El Parlament examina el tope de emisiones "menos ambicioso pero más realista" propuesto por el Govern

Los presupuestos de carbono, la herramienta que fija el límite máximo de gases de efecto invernadero que un territorio puede emitir en un periodo concreto, llegan este miércoles al Parlament. Si la propuesta del Govern logra aprobarse, supondrá un hito relevante, puesto que Catalunya se convertiría en una de las primeras regiones del mundo en dotarse de estas "matemáticas del clima", un instrumento exigido por la ley catalana de cambio climático de 2017, una normativa que todavía no se ha desarrollado en su totalidad.

El Ejecutivo catalán presentó el documento el pasado verano y lo remitió a la Cámara catalana, que ha optado por celebrar un pleno monográfico para abordar la cuestión. El debate se abrirá con la intervención de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, y de un miembro del Comité de Expertos en Cambio Climático (CECC). A partir de aquí, los diferentes partidos podrán realizar propuestas de resolución que deberán ser votadas. Será el jueves cuando el pleno vote el texto definitivo.

Uno de los núcleos de la discusión será la diferencia entre las recomendaciones hechas por los científicos y el texto del Govern. Mientras los especialistas planteaban una reducción drástica de emisiones del 42% para 2030, con recortes del 8% anual, el Govern se decanta por un camino más gradual, con un descenso del 31% en cinco años, similar al 29% que la Unión Europea asigna a la hora de repartir su meta comunitaria del 55% en 2030.

Diferentes posiciones

Los dirigentes de la conselleria ya dejaron claro desde el principio que su intención era disponer de unos presupuestos de carbono, pero avisaron de que la propuesta no podía ser "traumática" para la economía. No obstante, el comité insiste en que no se puede "posponer el gran frenazo" a las emisiones. "Si Catalunya quiere alinearse con la ciencia y con las regiones más avanzadas del mundo, debe actuar ya", señaló en su día la presidenta del comité, Marta Torres. Los científicos pedían, por ejemplo, cambios profundos en transporte (reducción de vuelos), industria, agricultura, energía y urbanismo.

El Govern, en cambio, argumenta que varios sectores no podrían asumir a tiempo un ajuste tan brusco. Paneque sostuvo que los límites sugeridos "ponían en riesgo la competitividad económica" y priorizó alinearse con la hoja de ruta marcada por Bruselas, renunciando a introducir el criterio de justicia climática que sí incluía el CECC. Este concepto exige que quienes más han contribuido a la crisis climática hagan mayores esfuerzos, mientras que los países más vulnerables económicamente reciban apoyo.

Trenes y aviones

El transporte es uno de los puntos de mayor discrepancia. Si el comité recomendaba límites más estrictos para forzar un trasvase rápido hacia el ferrocarril, el Govern replicó que la infraestructura actual no permitía cambios tan bruscos. La apuesta del Ejecutivo catalán se concentra en el coche eléctrico, pero deja fuera medidas como la reducción de vuelos internos o el freno a la agricultura intensiva.

En la industria, el Govern plantea una reducción del 51% respecto a 1990, con un recorte del 8,75% respecto a 2023. El mayor reto recae en las grandes industrias ETS (cementeras, centrales térmicas y cerca de un centenar de compañías altamente contaminantes), sujetas al mercado europeo de derechos de emisión. El Ejecutivo asegura que habrá ayudas a pymes para acelerar su transición energética y a la vez cumplir con los límites.

También el sector energético deberá recortar un 51%, en coherencia con el PROENCAT. En cambio, en materia de residuos, el Govern apuesta por objetivos incluso más ambiciosos que los de los expertos, con actuaciones para generar biometano en vertederos.

Posición política

La intención del Govern es tratar de negociar la aprobación de los presupuestos con todos los partidos del arco parlamentario. No obstante, es esperable que ERC y los Comuns, los socios habituales del Ejecutivo, sean quienes planteen medidas más exigentes para avanzar en la reducción de emisiones. Otros grupos políticos, como el PP, Vox y Aliança Catalana, directamente se opondrán a la medida.

En caso de que el documento reciba el aval de la Cámara, será el PINECCAT30, (Plan Integrado de Energía y Clima) el que definirá cómo encajar cada tramo del presupuesto en la realidad. Este documento no requerirá mayoría parlamentaria y se desplegará a lo largo de 2026, con más de un año de retraso respecto al calendario inicial.

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