El Gobierno acepta que la reforma judicial se haga de forma progresiva en Barcelona a partir de enero

El Ministerio de Justicia y los representantes de las comunidades autónomas han acordado este lunes que la tercera fase de la reforma de la justicia, que comporta la eliminación de los juzgados unipersonales y la creación de los tribunales de instancia (órganos colegiados), entre en funcionamiento el 31 de diciembre, tal como estaba previsto. Sin embargo, han pactado por unanimidad dotar de flexibilidad a todos los partidos judiciales, de tal manera que la puesta en marcha de los equipos que lo requieran se realizará de forma progresiva en función de las necesidades organizativas y de cargas de trabajo. Este es el caso, por ejemplo, de Barcelona ciudad, donde los tribunales de instancia se pondrán en marcha de forma progresiva por su acumulación de asuntos y complejidad, como sucederá en la jurisdicción mercantil, entre otras, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO.

En la reunión, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha presentado los primeros datos sobre la reforma y ha precisado que la ley, en vigor desde el pasado 3 de abril, ha logrado reducir los actos de comunicación pendientes (notificaciones, requerimientos, etcétera) un 36% de media en las comunidades analizadas. También ha demostrado su efectividad en la agilización de las ejecuciones de sentencias, con reducciones de las ejecutorias pendientes, en algunos territorios, de hasta un 69%. Además, los ciudadanos han realizado ya casi 98.400 trámites judiciales en las Oficinas de Justicia en el Municipio (sustituyen a los juzgados de paz), desde su creación en el mes de junio. Antes no existía la posibilidad de llevar a cabo estas actuaciones telemáticamente desde cualquier municipio.

Modernización

La ley introduce una reforma organizativa que tiene como objetivo modernizar una planta judicial diseñada en el siglo XIX: transforma los tradicionales juzgados unipersonales (3.800) en 431 tribunales de instancia, órganos colegiados donde los jueces se dividen en secciones especializadas (civil, penal, violencia sobre la mujer, etc.) y que cuentan con una única oficina judicial de apoyo técnico. La intención es conseguir una mayor agilidad en los procesos judiciales, al optimizar recursos, repartir mejor las cargas de trabajo y lograr flexibilidad para adaptarse a las necesidades. Además de en la capital catalana, el despliegue de esta reforma está previsto que se efectúe el 31 de diciembre en Girona, Lleida y Tarragona, además de Arenys, Figueres, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Sabadell, Terrassa, Mataró, Reus y Granollers.

El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha valorado muy positivamente el resultado de la conferencia sectorial celebrada este lunes y ha subrayado que este año ha sido clave para la aplicación de esta ley, que tiene como objetivo conseguir una justicia más ágil, más cercana y más útil para la ciudadanía. Según el conseller, Catalunya dispone de recursos humanos, tecnológicos y de espacios adecuados, pero en el caso de Barcelona, se aplicará la reforma de forma progresiva. Esta flexibilidad permitirá que la entrada en vigor del nuevo modelo, a su entender, no sea "abrupta" y así evitar una afectación del servicio.

Preocupación en el mundo del Derecho

El Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona ha expresado este lunes su preocupación ante la inminente implementación los tribunales de Instancia a los juzgados de Barcelona y alerta del riesgo de colapso y de dilaciones en la tramitación de los procedimientos. Estos profesionales del Derecho ponen de relieve de relevo la carencia de recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para llevar a cabo la gran transformación que exige la ley de eficiencia de la justicia y, en especial, en Barcelona con el elevado volumen de procedimientos y la complejidad de sus juzgados. El decano de este colegio y a la vez presidente del Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluya, Javier Segura Zariquiey, ha asegurado que “el alcance de los cambios es tan grande que aplicarlos de golpe puede generar más problemas que soluciones” y que “la formación de los profesionales de la Administración de Justicia, que es clave para agilizar los procesos, requiere tiempos y estabilidad, especialmente ante rotaciones, bajas, vacaciones o teletrabajo”.

La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo, ya advirtió la semana pasada que era "imposible" que la tercera fase de la ley de eficiencia de la justicia se complementara el 31 de diciembre y apostaba por la posibilidad de efectuar una implantación progresiva en determinados partidos judiciales. La representante de la abogacía barcelonesa puntualizó que no es posible que el nuevo modelo judicial por la falta de recursos y de personal, lo que incluye los 55 nuevos jueces que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y el Govern estiman que serían necesarios para alcanzar la media española. Al final, el Ministerio de Justicia ha dado carta blanca para que en Barcelona la implantación de esta nueva estructura judicial se realice de forma progresiva.

"No hay una dirección clara para ordenar el trabajo en los servicios comunes, hay juzgados con expedientes por los suelos… Y todos temen un colapso total por tanta imprevisión", señalan desde la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, que ha pedido al Ministerio de Justicia que retrase esta tercera fase de implantación de los tribunales de instancia en vista de la actual situación.

La portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, explicó a este diario que pretender cambiar toda la organización judicial en menos de un año "es un disparate", y apunta que en algunos sitios pequeños donde la reforma ya se viene aplicando desde hace algunos meses --en julio comenzó la primera fase-- aún no se han conseguido celebrar juicios. Las disfunciones, según esa asociación, se ven especialmente en las citaciones y el control de la tramitación de los procedimientos, por lo que temen una afectación a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

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