Un juzgado anula el despido de un profesor de la UdG a raíz de una denuncia por acoso y obliga a readmitirlo

El juzgado social 2 de Girona ha declarado nulo el despido del profesor de la Universidad de Girona (UdG) denunciado por acoso sexual y obliga a readmitirlo y a abonarle los salarios que ha dejado de cobrar. La sentencia también condena a la universidad a pagarle 7.501 euros por daño moral. El juzgado considera probado que el despido, que tuvo lugar el 11 de septiembre de 2024, estuvo motivado por la apertura del expediente disciplinario por una posible falta muy grave. Un expediente que finalmente quedó archivado porque había prescrito. "Se evidencia que la universidad ha efectuado un juicio de culpabilidad hacia el demandante quien, no pudiendo ser sancionado disciplinariamente, se vio despedido injustificadamente”, concluye la sentencia.

El caso se remonta a febrero de 2024 cuando la UdG abrió el expediente por una posible falta muy grave por acoso sexual del profesor a una alumna de máster. La Plataforma Feminista de la UdG denunció públicamente el caso a través de panfletos colgados en las paredes y mensajes en las redes. El docente era profesor asociado a tiempo parcial en el Departamento de Pedagogía.

El profesor admitió que hizo proposiciones sexuales, pero que en ningún caso hubo “insistencia” y que lo frenó en cuanto vio “que no era correspondido”

La sentencia recoge que el expediente disciplinario acabó archivado el 27 de agosto de 2024 por prescripción y el propio profesor señala en un comunicado que, a lo largo del proceso interno, “no existió ninguna denuncia formal presentada por ninguna estudiante” y la universidad “tampoco formuló ninguna acusación formal concreta”. Aun así, la universidad decidió no renovarle el contrato, que terminaba el 11 de septiembre del mismo año.

Presunción de inocencia

El profesor decidió recurrir a la justicia porque consideraba que el despido vulneraba el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en los aspectos de garantía de indemnidad y presunción de inocencia. Ahora, el juzgado social 2 le ha dado la razón. La sentencia estima parcialmente la demanda interpuesta por Mostafà Shaimi, declara nulo el despido y obliga a la UdG a readmitirlo “en las mismas condiciones”. Además, también condena a la universidad a pagarle los salarios que ha dejado de cobrar durante este tiempo y a abonarle una indemnización de 7.501 euros en concepto de daño moral.

En un comunicado, el profesor Mostafà Shaimi afirma que la sentencia “es una reparación imprescindible” de su “dignidad personal y profesional”. “Después de meses de incertidumbre, represalia institucional, descrédito público y cancelación entendida como la ruptura repentina de colaboraciones, invitaciones y vínculos profesionales por parte de instituciones y organizaciones, la resolución judicial reconoce que la Universidad actuó de manera injusta y contraria a los principios democráticos y a los derechos fundamentales que deben regir cualquier institución pública”, señala.

Derechos fundamentales

“La sentencia supone un toque de atención necesario a la Universidad de Girona para que cumpla sus deberes institucionales en la gestión de conflictos, la protección de los derechos fundamentales del personal y el respeto a los protocolos de igualdad y convivencia. Las instituciones públicas no pueden utilizar los procedimientos administrativos como herramientas de represalia contra quien ejerce el derecho legítimo de defensa”, afirma Shaimi, que remarca que decidió acudir a los tribunales tanto para conseguir su restitución laboral como para garantizar “que ningún otro miembro de la comunidad universitaria sufra situaciones similares de vulneración de derechos”.

En otro comunicado que el profesor hizo público a raíz de la apertura del expediente, admitió que hizo proposiciones sexuales, pero que en ningún caso hubo “insistencia” y que lo frenó en cuanto vio “que no era correspondido”. El docente se ofrecía a realizar mediación con las estudiantes para “restaurar el daño” y trabajar “a fondo” su “machismo y rol como docente”.

Evitar juicios apriorísticos irreparables

Durante la tramitación del expediente, Shaimi, de la mano de su letrado Benet Salellas, denunció graves irregularidades procedimentales y solicitó la nulidad de la actuación administrativa. El abogado Ricard Reynés se ha encargado de la vía judicial y en el comunicado destaca la relevancia jurídica y social de esta sentencia: “La resolución establece un precedente muy importante en la defensa de los derechos laborales y civiles dentro del ámbito universitario”. "Su interés recae en la necesidad de respetar el derecho a la defensa de las personas pese a que pueda existir rumor social contrario a esta presunción de inocencia, especialmente en casos donde hay procedimientos disciplinarios con gran repercusión pública y mediática, para evitar juicios apriorísticos irreparables", concluye.

La sentencia no es firme y se puede recurrir al TSJC.