogados y abogadas del turno de oficio, mientras que 4 millones de euros se destinan a los gastos de gestión de los colegios profesionales, necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

Dentro de los acuerdos del convenio se establece que los importes destinados al turno de oficio subirán un 2,5% para actualizar los módulos de compensación que regulan la retribución de los abogados que se dedican.

Este año próximo este incremento del 2,5% de los módulos supone 2,9 millones de euros que se aplicará mediante la devolución de los sobrantes presupuestarios del ejercicio anterior. Justícia subraya que si se suma esta cantidad, más los 1,82 del convenio de 2026 y los 5,7 millones del acuerdo firmado con el CICAC este martes, la inversión en el turno de oficio alcanzará los 10,4 millones de euros. Además de pagar las retribuciones de los letrados del turno, esta cantidad mejora los módulos y las guardias así como la asistencia al detenido.

Refuerzos en Girona y Lleida

El convenio firmado por Justícia y el CICAC también establece otras medidas como la creación de un nuevo turno de guardia de extranjería en el partido judicial de Figueres, con dos abogados diarios presencialmente, y una dotación específica de 7.250 euros. El objetivo es reforzar la atención especializada en este ámbito en este partido judicial próximo a la frontera francesa.

También habrá un refuerzo del turno en Santa Coloma de Farners, con la incorporación de un abogado más de guardia y una dotación de 76.000 euros, para mejorar la capacidad de respuesta en materia penal y reducir la carga de trabajo existente. El convenio incluye también el refuerzo del turno de guardia de atención a las víctimas de violencia machista en los partidos judiciales de Cervera y Balaguer, con una dotación específica de 27.950 euros, para garantizar una atención especializada en un ámbito de especial sensibilidad.

En cuanto a la organización del servicio, el convenio prevé la adaptación del sistema del turno de detenidos en la Seu d'Urgell, que pasa de un modelo de guardia semanal a un modelo de justificación por asistencia efectivamente realizada, más ajustado a la realidad del territorio y a la frecuencia real de las asistencias.

Más inversión

El convenio también crea nuevos módulos de compensación para los abogados del turno de oficio en función del tipo de actuación que hacen, como acompañar a un acusado en una declaración. De esta forma se especifica estas tareas al trabajo diario de los letrados.

Una de estas actuaciones es la comparecencia del abogado junto a un acusado ante la decisión del juzgado sobre una posible prisión provisional o libertad con medidas. Este módulo tiene una asignación global de unos 300.000 euros destinada a reconocer una “actuación especialmente relevante y hasta ahora no compensada de forma diferenciada”, según Justícia.

El convenio crea también un nuevo módulo para los casos en los que un mismo abogado debe asumir la doble condición de acusación y defensa penal en un mismo procedimiento en nombre del beneficiario de justicia gratuita. Esta medida cuenta con una asignación económica prevista de 316.480 euros, destinada a reconocer una carga de trabajo adicional que hasta ahora no quedaba reflejada de forma específica en el sistema de compensaciones.

En el ámbito civil y mercantil, se introduce un nuevo módulo vinculado a los supuestos de reconvención, es decir, aquellos casos en los que el abogado de oficio representa a una persona que ha sido demandada y decide responder a la demanda contra su cliente con una demanda contra la parte que ha demandado. Este nuevo módulo tiene una dotación económica de 300.000 euros.

En el ámbito laboral, el convenio crea un nuevo módulo para reconocer la intervención del abogado de oficio en la conciliación previa obligatoria antes de ir a juicio, una actuación clave en muchos procedimientos laborales. Este nuevo módulo cuenta con una asignación económica de 326.291 euros.

Incentivar el catalán

Para reducir los tiempos de espera y mejorar la orientación jurídica previa, el convenio impulsa la tramitación electrónica integral de los expedientes, tanto en lo que se refiere a la solicitud del derecho como a la gestión y justificación de las actuaciones profesionales. Justícia indica que esta digitalización permite agilizar los procedimientos, mejorar la coordinación entre los colegios profesionales, las comisiones de asistencia jurídica gratuita y la administración, y avanzar hacia una gestión más eficiente y transparente del servicio.

Los letrados de turno de oficio recibirán más formación en especialidades concretas, como extranjería, violencia sobre la mujer, menores o ámbito penitenciario. Además, se impulsará el uso del catalán en la administración de Justícia y así “garantizar el derecho de opción lingüística a la ciudadanía”, ya que su presencia “sigue siendo claramente minoritario especialmente en los procedimientos con justicia gratuita”.

El Govern hará dos programas específicos de fomento del catalán para abogados y procuradores. Para ello se destinarán 700.000 euros para “incentivar” a estos profesionales vinculados al turno de oficio a que hagan escritos o recursos en catalán. La administración pide un mínimo de dos escritos dentro de un procedimiento para acceder a este programa.

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