Estudio pionero
Catalunya cifra en 600 millones de euros el coste de equiparar salarios en el sector social
La Generalitat apuesta por un nuevo modelo de financiación que vincule los pagos a entidades proveedoras de servicios sociales con la mejora de los salarios y la calidad de la atención
Patronal y sindicatos celebran la redacción del informe y llaman a negociar cuanto antes el acuerdo que haga efectiva la igualdad en las retribuciones
El tercer sector, en números rojos: "Dependemos de donativos y créditos para garantizar servicios públicos"

Oficina de servicios sociales en Barcelona / Ferran Sendra

El Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat tendría que desembolsar 600 millones de euros para equiparar los salarios del sector social. Así se desprende del primer estudio elaborado por el Govern, que pone cifras a una de las principales reclamaciones del tercer sector y que ha presentado este jueves a patronales y sindicatos.
La problemática radica en que los sueldos de los funcionarios que trabajan en el sector social son superiores, por lo general, a los de los trabajadores de entidades y empresas subcontratadas por la Generalitat para gestionar, por ejemplo, residencias de ancianos o albergues para personas sin hogar. Así, para que ambos niveles de retribución estuvieran a la par, Drets Socials debería invertir 563,2 millones de euros o, lo que es lo mismo, tendría que incrementar el gasto actual en un 37%. Teniendo en cuenta otros servicios que el informe no incluye, la conselleria de Mònica Martínez Bravo eleva esa cifra hasta los 600 millones de euros finales.
El Departament de Drets Socials tendría que gastar un 37% más para igualar los sueldos
"Este estudio da la razón, con datos globales, a lo que hace años que denuncia el sector y nos permite comenzar a plantear una ruta realista, gradual y pactada para avanzar hacia la equiparación salarial", ha señalado el secretario general de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, en el acto de presentación de los resultados.
Una nueva financiación
Para acercarse a ese objetivo, el Departament quiere reformar el modelo de financiación de estas empresas y entidades que gestionan algunos de sus servicios. Hasta ahora, la Generalitat paga una tarifa a las firmas y asociaciones subcontratadas por cada una de las personas a las que asisten. Estas tarifas estuvieron congeladas de 2010 a 2020 y a partir de ese año fueron aumentándose linealmente.
El último incremento se pactó el pasado junio, cuando sindicatos, patronales y Drets Socials acordaron aumentar en un 5% estas retribuciones. Esta subida se suma a la que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hizo efectiva en noviembre del año pasado, también del 5%.
La Generalitat paga una tarifa a las empresas y entidades subcontratadas por cada una de las personas a las que asisten
"Este 2025 hemos introducido auditorías y mecanismos de control para garantizar que los incrementos repercutan en los salarios", ha recordado Moreno. De hecho, en el acuerdo firmado en junio, patronales y sindicatos se comprometían a que el incremento del 5% se tradujese en un aumento del 4% de los salarios y uno del 1% para otros costes laborales.
Drets Socials y Economia se reunirán en enero con patronales y sindicatos para abordar el despliegue
El Departament destaca que estos aumentos, además, han significado, por primera vez en más de una década, una subida de las tarifas en términos reales –es decir, en relación con la inflación–. Drets Socials cifra este aumento en un 4,7% real.
La intención de la conselleria es que, en adelante, el sistema de pagos "tenga en cuenta la diversidad de servicios, categorías profesionales y realidades territoriales" de estos servicios y que "priorice la mejora de los salarios más bajos y las categorías [de personal] con más demanda de rotación".
Drets Socials asegura que las tarifas para las empresas subcontratadas han aumentado este año un 4,7% real
Además, este nuevo modelo de financiación debería reforzar "los mecanismos de control y seguimiento para que los incrementos de tarifas lleguen efectivamente a las nóminas" e incorporar "criterios de calidad y de eficiencia en la determinación de las tarifas". Es decir, que se premie a aquellas empresas o entidades que ofrezcan una mejor atención a las personas usuarias de los servicios sociales.
Este eventual nuevo modelo de financiación se articulará en el grupo de trabajo de equiparación salarial y marco regulador que impulsan las conselleries de Empresa i Treball y Drets Socials i Inclusió, en el que también participan las patronales y sindicatos más representativos. El grupo tiene como objetivo definir un Acuerdo Marco Regulatorio para simplificar y ordenar los diferentes convenios colectivos existentes en el sector y encauzar el proceso de equiparación salarial.
Sin un calendario fijo
Jordi Roman, presidente de La Confederació –patronal catalana del tercer sector–, ha asegurado a EL PERIÓDICO que el informe significa "ir por el buen camino", aunque esperaban que en la presentación se hubieran detallado más los calendarios y los pasos a seguir para conseguir la equiparación salarial. "Esperábamos cifras concretas y un calendario mucho más claro que el que se ha dado", ha lamentado Roman.
Así, según Roman, Drets Socials ha convocado una reunión del grupo de trabajo junto a sindicatos y patronales el próximo enero, pero no ha marcado fechas ni objetivos específicos para la equiparación salarial. Con todo, Roman asegura que ahora tienen "mucho más de lo que tenían hasta ahora" y confía en que las negociaciones del año que viene puedan llegar a buen puerto.
La patronal del tercer sector celebra el informe, pero esperaba un calendario de actuación más concreto
También valora positivamente la emisión del informe Xavier Martínez, secretario de políticas sociales del sindicato UGT. Para Martínez, el informe es el "pistoletazo de salida" de las negociaciones y pretenden empezar cuanto antes a estudiar cómo "realizar el despliegue" de estos 600 millones de euros.
"Tiene que ser lo más rápido posible y no estar atado a ningún condicionante como podría ser la aprobación de unos presupuestos" de la Generalitat, ha reclamado Martínez en conversación con este diario. "Hemos sido pacientes, los trabajadores están siendo pacientes, pero la paciencia también se agota", ha asegurado. El representante sindical, eso sí, ha reconocido que es "imposible" que el despliegue se haga efectivo en 2026. "Lo entendemos, pero por eso seguiremos negociando", ha aclarado.
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