La Síndica de Greuges denuncia en el Parlament la lentitud de la Administración catalana

El Pleno del Parlament de Catalunya ha escuchado este martes, nueve meses después de que se publicara, el informe de la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, para el año 2024.

Los resultados, pues, ya eran conocidos para una gran mayoría de los diputados presentes en la primera sesión del último pleno del año. "El 43% de las quejas fueron sobre políticas sociales, el 22% de administración pública y tributos, el 18% de políticas territoriales, otro 10% de consumo y, ya más lejos, las quejas sobre cultura y lengua", ha recordado la Síndica. "Las quejas aumentaron un poco entonces [de 2023 a 2024], aunque no tanto como este año", ha avanzado Giménez-Salinas, que también ha lamentado tener que dar tan tarde los resultados del año pasado.

El 60% de las quejas del área de políticas sociales de la sindicatura tuvieron que ver con la Renta Garantizada de Ciudadanía

La Síndica ha destacado varios de los temas más recurrentes en sus quejas, como aquellas relacionadas con las de la Renda Garantizada de Ciudadanía (RGC) o el Ingreso Mínimo Vital (IMB) –que representan el 60% de todas las quejas del área de políticas sociales de la sindicatura–, o todo aquello relacionado con Salut, el sistema de protección de menores catalán (DGAIA y DGPPIA), los problemas de Rodalies o la pobreza energética.

De entre todos estos asuntos, Giménez-Salinas se ha querido detener especialmente en uno que considera especialmente transversal: la lentitud de la Administración. De las 22.285 actuaciones que la Síndica de Greuges tramitó en 2024, el 32,4%, independientemente del tema, tuvieron que ver con la demora en el tiempo de respuesta o de atención de un trámite. La Síndica ha hecho un llamamiento a "abordar los problemas de manera global", ya que ahora la Administración es "demasiado complicada".

El 32,4% de las quejas recibidas por la Síndica el 2024 tuvieron relación con la lentitud de la Administración

La Síndica también ha defendido la necesidad de aplicar en todos los ámbitos de la Administración la perspectiva restaurativa. "A las administraciones les cuesta mucho pedir disculpas a los ciudadanos", ha lamentado Giménez-Salinas. "Si la perpsectiva restaurativa se pudo implantar en la judicatura penal, ¿cómo no ha de poderse aplicar en el resto de las instituciones?", ha preguntado.

Reacciones de los grupos

Ante el informe, los distintos grupos parlamentarios han intercambiado aproximaciones distintas. La diputada de Junts, Irene Negre, ha asegurado que "el cuello de botella institucional" que muestra el estudio de la Síndica "no es una cuestión de recursos económicos, sino una cuestion de modelo de gobernanza, de liderazgo político y de capacidad real de decisión".

Para el diputado de Esquerra Republicana y exconseller de Drets Socials, Carles Campuzano, los resultados ponen de manifiesta "la necesidad de obtener una financiación singular" para Catalunya. "Nos hemos dotado de un buen marco legal, pero hay déficits graves en su aplicación", ha detallado. Campuzano también ha visto con buenos ojos la propuesta de la Síndica para prohibir por ley la institucionalización –la custodia total por parte del sistema de protección de menores catalán– de los niños y niñas menores de seis años.

"En Catalunya hay 40.000 viviendas sociales, mientras 100.000 personas están registradas como solicitantes", ha recordado la Síndica

Por su parte, Andrés García (Comuns) y Pilar Castillejos (CUP) han puesto el acento de sus intervenciones en otro de los problemas señalados por Giménez-Salinas: el acceso a la vivienda. "En Catalunya hay 40.000 viviendas sociales, mientras 100.000 personas están registradas como solicitantes", ha recordado la Síndica. García ha pedido "protocolos de prevención de suicidios durante los desahucios" y Castillejos ha asegurado que "sin vivienda, el resto de derechos se debilitan"

Por otro lado, el diputado del PSC Francesc Jesús Becerra ha defendido la actuación del Govern en varios de los ámbitos que han ido surgiendo durante la sesión. En concreto, Becerra ha defendido la obra de la Generalitat con respecto a la eduación, la igualda, la seguridad pública, el turismo y el derecho a la ciudad; la salud, el consumo y la vivienda.

La nota crítica al informe la han puesto tanto PP, como Aliança Catalana y Vox. El diputado popular Cristian Escribano, ha espetado que el informe "habla de cohesión social sin ecuchar de verdad a quienes han pagado el precio de unas políticas fracasadas". Escribano ha hablado de un "problema de seguridad" generalizado en Catalunya y ha denunciado que el informe de la Síndica no se detuviera en aspectos como "el aumento de las agresiones sexuales" o que no dijera que "la mayoría de las personas que perpetran esos actos son de origen extranjero". "Callar esos datos no protege, perpetúa el problema y protege a los agresores", ha asegurado.

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