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Transportes

Bofetada judicial a la estrategia balear para frenar a Uber en Mallorca

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las islas obliga al actual Govern a tramitar de nuevo las 600 licencias de VTC que el anterior Ejecutivo de Armengol había denegado

Un vehículo de Uber circulando por el aeropuerto palmesano.

Un vehículo de Uber circulando por el aeropuerto palmesano. / M. Mielniezuk

Fernando Guijarro

Palma
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La estrategia balear para frenar la entrada de empresas de transporte como Uber ha recibido una bofetada judicial de la mano del Tribunal Superior de Justicia de las islas (TSJB), que en una sentencia del pasado día 4 obliga al Govern a volver a tramitar las 600 licencias para vehículos de alquiler con conductor (VTC) que el anterior Ejecutivo del Pacto había denegado a la empresa Moove Cars, titular de la flota que está circulando por Mallorca precisamente bajo la aplicación de Uber.

Para estimar lo que eso puede suponer, basta señalar que en Mallorca hay actualmente casi 360 licencias activas de VTC, mientras que en el conjunto del archipiélago esa cifra se eleva a casi 750. Eso supone, en el caso mallorquín, que si finalmente tuvieran que concederse esas 600 licencias para operar en esta isla, su flota de coches con conductor prácticamente se triplicaría, lo que además podría multiplicar las tensiones que ya se viven entre el colectivo de los taxistas y la flota que circula bajo la marca de Uber.

«No es una buena noticia»

Desde la conselleria de Movilidad se admite que la sentencia del TSJB «no es una buena noticia», pero la directora general del ramo, Lorena del Valle, asegura que desde el Govern ya se está trabajando para estudiar la presentación de un posible recurso, así como otras medidas complementarias para evitar una entrada masiva de VTC en un territorio limitado al ser «insular y protegido». Por ello, hace un llamamiento a la «tranquilidad», especialmente entre los sectores, como el del taxi, que con mayor radicalidad se han puesto a un desembarco masivo de flotas como la de Uber.

Lorena del Valle, directora general de Transportes

Lorena del Valle, directora general de Movilidad / CAIB

Desde la Conselleria se insiste en que el TSJB exige a la Administración autonómica que vuelva a tramitar las 600 licencias, pero no que las conceda necesariamente, aunque debe hacerse con la normativa en vigor en el momento en que fueron rechazadas, por lo que no puede aplicarse la moratoria que existe actualmente.

La reciente sentencia anula una resolución de 2023 adoptada por el anterior Govern de Francina Armengol que denegó a Moove Cars las citadas 600 licencias, alegando que ese rechazo no puede sustentarse en criterios estrictamente económicos y en una proporcionalidad entre el numero de VTC y de taxis (en Mallorca se fijaba un vehículo con conductor por cada 12,6 autotaxis en aquellas fechas). Para ello, se remite a la decisión adoptada en este aspecto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a una situación similar en Cataluña.

Un aspecto subrayado por Lorena del Valle es que el actual Govern elaboró en 2024, en el inicio de la legislatura, una nueva ley para regular la los sectores del taxi y de los VTC que fue aprobada por unanimidad en el Parlament balear, y que actualmente está en la última fase de tramitación el primer decreto sobre ambos colectivos.

Con esta nueva norma las licencias solo podrán prestar servicio en la isla en la que estén domiciliadas, y su número quedará determinado por las necesidades reales de cada territorio, de sus residentes y de sus visitantes, entre otros factores.

Baleares cuenta con una nueva ley que regula taxis y VTC

Baleares cuenta con una nueva ley que regula taxis y VTC / M. Mielniezuk

Aprovechar la Ley Abalos

La directora general lamenta que el anterior Ejecutivo del Pacto no actuara con mayor celeridad para realizar esa adaptación de la legislación balear y regular la concesión de licencias sustentándose en los citados criterios territoriales y medioambientales. Sobre este punto, recuerda que esa posibilidad quedó abierta por la denominada Ley Abalos de 2018 (fue impulsada por el exministro ahora investigado), por lo que se perdieron unos años que ahora se perciben como muy importantes en esta materia.

En cualquier caso, Del Valle insiste en que «vamos a defender nuestro territorio por todas las vías posibles para garantizar su protección».

Un aspecto a tener en cuenta es que desde el sector del taxi nunca se ha ocultado el riesgo de que finalmente se produjera un crecimiento de la flota de VTC en Mallorca, de ahí que decidiera adoptar medidas para elevar su competitividad frente a ofertas como la de Uber, como la de colaborar en la recogida de pasajeros entre diferentes municipios.

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