Bustinduy garantiza que la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad contará con "la financiación necesaria"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado este jueves que la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que este jueves ha superado su primer examen en el Congreso, contará "con la financiación necesaria para ser viable y salir adelante".

"Yo hoy, con total claridad, quiero transmitirle a todos los grupos parlamentarios que estas reformas contarán con la financiación necesaria para ser viables y salir adelante. Es lo que refleja el acuerdo de Gobierno que recoge el compromiso de alcanzar un 50% de la financiación de la dependencia en la contribución de la Administración General del Estado", ha prometido Bustinduy, pese a que el Gobierno, por el momento no cuenta con apoyos suficientes para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

La promesa del ministro ha tenido lugar durante el debate de la enmienda a la totalidad de la ley que ha presentado Junts. El PNV, por su parte, ha comunicado que, tras negociar con el Gobierno, retiraba su enmienda, con la que pedía la devolución del texto por considerar que el proyecto invade competencias autonómicas y no incluye suficiente financiación, el mismo argumento defendido por Junts. La enmienda ha decaído por 7 votos a favor, 141 en contra y 160 abstenciones, por lo que la reforma legal continua ahora el trámite parlamentario en el Congreso.

En su intervención, Bustinduy ha reconocido que la "triste realidad" es que el sistema de dependencia ha sufrido una "infrafinanciación crónica", por eso ha admitido que la tarea "es doblemente exigente". "Tenemos que reforzar el sistema al mismo tiempo que lo reformulamos y lo transformamos. Pero yo hoy quiero declarar aquí que tenemos toda la determinación de hacerlo", ha insistido.

El máximo histórico

Asimismo, ha puesto en valor que, desde el año 2020, la contribución del Estado a la financiación del sistema de la dependencia "se ha incrementado en un 150% y se ha triplicado desde el año 2014". Además, ha destacado que este 2025 se alcanzará "un máximo histórico de más de 3.700 millones de euros".

El ministro de Derechos Sociales ha enfatizado además que la reforma diseñada por el Gobierno es "una ley del país, construida con el empuje, el conocimiento y el talento de las organizaciones sociales, del asociacionismo de los derechos de las personas con discapacidad y en situación de dependencia".

En este sentido, ha hecho un "reconocimiento y agradecimiento explícito" a las asociaciones presentes en la Cámara Baja, CERMI, CEOMA, ONCE, Consejo General de Trabajo Social, Plataforma de mayores pensionistas, Plena Inclusión, Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias, entre otras.

El Gobierno considera que la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad es una de las de mayor calado social de la legislatura, dado que amplía derechos, incorpora nuevos servicios, agiliza los trámites y elimina algunos recortes que hizo el Gobierno del PP. El objetivo es que haya unos mínimos de calidad, intensidad y ratios en las prestaciones y servicios, con el fin de promover igualdad de derechos se viva donde se viva.

Los nuevos derechos

Cuando entre en vigor la reforma, se suprimirá por ejemplo el régimen de incompatibilidad de las prestaciones que aprobó el PP en 2013 y sigue vigente en algunas autonomías. Ello permitirá, según Derechos Sociales, una mayor personalización en la atención a cada persona. Así, en toda España se podrán combinar servicios como el centro de día, la ayuda a domicilio y la teleasistencia, como ya se permite en algunas comunidades.

Asimismo, el proyecto de ley incluye nuevos derechos, como que la persona usuaria tenga derecho a decidir sobre las prestaciones y los servicios que reciba y tenga garantizado su derecho a permanecer en la residencia elegida o a recibir una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas.