La Fiscalía de Barcelona urge a los notarios a avisarle de casos de abuso económico a personas mayores

Los casos de abuso económico o estafas a personas vulnerables, como ancianos o personas con discapacidad, aumentan y es de suma importancia detectarlos lo antes posible para frenar esa situación e investigar al autor del delito. La Fiscalía de Barcelona ha puesto el foco en este asunto y ha impulsado en los últimos meses la colaboración con profesionales y entidades, tanto públicas como privadas, para que le avisen de posibles irregularidades. El último colectivo al que el ministerio público se ha dirigido es el de los notarios. Así, la Fiscalía ha pedido a estos profesionales que si sospechan de que alguien se está aprovechando de una persona mayor se lo comunique para poder no solo investigar, sino también, si es necesario, requerir judicialmente que se le nombre un asistente.

La fiscal jefe de Barcelona, Neus Pujal, y los responsables del servicio de protección de las víctimas y del servicio de las personas con discapacidad y mayores, Silvia Armero y Antonio Torres respectivamente, consideran indispensable la colaboración de los notarios para evitar fraudes, ya que por sus manos pasan la firma de poderes y de escrituras de compraventa, que, en ocasiones, sirven para que cuidadores o familiares se apoderen del patrimonio de un anciano o de una persona vulnerable aprovechándose de su debilidad. Este año, en la Fiscalía de Barcelona se han registrado 190 diligencias de investigación, el doble que en 2024, de las que el 65% son por estafa y apropiación indebida a personas mayores y, en ocasiones, con malos tratos

Si un notario observa que una persona no está en plenas facultades o ve una "influencia indebida", debe "parar y comunicarlo a la fiscalía"

La fiscal jefe, según desveló ella misma hace unos días, ha abordado este tema con el Col.legi Notarial de Catalunya. Cabe recordar, que en Barcelona hay por los menos cuatro procedimientos judiciales en marcha por presunta estafa a ancianos en los que están implicados notarios. En uno de estos asuntos, el fiscal reclama 10 años de prisión para el notario Sergio González Delgado (investigado en otro caso). Y en otro, se piden más de 14 años de cárcel para el notario Enrique Peña, que está suspendido de funciones. Estos dos procesos están pendientes de la celebración del juicio.

Las personas que pretenden apoderarse del patrimonio de la gente mayor se aprovecha, según la fiscal Silvia Armero, "de la soledad, de la necesidad de cariño" de las víctimas. "Las afectadas dejan entrar en su vida a personas que lo único que persiguen es sacarles el dinero", subraya. Si no se detecta a tiempo, el fraude es difícil de revertir. "La población está envejeciendo y el delincuente lo sabe y sabe las debilidades de esas personas", insiste la fiscal Armero. La Fiscalía General del Estado tiene firmado un protocolo de colaboración con los bancos, aunque, en Barcelona solo se han producido tres avisos.

Valorar la capacidad

"Ahora faltan los notarios", recalcan desde la Fiscalía de Barcelona. Los fiscales consideran que estos profesionales "deben valorar la capacidad" de una persona que acepta otorgar unos poderes o terceros. "El notario ha de extremar las precauciones", sostienen, aunque, precisan, "hay notarios que son más cuidadosos que otros".

A su entender, si estos profesionales observan que una persona no está en sus plenas capacidades para firmar una escritura, vean "una influencia indebida" o sospechen de una manipulación "deberían parar y comunicarlo a la fiscalía".

En dos años, la fiscalía solo ha recibido dos alertas por parte de notarios. Además, según el fiscal Torres, se está detectando que se están firmando actas notariales en las que se otorgan poderes a una asistente cuando el anciano pierda sus capacidades, pero añaden algo preocupante: el asistente no necesita autorización judicial para ello.

Los notarios defienden que no existe ninguna sentencia judicial firme que reproche su labor

El Col.legi Notarial de Catalunya ha asegurado a EL PERIÓDICO que los notarios son "unos de los más importantes valedores y garantes de las personas con discapacidad y de las vulnerables, al aplicar directamente la Convención de Nueva York de 2012 que obliga a todos los funcionarios a promover la autonomía y desarrollo de la personalidad de aquellas para que prevalezca su voluntad, deseos y preferencias". Precisan que "en los últimos veinte años se han firmado en España más de doscientos millones de escrituras públicas y no existe ninguna sentencia judicial firme que haga reproche alguno a la forma en que los notarios ejercen esta función integradora. Cualquier afirmación que lo ponga en duda es totalmente subjetiva y sin base fáctica alguna".

El servicio de protección de personas con discapacidad de la fiscalía también ha constado, como expone en su memoria del 2024, "la falta de cumplimiento por parte de algunos notarios de la obligación de comunicar y dar traslado a la fiscalía de las escrituras de constitución y aportación en los patrimonios protegidos" (conjunto de bienes y derechos creado para garantizar las necesidades vitales de una persona con discapacidad). A raíz de las rendiciones de cuentas, la fiscalía ha detectado que se producen aportaciones de bienes de los que no se había informado previamente.

Respecto a este asunto, el Col.legi Notarial subraya que Catalunya "tiene una normativa propia, muy diferente de la estatal," que es el Código Civil de Catalunya. "Esta norma no exige ninguna notificación a Fiscalía (por eso no se reciben), sino que crea un Registro especial que gestiona la Generalitat y a los que todos los notarios comunican sin excepción los actos que la ley exige", incide este colegio profesional.

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