Las contenciones mecánicas en las prisiones catalanas bajan un 22,4% respecto al año 2024

El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, y la secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la víctima, Elena Pérez, han comparecido este jueves en la comisión de Interior del Parlament para exponer las medidas que prevé adoptar el departamento a raíz del último informe del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, que alertó sobre el uso excesivo de las contenciones mecánicas en las cárceles catalanas.

De acuerdo con los datos de un estudio promovido por el Departament de Justícia en el que se analiza la evolución de la utilización de las contenciones mecánicas y a qué segmentos de la población reclusa afecta más, el empleo de esta medida se ha ido reduciendo progresivamente en los últimos años.

Así, en el año 2023, se produjo un "pico" en las contenciones, con el uso de esta medida en 643 ocasiones; en el 2024 hubo un "punto de inflexión", con un descenso hasta las 413, y hasta el 31 de octubre de este año ha bajado a 313 las veces en las que ha sido utilizada. Es decir, las inmovilizaciones se han reducido un 22,4% este año comparado con el 2024. En porcentajes, esto supone que en el 2024 hubo 2,94 contenciones por cada 100 internos, y en 2025 la tasa baja a 2,28 por cada 100 reclusos.

El Govern ha puesto en valor que este descenso de las contenciones mecánicas ha ido paralelo al incremento de la población interna, que supera los 13.000 reclusos.

El número de contenciones mecánicas, han precisado, no se corresponden con el número exacto de presos a los que se les ha aplicado esta medida, ya que un recluso puede haber sido objeto de ella en más de una ocasión en un año: las 313 contenciones en este 2025 se han aplicado, en concreto, a 214 presos, lo revela el alto índice de reincidencia. De hecho, el 24% de los internos acumulan el 48% de todas las inmovilizaciones, al protagonizar episodios reiterados.

Los motivos

En el 66% de los casos, la contención mecánica se ha utilizado debido a la "agresividad" del preso hacia los funcionarios o por una "resistencia grave" a las órdenes de estos, y en más de un 40% ha obedecido a una "violencia autodirigida".

El estudio analiza el segmento de la población reclusa en el que más se ha usado la contención mecánica, y esta ha sido mayor entre los jóvenes de 18 a 24 años y entre los presos que se encuentran en régimen cerrado, que se convierten en los principales factores que inciden en esta media.

La ratio de jóvenes que han tenido una contención mecánica es de 3,74 por cada 100 internos, es decir, triplica la media entre la población total de reclusos, mientras que en el caso de los que están en régimen cerrado es del 9,16, es decir, se multiplica por diez respecto al resto de internos: A un tercio de los reclusos en régimen cerrado se les ha aplicado la contención mecánica.

"El último recurso"

También, por primera vez, el estudio incorpora la perspectiva de género: la ratio de mujeres que han tenido una contención mecánica es de 2,3 por cada 100 presos, superior al índice de hombres, que es del 1,5.

Espadaler ha destacado que el uso de las contenciones mecánicas es una "medida excepcional" y el "ultimo recurso" cuando están en riesgo la integridad física del propio preso o de terceros, y ha admitido que el objetivo "cero" de su utilización en esta legislatura no es viable, aunque ha asegurado que su departamento trabaja para reducirlas al máximo.

La conselleria ha defendido una serie de medidas desde un enfoque "multifactorial", en base a este estudio que analiza el uso de las contenciones mecánicas de tipo regimental entre 2020-2025. Entre el paquete de medidas, el departamento de Justicia aboga por "primar siempre" y "centrarse" en la prevención, más que en la reacción", para contener comportamientos violentos que, en ocasiones, derivan en la inmovilización del interno con contenciones mecánicas de tipo regimental.

Apuesta además por ampliar programas específicos que ya se implementan, como el programa RECVI que aborda las causas de riesgo extremo de la conducta violenta o ahondar en las unidades compensatorias para personas vulnerables con patologías de salud mental.

Asimismo, se pretende promover un seguimiento individualizado y medidas más especializadas para presos de alta conflictividad o a los que se les ha aplicado más de una vez la contención mecánica, así como programas específicos para presos en régimen cerrado, en los que las contenciones mecánicas tienen más incidencia.

También, y en cuanto a los presos con problemas de salud mental, han anunciado que pondrán en marcha una prueba piloto en el centro penitenciario de Ponent (Lleida) con personas de alta complejidad y con comportamientos disfuncionales para que tengan un tratamiento especializado e intensivo.

El departament reivindica, además, que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad, algo que reclama también este colectivo, lo que podría otorgarles "respeto" entre los reclusos y "minimizar las situaciones de riesgo".