El Gobierno tumba el 95% de los grandes proyectos eólicos evaluados este año

El avance de la energía eólica en España se ve cada vez más condicionado por los trámites administrativos, ligados a los tiempos lentos de la burocracia, y a las exigencias ambientales. Prueba de ello es que el 95% de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) emitidas este año por el Gobierno para nuevos parques eólicos han sido desfavorables. En concreto, según ha podido saber EL PERIÓDICO, de las últimas 22 declaraciones evaluadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, solo una ha recibido luz verde.

Cabe señalar que estos 22 dictámenes no son las únicas declaraciones de impacto ambiental analizadas este 2025 por la Administración. El ministerio tan solo es competente sobre los proyectos que prevén una generación superior a los 50 MW. Los más pequeños, en cambio, dependen de las comunidades autónomas. Si se tienen en cuenta estos últimos, el porcentaje de declaraciones de impacto ambiental positivas se acerca al 50%. El problema es que las instalaciones que dependen de las autonomías tienen una capacidad de producción de energía mucho menor.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) advierte de que a menudo los criterios no son homogéneos. "No pretendemos cuestionar a los técnicos responsables de avalar las declaraciones, pero estamos observando condicionantes poco objetivos", asegura Juan Virgilio Márquez, director general de AEE. "Hay casos de dos parques que, con una misma documentación, reciben respuestas contrarias", afirma en conversación con este diario. "Denegar un proyecto en la montaña de León porque afecta al paisaje, así en general, es algo que no se puede cuantificar, puesto que todo tiene un impacto en el entorno", añade.

"Principio de precaución"

Para Márquez, la interpretación de los profesionales no es siempre "unívoca". Además, denuncia que los informes están aplicando "interpretaciones excesivamente conservadoras": "Esta forma de trabajar no facilita el desarrollo de las renovables que exige Europa". "Cada proyecto debe ser un traje a medida muy complejo", explica el dirigente de AEE. "Si se abusa de los principios de precaución para denegar los parques sin basarse en una normativa concreta, es muy difícil plantear proyectos viables", sostiene, a la vez que critica la gran cantidad de plataformas vecinales que se oponen a los parques "sin argumentos sólidos".

Muchas de estas negativas se concentran en el norte de la Península. "En lugares como el Bierzo, en la montaña Cántabra, en el Maestrado, en León y en Galicia, hay mucha conflictividad y es donde vemos decisiones demasiado prudentes", señala Márquez. "Tenemos parques denegados por un futuro plan de reintroducción del quebrantahuesos y otros porque cinco años atrás se había avistado a un alimoche en la zona y el estudio de impacto ambiental no mencionaba a esta especie", relata para ejemplificar la situación.

Pero hay otros casos: "A un parque del Bierzo, no se le dio el visto bueno ambiental porque se contemplaba una línea eléctrica soterrada con una serie de conducciones que más adelante podrían aprovechar otros parques y se consideró como un posible efecto llamada". "Todo esto nos parece contradictorio y contraproducente para alcanzar la neutralidad climática", resume.

Seguridad jurídica

¿Cómo explica el ministerio este elevado porcentaje de parques denegados? Fuentes de Transición Ecológica consultadas subrayan que las evaluaciones ambientales son "un procedimiento estrictamente reglado, con criterios técnicos muy claros y con plena seguridad jurídica". Exponen que el resultado no se basa en "decisiones discrecionales", sino que se sigue una metodología establecida por la normativa europea y española.

Para el Gobierno, es clave garantizar que cualquier proyecto renovable es "compatible con la conservación de la biodiversidad". Estas mismas fuentes puntualizan que el hecho de que varias DIA resulten negativas no se puede interpretar como "un rechazo" del Ejecutivo a las renovables: simplemente algunos proyectos no son compatibles con la preservación del medio natural y la ley obliga a emitir "una resolución desfavorable".

Interés superior

Aun así, desde AEE matizan que el "interés público superior" de las renovables por delante de las directivas de aves, hábitats y agua, establecido por Bruselas, aún no está traspuesto en ninguna ley estatal: "Cada autonomía lo aplica como considera pero no todas lo tienen incluido en un decreto".

Los datos de los últimos años confirman las dificultades con las que choca el sector, "no solo por los requisitos ambientales", a la hora de acelerar la energía eólica. Desde 2018, 67.000 MW de energía eólica lograron el permiso de acceso a los puntos de conexión eléctricos. Sin embargo, de todos estos parques, solo están en marcha 4.300 MW. Una gran parte está pendiente de otras autorizaciones y 17.000 MW ya han sido denegados. De estos, 14.000 no han prosperado por no haber superado la declaración de impacto ambiental.

A todo esto hay que sumar las declaraciones positivas pero condicionadas: "Algunas de ellas son una trampa, porque te permiten avanzar pero reclaman medidas que convierten el proyecto en inviable económicamente". En cuanto a los parques fotovoltaicos evaluados por el ministerio este año, un 87% (35 de 40) de DIA han sido aprobadas. No obstante, la cantidad de energía generada por las placas solares no se puede comparar con la electricidad producida por los aerogeneradores, que permiten dar un salto de cuantitativo mucho más potente.

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