La abogacía de Barcelona ve "imposible" implantar la reforma judicial sin más jueces

La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo, ha advertido que es "imposible" que la tercera fase de la ley de eficiencia de la justicia, que comporta la creación de los tribunales de instancia y la desaparición de los juzgados unipersonales, es despliegue el próximo 1 de enero en Barcelona, como está previsto, por la falta de jueces, personal y digitalización de expedientes. Además de en la capital catalana, el despliegue de esta reforma está previsto que se efectúe en Girona, Lleida y Tarragona, además de Arenys, Figueres, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Sabadell, Terrassa, Mataró, Reus y Granollers.

En un encuentro con medios de comunicación para hacer balance de sus seis primeros meses de gestión, Vallejo ha expresado este viernes su preocupación por la inminente implementación el 31 de diciembre de la tercera fase de la ley de eficiencia de la justicia, que entró en vigor el pasado 3 de abril y que culminará esta reforma legislativa impulsada por el Gobierno para mejorar el funcionamiento de la justicia. Vallejo ha estado acompañada en la rueda de prensa por el vicececano, Jorge Navarro, y varios miembros de la junta de cobierno de esta institución-

La decana de los abogados barceloneses considera que la puesta en marcha de este sistema ha de ser "progresivo", a la vez que ha reclamado una moratoria, una reivindicación que comparten con los jueces decanos de España. A su entender, esa aplicación debería empezar por la jurisdicción mercantil, que en Barcelona funciona desde hace tiempo con un modelo similar al de los nuevos tribunales de instancia, que a diferencia de los juzgados tradicionales es un órgano colegiado.

Sin recursos, ni personal

Vallejo ha aseverado que no es posible que el nuevo modelo judicial se implante el 31 de diciembre por la falta de recursos y de personal, lo que incluye los 55 nuevos jueces que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y el Govern estiman que serían necesarios para alcanzar la media española. "No se están creando esas plazas de jueces ni se ve que se vayan a crear", ha insistido la decana. A ese déficit histórico se une la escasez de personal de gestión y de la digitalización de los procesos.

Vallejo, que ha mantenido varias reuniones sobre el asunto con el TSJC y el decanato de los juzgados de Barcelona, apuesta por un despliegue paulatino de la tercera fase de la ley: primero mercantil, familia y discapacitados, para avanzar "poco a poco" en el ámbito civil y, por último, el penal, área que el Departamento de Justicia ha anunciado que podría estar digitalizado en 2026.

"Nos preocupa los cambios que vienen sin recursos, y que ya se han implementado en algunas de las 11 delegaciones del colegio de Barcelona. El ámbito penal está sin digitalización y sin digitalización es imposible la implementación de la ley. En la jurisdicción civil, tenemos 110.000 expedientes en marcha en Barcelona y no tenemos jueces ni de personal suficiente para que la implementación se haga al 100%", incidió la decana.

En este mismo sentido, el presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González, manifestó que la "predisposición" del Ministerio de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes para apoyar la moratoria para implementar los tribunales de instancia es "una medida acertada", pero ha solicitado una "monitorización del proceso" para evitar "disfunciones". El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha convocado para el próximo lunes, 22 de diciembre, un encuentro con las comunidades que tienen delegada las competencias de Justicia, como Catalunya, para valorar la última implementación.

Violencia de género

Además, Vallejo ha alertado de que la comarcalización de los jueces de violencia de género provoca ciertas disfunciones, que "habrá que resolver con recursos". Por ejemplo, ha expuesto, los agresores sexuales detenidos en Vilafranca, pasarán a disposición de la comisaría de allí, pero la causa penal irá al juzgado especializado de Vilanova y la Geltrú. Por eso, la abogacía reclama "garantizar un servicio tanto para los ciudadanos como para los abogados para su traslado". En Lleida también ocurre con los juzgados de Cervera y Balaguer, se indica. "Queremos seguir trabajando codo con codo con la conselleria y el TSJC para resolverlo", ha concluido Vallejo.

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