Exclusión residencial en primera persona: "Tengo tres hijos y quieren que pague 600 euros más de alquiler, no puedo ni dormir"

La exclusión residencial ha dejado de ser una amenaza latente para convertirse en una cruda realidad en Mallorca. Numerosas familias se enfrentan a un mercado de alquiler descontrolado, donde las subidas de renta se han disparado hasta más de un 100% y la especulación inmobiliaria se ejerce sin reparos, propiciando en ocasiones un éxodo forzado y situaciones de extrema vulnerabilidad. Historias como las de Francisca y Sonia son el reflejo de una crisis que, según el reciente IX Informe Foessa, es estructural y sitúa a la vivienda como el «cuello de botella» de la integración social en el archipiélago.

Francisca, «mallorquina de toda la vida» y con unos ingresos familiares estables de más 2.600 euros mensuales [gracias a su salario y una pensión de viudedad], se encuentra en una encrucijada legal, pero también social. Tras el fallecimiento del dueño de la propiedad donde vive con su hija, quien tiene una discapacidad del 36%, fue obligada a buscar una nueva vivienda sin éxito, ya que los actuales dueños, sus hijos, han puesto en venta la casa. Inicialmente le prometieron la opción de quedarse, pero las condiciones cambiaron drásticamente: «Un día de repente se presenta y me dice que ha vendido el piso y que en quince días lo tengo que dejar, y evidentemente no encontré nada en ese tiempo».

A pesar de tener ingresos estables, Francisca no encuentra alternativa a un importe razonable. Lamenta que «los precios se han vuelto muy abusivos y las exigencias que piden también se han disparado mucho». Su negativa a marcharse de la isla, por tener a sus padres muy mayores, la lleva a reclamar que las instituciones «ayuden más a estas personas que somos de aquí, que siempre hemos vivido aquí, que hemos cotizado siempre aquí y es aquí donde dejamos nuestros impuestos», sostiene.

Estamos buscando dónde mudarnos, pero todo está extremadamente caro y es difícil encontrar un lugar digno

Sonia — Su alquiler ha pasado de 800 a 1.400 euros

La desesperación se intensifica en el caso de Sonia, con tres hijos pequeños y con su madre de 73 años a cargo, conformando una familia de seis personas, incluida su pareja. Su contrato de alquiler de 800 euros finalizó en septiembre y el nuevo propietario, mallorquín [el anterior era un ciudadano suizo que no le ofreció la opción de compra], les notificó su intención de firmar uno nuevo con un aumento de renta de 600 euros, es decir, un alquiler total de 1.400. «Es un golpe muy duro», relata Sonia, quien asegura sentir una «profunda desesperación» y señala que ve la actitud del casero como un «chantaje»: «Lo único que quiere es que le renueve por un año o por dos a 1.400 a toda costa», resuelve. A pesar de tener un trabajo estable, dice que la familia en estos momentos se encuentra en «un limbo»: «Ni puedo dormir, ni puedo comer ya. Necesito un hogar estable donde criar a mis tres hijos», susurra angustiada.

La precariedad también se manifiesta en la degradación de las condiciones de vida, como ilustra el caso de Paz (nombre ficticio), obligada a convivir con un niño pequeño «entre violencia e insalubridad», en un piso propiedad de un ciudadano alemán que subarrenda habitaciones «de forma abusiva», cobrando más de 400 euros por un hueco en un piso «a personas vulnerables».

La amenaza de 2026

Las voces de la exclusión encuentran un eco demoledor en el Informe Foessa. El estudio de Cáritas revela que el 19% de la población de las islas —más de 233.000 personas— vive en exclusión social. El empleo ha dejado de actuar como un escudo, pues la exclusión social entre las personas ocupadas afecta a casi una de cada siete personas con trabajo.

La vivienda, motor principal de la desigualdad, afecta ya al 29% de la población. El alquiler medio se sitúa en los 1.598 euros mensuales, y más del 60% de los inquilinos destina más del 30% de sus ingresos al pago, obligando a 46.000 hogares a caer en la pobreza severa.

Tengo unos ingresos de 2.600 euros, pero los precios y las exigencias para alquilar son abusivos

Francisca — Su arrendador vende la casa en la que vive y no encuentra un piso asequible

Una situación que se agravará. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) muestra máxima preocupación por las subidas de 2026. Según datos del ministerio de Consumo, los 24.500 contratos de alquiler que se renovarán en 2026 crecerán una media de 383 euros al mes.

Alfonso Rodríguez, presidente de Consubal (Asociación de Consumidores de Baleares), confirma el colapso. Dice haber recibido casos de subidas que van desde el 50% a más del 100% de la renta y asegura que esta situación se lleva dando más de un año . Lamenta que el Govern «no está haciendo absolutamente nada» y que, es más, «está propiciando» esta situación. Por todo ello, exige la suspensión de la finalización de los contratos y prórrogas, e insiste en que «la solución la tiene el Ejecutivo balear y no la quiere aplicar». Denuncia, además, que el 90% de los afectados son migrantes que desconocen la ley y no saben que, si el arrendador es una entidad jurídica, el plazo mínimo del contrato son siete años, no cinco, entre otras cuestiones.

La primavera que viene habrá muchísimas viviendas vacías, porque la gente no va a poder pagar el alquiler

Alfonso Rodríguez — Presidente de Consubal (Asociación de Consumidores de Baleares)

Rodríguez critica la decisión de no declarar a Balears como zona tensionada bajo la Ley de Vivienda estatal, advirtiendo que a partir de la primavera del año que viene «va a haber muchísimas viviendas vacías, pero van a estar vacías porque la gente no va a poder pagar el alquiler». Su pronóstico es sombrío: «Van a entrar una cantidad de demandas por desahucio por finalización del contrato el año que viene en los juzgados, será algo importante», vaticina.

El informe Foessa concluye que el “modelo social vigente está agotado” y que es urgente actuar sobre los factores estructurales que alimentan la desigualdad —la vivienda, la protección social o la integración de la población migrante— para evitar que el archipiélago avance hacia una sociedad «cada vez más fracturada».

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