El Govern y las entidades sociales han realojado a 147 personas sin hogar que habitaban en el B9 de Badalona

Diez días después del polémico desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona, hay al menos unas setenta personas que continúan malviviendo bajo el puente de la autopista C-31 en plenas fiestas navideñas azotadas por el temporal de lluvia y frío. Desde el departament de Drets Socials del Govern de la Generalitat aseguran que mantienen el dispositivo activo para continuar reubicándolos y, según el recuento oficial, se han realojado un total de 147 personas vulnerables, una labor que están llevando a cabo de la mano de las entidades que están prestando ayuda de forma voluntaria.

Según los últimos datos facilitados por la conselleria, el 23 de diciembre fueron 35 los sintecho que fueron derivados a una alternativa residencial, mientras que se hizo lo propio con otras 29 personas entre el día de Navidad y el de Sant Esteve. Todas ellas se suman a las que, en días anteriores, habían sido ya reubicadas.

Sin embargo, todavía no se ha encontrado una solución para todos, puesto que se ha enquistado un asentamiento con tiendas de campaña bajo el puente de la autopista en su zona limítrofe con Sant Adrià de Besòs. Las entidades sociales y asociaciones vecinales continúan garantizándoles comida, además de ropa y mantas en un momento especialmente adverso a nivel meteorológico, ya que las lluvias provocan que las tiendas de campaña estén permanentemente mojadas.

La oposición presiona a Albiol

Es por ese motivo que la oposición de Badalona -PSC, ERC, En Comú Podem y Guanyem- ha reclamado este sábado al alcalde Xavier García Albiol que active la 'Operación Invierno' para garantizar que nadie se quede sin cobijo y la reapertura del albergue de Can Bofí Vell para poder acoger a quienes lo necesiten, así como la puesta en marcha de dispositivos de emergencia. Tras la desocupación del B9 el pasado 17 de diciembre, Albiol prometió no destinar "ni un euro" en ayudar a los desalojados pese a tratarse de personas vulnerables sin hogar. De hecho, la Fiscalía ha exigido al alcalde que aclare qué protección ofreció a los afectados teniendo en cuenta que la orden judicial establecía que debía activarse asistencia social.

No fue hasta el martes pasado que el Govern acordó con las entidades sociales un dispositivo de realojo para un tiempo de dos meses, aunque todavía no se ha traducido en una solución para todas las personas declaradas en situación de vulnerabilidad. La Generalitat sostiene que hay que trabajar "con discreción" para resolver una crisis que temían que escalara en las calles con vecinos dispuestos a bloquear reubicaciones. El portavoz de Barcelona Acull, Carles Sagués, ha asegurado en RAC 1 que la situación es cada vez más complicada y que falta apoyo institucional y una mejor organización del dispositivo de realojo, además de alertar de que hay personas que están enfermando.

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