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Sabadell, ejemplo del liderazgo en la crisis de la vivienda

La localidad vallesana es la segunda de Catalunya con más pisos de alquiler social

Un momento del evento celebrado en el auditorio de EL PERIÓDICO.

Un momento del evento celebrado en el auditorio de EL PERIÓDICO. / Maite Cruz

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No solo es una de las principales preocupaciones de la población, sino que también ocupa un espacio prioritario en las agendas de la mayoría de los grandes municipios catalanes. La dificultad del acceso a la vivienda es un quebradero de cabeza para unos y otros, y proviene de un cúmulo de circunstancias y decisiones –desde demográficas, a especulativas, legislativas o urbanísticas– que han desembocado en una situación de urgencia social. Para tratar el tema, el pasado 4 de diciembre se reunieron en el auditorio de EL PERIÓDICO, Marta Farrés, alcaldesa de Sabadell; Donato Muñoz, consejero delegado de Cevasa y de SBD Lloguer Social; y Carme Trilla, presidenta del Observatori Metropolità de l’Habitatge.

En primer lugar, tomó la palabra Farrés, quien explicó que “la vivienda es el principal elemento de desigualdad que ahora mismo tienen sobre la mesa los ayuntamientos”, incluido el suyo. “Diría que un 90% de las demandas de la población tienen que ver con este tema”, dijo. “Ante esta realidad, deben llevarse a cabo todas las políticas públicas posibles. Por tanto, hay que construir nuevas viviendas, ya sea con empresas participadas, cooperativas o empresas privadas. Porque la administración pública por sí sola no podrá cubrir todas las necesidades. También hay que diversificar en los regímenes de tenencia, porque hemos pasado de un modelo en el que todo era compra –y donde había poco alquiler– al otro extremo. Hay que diversificar la oferta, para adaptarnos a las diferentes necesidades, y que la vivienda de compra también pueda ser de protección oficial (VPO). Debemos seguir rehabilitando y subvencionar a la población con pocos recursos, como por ejemplo los jóvenes, para que puedan acceder a una primera vivienda. En definitiva, hay que ir a un modelo plural, estar en todo, en todas partes y en todo momento”.

Apoyó la misma idea Trilla: “La magnitud del problema es tan grande que exige una respuesta sistémica, global, utilizando todos los canales posibles. Evidentemente, el parque existente aún tiene posibilidades. Pero no son ciertas las cifras oficiales sobre el número de viviendas vacías; estas son cifras infladas, que nos inducen a error. Hay que utilizar el parque existente y optimizarlo pensando en la densificación, en si la tipología de viviendas se adapta a la actual estructura de los hogares, etcétera. Pero con esto no es suficiente; también hace falta nueva construcción”. En este sentido, dijo Trilla, “todo el trabajo puesto en marcha por la Generalitat de Catalunya para buscar suelo es acertado e imprescindible”.

Tomó entonces la palabra el consejero delegado de Cevasa para recordar la necesidad de garantizar que un 40% de la vivienda sea protegida, de forma que puedan acceder a ella las familias con menos recursos, que no pueden acceder a la vivienda libre. Sin embargo –prosiguió Donato–, “no estamos construyendo ni el 10% de las viviendas de protección oficial que se necesitarían. Este es uno de los grandes déficits”.

En este punto fue cuando la alcaldesa de Sabadell presumió de encabezar “la segunda población catalana que más vivienda social ha construido, solo por detrás de Barcelona”. Para Farrés, este es el resultado de un esfuerzo sostenido en políticas de vivienda.

Marta Farrés, Alcaldessa de Sabadell.

Marta Farrés, Alcaldessa de Sabadell. / Maite Cruz

«La vivienda es el principal elemento de desigualdad que ahora mismo tienen sobre la mesa los ayuntamientos»

Marta Farrés

— Alcaldessa de Sabadell

Pero no hay tiempo para ensimismarse en congratulaciones; hay que seguir trabajando para solucionar un problema que nos interpela a todos. Y es que, “mientras antes se asociaba la vivienda pública a personas con niveles económicos bajos, esto ya no es así: la mayoría de rentas del país tienen dificultades para pagar un piso, incluso si pensamos en los periodistas o los profesores de nuestros hijos, por ejemplo”.

Y la piedra angular sobre la que gira la solución es la financiación: “En Sabadell estamos cerca de poner a disposición casi 500 viviendas nuevas en régimen de alquiler, lo que representa una inversión en torno a los 100 millones de euros. Y esto es imposible abordarlo solos, como ayuntamiento. Es necesario recibir el apoyo de la Generalitat, el Estado e incluso Europa para seguir en esta línea. Si no, será inviable”.

Le apoyó en el argumento Trilla: “La responsabilidad debe ser compartida. Si hubiera una dotación presupuestaria adecuada –y no ese 0,2% del PIB español que se dedica a políticas de vivienda–, se podría subvencionar a los promotores para hacer vivienda protegida”. Y Donato sumó otro dato relevante: “España es de los países que más recauda en conceptos relacionados con la vivienda: lo equivalente al 3,5% del PIB. Sin embargo es de los que menos presupuesto destina a políticas de vivienda. Eso no es sostenible”.

¿Y qué podría hacer Europa? Se preguntó –y al mismo tiempo respondió– la presidenta del Observatori Metropolità de l’Habitatge: “Pues líneas de ayudas para que salgan los números, así como legislar para que la vivienda social estuviera grabada con un IVA del 4%, entendiéndola como un bien básico”.

