Dos teléfonos, dos categorías de pacientes: la cara oculta y rentable del modelo del hospital de Alzira

En la era de Ribera Salud en el hospital de Alzira, había dos teléfonos para atender a la ciudadanía: uno para los pacientes del departamento y otro "directo" para atender a personas de otras comarcas que, en principio no debían ser atendidos allí, pero que llamaban interesados, bien porque su departamento no contaba con una especialidad determinada, bien porque querían beneficiarse de algunos de los tratamientos que allí se ofrecían; por ejemplo, la anestesia epidural para las embarazadas que no se ofertaba en la sanidad pública.

¿A qué se debía la existencia de dos números de teléfono diferentes? La respuesta se debe buscar en la rentabilidad empresarial. Los pacientes de la Ribera, aquellos cuyos SIPs estaban adheridos al centro, formaban parte de la cartera de "clientes" regulares del departamento, por lo que la Conselleria de Sanidad ya pagaba una cuota fija asistiera, la cápita, que comenzó siendo de 204 euros y se fue incrementando hasta superar los 700 euros. Es decir que Ribera Salud, independientemente de si atendiera o no a estos vecinos de la comarca e independientemente del número o procedimientos realizados, recibía esa cantidad por parte de la administración pública. El segundo número de teléfono era la clave: era aquel mediante el que llegaban los pacientes extra, en realidad "los más rentables", porque por ellos Sanidad pagaba a parte.

Pacientes de primera y segunda categoría

Así lo recordaba ayer la Plataforma per la Defensa i Millora de la Sanitat Pública de la Ribera, que se ha reactivado recientemente y que el lunes tiene convocada una concentración, en un comunicado, en el que recuerdan que a estos pacientes extra "se les ponían todas las facilidades para que acudieran al centro" y atenderles con "patologías que no solían tener complicaciones y que, si las tenían, las asumían en sus respectivos hospitales comarcales". Esto contribuyó a pervertir el modelo de sanidad universal porque, como relata el diputado socialista Rafa Simó, generó "pacientes de primera categoría" -por los que se pagaba más y los que recibían todas las facilidades- y los de "segunda categoría", los de la Ribera, quienes a priori eran los pacientes directos del centro; las "primeras víctimas de este negocio" que sufrían la sobresaturación de un centro, construido ya "pequeño" con una "cama por cada mil habitantes, cuando la media era de tres". "Es lo más interesante del modelo y en lo que no se ha puesto el foco en exceso -, expresa Carles Esteve, diputado de Sanidad de Compromís en las Corts- porque es donde estaba el beneficio y, además, es lo más difícil a lo que seguir el rastro".

¿Sigue ocurriendo?

¿Siguen dándose esas prácticas en la Comunidad Valenciana, en el hospital del Vinalopó cuya gestión sigue ostentando Ribera Salud hasta, como mínimo, el año 2030? Es difícil de constatar porque sospechas las hay, pero no pruebas. Algunos testimonios consultados por Levante-EMV conectan el cierre de la unidad de cirugía cardiaca de la Ribera con un aumento de derivaciones al Vinalopó, cuyo coste sería de entre tres y cinco millones de euros anualmente, lo que serviría para engrosar los beneficios de la empresa concesionaria.

Tras el escándalo en Torrejón, la Conselleria de Sanidad ha cerrado filas con Ribera Salud, ya que aseguró la pasada semana que no se preveía ningún control adicional a la concesionaria porque los audios de su CEO, Pablo Gallart, son "un tema del hospital de Torrejón que no afecta para nada a la Comunitat". Basan su argumentación en las auditorías ordinarias que, según el departamento de Marciano Gómez, el considerado uno de los impulsores del modelo Alzira, se han realizado para prorrogar la concesión.

Uno de los principales problemas relacionados con las concesiones ha sido siempre que los "indicadores los controlan las empresas -, señala Simó- y, por tanto, quien los controla tiene el poder". Eso ha hecho difícil a la Generalitat conocer con exactitud la situación de los departamentos gestionadas por el sector privado, lo reconocen varias fuentes; aunque Esteve cree, reflexionando sobre la gestión del Botànic, que los mecanismos de control de la Conselleria "fueron insuficientes".

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