Catalunya estudia recurrir de nuevo a la financiación privada para construir prisiones

El Govern está estudiando que la construcción de las nuevas cárceles catalanas se haga en régimen de derecho de superficie, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Esta fórmula, utilizada en época de los gobiernos tripartitos, supone la cesión de los terrenos a una empresa o a un grupo de empresas para que levanten el nuevo edificio asumiendo ellas el coste de la obra, incluyendo la explotación y el mantenimiento durante el periodo de tiempo fijado (lo habitual en prisiones es que este periodo sea de 30 a 32 años). A cambio, la Administración les paga una cuota anual por cada uno de los recintos. Transcurrido ese plazo, el complejo pasa a ser de titularidad pública, en este caso de la Generalitat.

La ventaja de esta fórmula es que el Ejecutivo catalán no tiene que desembolsar de golpe el coste de la construcción, pues es una empresa privada la que realiza la inversión.

Este sistema se utilizó entre el 2003 y 2008, durante los dos gobiernos tripartitos de izquierda encabezados por Pasqual Maragall primero y José Montilla después. Bajo este modelo se construyeron cinco prisiones: Brians 2 (Sant Esteve de Sesrovires), Joves Quatre Camins (La Roca del Vallés), Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada), Puig de les Basses (Figueres) y Mas d'Enric (El Catllar, en la comarca del Tarragonès).

El régimen de derecho de superficie lo utilizaron gobiernos tripartitos para construir cinco prisiones

La cuota anual que debe pagar la Generalitat por estas cinco instalaciones es de 57,90 millones de euros. La partida más importante de fondos públicos se lo llevan los centros de Mas d'Enric (15,60 millones) y Puig de les Basses (14,70 millones).

En la actualidad en Catalunya hay nueve prisiones, a las que se deben sumar cuatro centros de régimen abierto (los reclusos solo están obligados a estar unas horas, normalmente para dormir), el Pavelló Hospital Penitenciari de Terrassa y la Unitat Hospitalaria Santa Maria, en Lleida. Con la excepción de las cinco mencionadas, el resto son 100% titularidad pública.

En la Zona Franca de Barcelona se está construyendo un nuevo centro de régimen abierto, costeado por la Generalitat, y en el mismo distrito estará la nueva cárcel de mujeres de Barcelona, que sustituirá a la de Wad-Ras. El Govern está analizanzo si esta prisión se construye ya con el sistema de derecho de superficie, según avanzan a este diario las fuentes consultadas.

Fórmula para construir rápido

Esta fórmula se empezó a emplear para construir cárceles en Catalunya "en un momento en que confluyeron diversas circunstancias adversas que impedían garantizar las condiciones de seguridad y convivencia en los centros penitenciarios" catalanes, explica María Pérez, directora general de Gestió de Infraestructures de la Conselleria de Justícia. En concreto, apunta esta experta, se produjo un "crecimiento sostenido de la población interna ante la cual no se disponía plazas suficientes sin tener que masificar la ocupación de las celdas. A ello se sumó el estado de "degradación" de algunos recintos, algunos de ellos con más de 100 años de historia, y un "mantenimiento precario". Esta "obsolencia funcional", sostiene Pérez, impedía disponer de espacios adecuados enfocados a la reinserción de los internos.

La primera cárcel construida en régimen de superficie que pasará a manos del Govern será la de Joves de Quatre Camins

Para solventar esa situación de la manera más ágil posible, el Govern optó por el régimen de derecho de superficie, que también se utilizó para construir de forma rápida muchas comisarías de los Mossos d'Esquadra y edificios judiciales. Estos contratos de adjudicación permitieron, según la directora general de Gestió de Infaestructura, disponer de centros penitenciarios en "un plazo de tiempo asumible", de "alta calidad constructiva y adecuado funcionamiento". Además, las condiciones de mantenimiento de estas cárceles se diseñaron bajo criterios de máxima exigencia para poder disponer de espacios en perfectas condiciones de uso y en funcionamiento permanente, cuestión que se traduce en un estado de conservación óptimo", describe María Pérez.

Las constructoras

La primera cárcel que se constituyó con el régimen de derecho de superficie fue la de Brians 2, situada en las inmediaciones del centro penitenciario Brians 1, en Sant Esteve de Sesrovires. El derecho de superficie fue adjudicado por la Generalitat el 21 de octubre de 2003 a las constructoras Dragados Obras y Proyectos, Proinosa, Promoción de Ingeniería de Obras y Construcciones PAI, que un año después constituyeron la mercantil Can Brians 2. Al cabo de un tiempo, esta sociedad modificó su accionariado. En la actualidad ese derecho lo ostentan Iridium Concesiones de Infraestructuras y Cat Desenvolupament de Concessions, relacionadas ambas con el Grupo ACS. En diciembre de 2034 está previsto que este centro pueda pasar a manos de la Generalitat, según la documentación de la Conselleria de Justícia.

Sin embargo, la primera cárcel construida en régimen de superficie que será traspasada a la Generalitat no será esta, sino otra: la de Joves de Quatre Camins, porque el periodo del contrato es mucho más corto, de tan solo 20 años, de modo que la concesión finaliza en agosto de 2027. Después vendrán la de Brians 2, Lledoners (junio de 2038), Puig de les Basses (junio 2040) y Mas d'Enric (diciembre de 2041).

Entre las adjudicatarias de ese derecho están o han estado, además de Dragados y filiales del Grupo ACS, otras grandes constructoras, como Copisa Constructora Pirenaica, Ferrovial Agroman o Comsa Emte, aunque con el paso del tiempo se han modificado las estructuras empresariales con la entrada de otras compañías e incluso una gestora europea de fondos de infraestructuras, como es Vauban, en la cárcel de Joves de Quatre Camins. Ferrovial vendió su participación del 100% en el centro penitenciario de Puig de les Basses (Figueres) y su participación del 22% en la Ciudad de la Justicia de Barcelona y L'Hospitalet a Standard Life Aberdeen (enero de 2021)

Suscríbete para seguir leyendo