Carme Trilla, presidenta Observatori Metropolità de l’Habitatge

Carme Trilla, presidenta Observatori Metropolità de l’Habitatge / cedida

«El trabajo que hace la Generalitat de Catalunya para buscar suelo es acertado e imprescindible»

Carme Trilla

— Presidenta Observatori Metropolità de l’Habitatge

Otras dificultades

“Uno de los principales problemas que tenemos hoy en Catalunya, así como en el resto de España, es el coste del suelo”, dijo Trilla, abriendo un nuevo melón. “No podemos hacer vivienda protegida sobre suelo libre porque el coste es prohibitivo. Esto nos lleva a poner el foco en el suelo que tienen los ayuntamientos y exprimirlo al máximo. Pero si solo podemos hacer vivienda asequible en suelos públicos igualmente nos ahogamos. Así que debemos encontrar nuevas fórmulas diferentes a las que se están poniendo sobre la mesa”.

Por su parte, el portavoz de SBD Lloguer Social no quiso perder la ocasión de apuntar hacia otro de los factores que lastran la vivienda: la fiscalidad. Y puso varios ejemplos: “Por un lado, hay que lograr una fiscalidad adecuada para que el alquiler de las familias con menos recursos tenga un coste inferior a la compra”. Por otro lado, el experto explicó que “actualmente hay una predilección por el alquiler en derecho de superficie” y que esta modalidad está sujeta a una carga fiscal muy elevada, lo que encarece los costes. De ahí que Donato también se posicionara a favor de recuperar la vivienda de compra. Reforzó este argumento la alcaldesa de Sabadell, quien recordó la función de esta como “ascensor social”.

En el apartado de la fiscalidad, Farrés también cuestionó la idoneidad de que la inversión en vivienda pública compute como deuda de los ayuntamientos.

Donato Muñoz, Conseller delegat de CEVASA y Conseller Delegat de SBD LLOGUER SOCIAL, SA.

Donato Muñoz, Conseller delegat de CEVASA y Conseller Delegat de SBD LLOGUER SOCIAL, SA. / Maite Cruz

«Hay que garantizar que un 40% de la vivienda sea protegida, para las familias con menos recursos»

Donato Muñoz

— Conseller delegat de CEVASA y Conseller Delegat de SBD LLOGUER SOCIAL, SA.

Rehabilitación

Otro de los temas que dio juego en la mesa redonda fue el papel que tiene la rehabilitación en el mantenimiento de un parque de viviendas sano. En este sentido, la alcaldesa de Sabadell recordó la gran ayuda que han representado los fondos europeos Next Generation, gracias a los cuales el municipio vallesano ha llegado a rehabilitar 4.600 viviendas, con 30 millones de euros de inversión. Una intervención especialmente importante si se tiene en cuenta que “alrededor del 60% del parque de viviendas de Sabadell, tanto público como privado, debería rehabilitarse”. Y habló de esta como una “palanca transformadora: Rehabilitar quiere decir dignificar las viviendas, pero también evitar tener barrios de primera y segunda categoría”. En este sentido, Marta destacó el buen trabajo de Vimusa (empresa municipal de vivienda del ayuntamiento de Sabadell) en el acompañamiento de la actividad rehabilitadora de las comunidades.

Muñoz tomó el relevo a la alcaldesa subrayando “el papel cohesionador de la rehabilitación, fundamental para mejorar las condiciones de vida de las familias”. Y ahí es cuando Trilla quiso hacer un inciso: “Es verdad que nuestras viviendas tienen que tener un comportamiento energético mejor que el que tienen. De hecho, es una exigencia a nivel europeo. Pero no es suficiente con eso: Además del reto de la eficiencia, hay otros que afectan a la estructura de los edificios o a la accesibilidad, y que no se pueden desatender”.

A esto, la presidenta del Observatori Metropolità de l’Habitatge añadió la importancia de que las políticas de rehabilitación “no impliquen incrementos importantes en los alquileres, expulsando a los residentes y tendiendo a la gentrificación. Y esto nos devuelve a la necesidad de recursos públicos. Si no, a los propietarios no les salen los números”.

Colaboración público privada

Tras unos años en los que el consistorio sabadellense se ha sentido bastante solo, Farrés cree que la Generalitat está poniéndose manos a la obra. Al respecto mencionó el ambicioso plan del Govern para construir 50.000 viviendas públicas hasta 2030, para el que Sabadell dispone de seis solares.

“Pero la transformación de este ecosistema no podrá pivotar solo en la parte pública, porque no será suficiente. Tenemos que conseguir que el sector privado se sume y le resulte atractivo invertir en vivienda de protección oficial”, lanzó Marta.

Y respecto a esa entente fundamental público-privada, Trilla recordó el papel que también desempeñan las fundaciones del tercer sector, “un importante agente, que puede oxigenar a los ayuntamientos de esa presión financiera”. De hecho, cifró Carme, “en estos momentos las fundaciones están produciendo entre el 10% y el 20% del total de la vivienda protegida que debe hacerse en Catalunya”.

La puntilla final del encuentro la puso Donato, recordando que “los pasos que ahora demos serán los que determinen el acceso a la vivienda dentro de 15 o 20 años. Si no somos suficientemente cuidadosos, eficientes e imaginativos proponiendo soluciones, el problema que actualmente tenemos no será nada comparado con el que nos encontraremos”.