La escuela catalana tiene solo un educador o integrador social por cada 1.000 alumnos vulnerables

Catalunya tiene prácticamente un millar de alumnos con necesidades específicas por cada educador o integrador social. En el curso escolar con más complejidades en el aula, esta ratio inabordable tensiona aún más la vida en los centros, limita las oportunidades educativas del alumnado y dificulta la recuperación de los resultados del país. La Fundación Bofill calcula que este curso 2025/26 hay un educador social por cada 4.590 alumnos con necesidades socioeconómicas o socioculturales y un integrador social, con una titulación diferente pero tareas similares, por cada 1.147 alumnos en esta situación. Así, entre I3 y 4º de ESO, y contando conjuntamente estos dos perfiles, hay un profesional por cada 918 alumnos que lo necesitan.

Para los 275.400 alumnos con necesidades socioeconómicas o socioculturales (2024/25), para este curso y el próximo solo hay 60 educadores y 240 integradores. La desaparición de financiación europea y del Plan de Mejora de Oportunidades Educativas (PMOE -PROA+) ha comportado una caída drástica de profesionales (de unos 415 a 300) justo cuando uno de cada tres alumnos tiene alguna necesidad específica, el 35% del alumnado es pobre, la matrícula viva se ha duplicado en una década y el estrés docente se ha disparado.

Catalunya registra el doble de matrícula viva que hace diez años (con datos del curso 2023-24 representa un 3% del total en los municipios de más de 10.000 habitantes, cuando hace una década era el 1,5%)

Más concretamente, hay el doble de matrícula viva que hace diez años (con datos del curso 2023-24 representa un 3% del total en los municipios de más de 10.000 habitantes, cuando hace una década era el 1,5%). Por otra parte, el último informe TALIS señala que el estrés docente se ha duplicado en seis años (del 7% en 2018 al 14% en 2024).

"Combinación explosiva"

Para la Fundación Bofill, esta "combinación explosiva" impide atender correctamente la creciente diversidad del alumnado catalán y consolidar un sistema inclusivo. La entidad alerta de que el Plan de acción contra el abandono escolar prematuro presentado en noviembre no concreta ampliaciones de estos perfiles, a pesar de reconocer que son una medida recomendada por la Comisión Europea. El Plan tampoco fija objetivos para el personal orientador en los servicios educativos o territoriales. "En un contexto de urgencia, la falta de compromisos y cifras, y limitarse a mantener los recursos actuales, es insuficiente", consideran desde la fundación.

La entidad calcula que hacen falta en total 702 integradores y 357 educadores para cubrir los centros con mayor complejidad: 329 de máxima complejidad (218 de primaria y 111 de secundaria) y 401 de alta complejidad (266 de primaria y 135 de secundaria)

El último Anuario de la Educación de la Fundación dedica precisamente un capítulo a la diversidad de profesionales que necesita el sistema educativo para atender la actual realidad escolar. Detalla 15 propuestas, entre ellas garantizar la integración estable de los profesionales de atención social, psicopedagógica y de salud en los centros de mayor complejidad y asegurar una atención integral a todo el alumnado con necesidades educativas, al margen del centro al que asista.

Unificar condiciones laborales

Además de la integración de estos profesionales en las plantillas, la Bofill también propone definir mapas de recursos y personal no docente externo por zona educativa, ajustados a las necesidades de los centros, para mejorar la planificación, la coordinación y el trabajo conjunto. A la vez, que se tienda a unificar horarios y condiciones laborales de profesionales docentes y no docentes, así como regular y clarificar funciones y responsabilidades en la atención socioeducativa del alumnado.

La Fundación Bofill calcula que hacen falta en total 702 integradores y 357 educadores para cubrir los centros con mayor complejidad: 329 de máxima complejidad (218 de primaria y 111 de secundaria) y 401 de alta complejidad (266 de primaria y 135 de secundaria). Permitirían garantizar 2 educadores para cada centro de máxima complejidad de secundaria y 2 integradores para los de primaria, y un profesional de cada tipo también para los de alta complejidad. La medida tendría un coste total de unos 32 millones de euros, teniendo en cuenta el programa temporal que financia los 300 profesionales actuales.

Las políticas públicas lineales agravan las diferencias

La Fundación Bofill recuerda que, según los últimos datos disponibles, en Cataluña hay hasta 18 puntos de diferencia en los resultados en competencias básicas en función de la complejidad del centro. Los datos PISA también señalan un aumento de las diferencias de resultados entre el alumnado de estatus socioeconómico alto y bajo (se ha pasado de 81 a 96 puntos de diferencia en matemáticas entre 2018 y 2022 o de 77 a 94 en competencia lectora entre 2015 y 2022).

En el Anuario la entidad señala cómo la linealidad en las políticas de reducción de ratios y del horario de docencia de los últimos años hace perder capacidad de equiparar condiciones entre el alumnado. De hecho, denuncia que menos del 5% del profesorado está destinado a compensar las condiciones de los centros públicos de mayor complejidad. En este sentido, insiste en la urgencia de financiar los centros a partir de sus complejidades y necesidades.

En este contexto, la Fundación Bofill se ha adherido al llamamiento de las 85 educadoras y educadores sociales para consolidar esta figura estratégica. La entidad recuerda que desempeñan un papel clave para reducir desigualdades, fortalecer la relación con las familias, acompañar trayectorias educativas y descargar al profesorado, en un momento de estrés creciente.