El Gobierno regula la profesión de agente de igualdad, que asesorará sobre los protocolos antiacoso y los planes de igualdad

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley que regula la figura del agente de igualdad, estableciendo que solo podrán ejercer la profesión quienes cuenten con título habilitante oficial -de grado o máster oficial- o aquellos que ya ejercen en consultoras o instituciones y acrediten la experiencia o la formación requerida, durante un periodo transitorio de 10 años. El Gobierno ha establecido que los agentes de igualdad serán los encargados del asesoramiento técnico de los protocolos antiacoso y antiviolencia hacia las mujeres y de las comisiones que evalúan los planes de igualdad de las empresas, entre otras funciones.

La regulación de esta figura es una "vieja reivindicación tanto del sector como de los movimientos feministas", según ha destacado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, dado que en la actualidad ejercen esta labor una multitud de perfiles y hay bastante intrusismo, ante la falta de concreción de cuáles son sus funciones y competencias y la inexistencia de una formación homogénea. Por ello, el Instituto de las Mujeres inició los trabajos necesarios para aprobar la regulación en 2011, pero sin concluir la tarea y el trabajo ha sido retomado esta legislatura por el Ministerio de Igualdad, junto con el Ministerio de Ciencia y Universidades.

Según datos del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, 273 personas demandaron empleo como agentes de igualdad en 2024 y 629 personas fueron contratadas como tal, de las cuales sólo el 53% tenía estudios universitarios. Frente a ello, el anteproyecto indica que para la obtención del título profesional habilitante para el ejercicio deberá cumplirse alguno de los siguientes requisitos: estar en posesión de un título universitario oficial de grado o equivalente en el ámbito de conocimiento de estudios de género, estudios feministas y políticas públicas de igualdad; o estar en posesión de un título de Máster Universitario en Agente de Igualdad. Y el título profesional será expedido por las universidades competentes.

Profesionalizar la actividad

El objetivo, según ha explicado Redondo, es "profesionalizar la actividad, poner en valor los estudios y la capacitación técnica, dar seguridad jurídica a los agentes, evitar el intrusismo y garantizar la calidad de los servicios". Para ello, se ha establecido que entre las funciones de los agentes estarán las de analizar y diagnosticar las situaciones de discriminación y desigualdad entre mujeres y hombres; el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas y programas que contribuyan a la reducción y eliminación de esas situaciones; o el asesoramiento a profesionales, empresas, instituciones y administraciones públicas y otras entidades en la elaboración e implantación de medidas y planes de igualdad.

Según el texto aprobado, corresponde a los agentes de igualdad el impulso, la coordinación, el diseño y la evaluación de las actuaciones dirigidas a la progresiva consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres en los distintos ámbitos sociales, asegurando la ausencia de cualquier forma de discriminación directa o indirecta por razón de sexo.

El periodo transitorio

El anteproyecto establece un periodo transitorio "amplio", según la ministra, de 10 años desde su entrada en vigor, para que las personas que no tengan experiencia profesional o formativa en el ámbito de actuación de los agentes de igualdad puedan acreditarse oficialmente como tal si cumplen los siguientes requisitos: una experiencia laboral de al menos tres años continuados o cinco años discontinuos en el desarrollo de funciones previstas para el ejercicio de la profesión, siempre que cuenten con un título de técnico/a de Grado Superior de Formación Profesional; o la disposición de un título de grado o posgrado en el ámbito de conocimiento de estudios de género, estudios feministas y políticas públicas de igualdad.

"Lo que hacemos es avanzar en políticas de igualdad, porque España ha llegado a un grado de madurez que exige una titulación y formación específica para que los agentes puedan garantizar la calidad de los servicios y políticas que se están desarrollando", ha concluido la ministra.

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