Más de la mitad de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre España condenan al Estado

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictado desde 1979 hasta 2025 más de dos centenares de sentencias vinculadas a demandas presentadas contra España. Los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (GGPJ) detallan que hasta el 2024 el alto tribunal europeo emitió 219 fallos respecto a nuestro país (al menos hay otras seis que corresponden al 2025). En la mayoría de esos casos, 151 (3,11% por millón de habitantes), los magistrados encontraron al menos una violación del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, en otros 61 no se halló ninguna. En resto se resolvió con acuerdos amistosos (3) y con otro tipo de sentencia (4). España no es el país que recibe más condenas, la Federación Rusa, Turquía o Italia le superan.

El TEDH es una jurisdicción internacional con sede en Estrasburgo (Francia) y está compuesto por un número de jueces igual que los estados miembros del Consejo de Europa que han ratificado el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos, que entró en vigor el 3 de septiembre de 1953. Sin embargo, España no lo firmó hasta el 4 de noviembre de 1977, aunque entró en vigor, tras ser ratificado por las Cortes Generales, años después, en enero de 1981.

Según los datos recogidos por el CGPJ, entre los años 2021 a 2024 se presentaron 2.388 reclamaciones contra España (la mayoría en 2022, con 718), lo que representa un porcentaje medio de un 0,13% por 10.000 habitantes. En la cabeza de este ránking figura la Federación Rusa (19.263), Rumanía (11.621), Polonia (9.019), Serbia (7.922), Italia (7.249) y Hungría (6.264). En la tabla baja, por el menor número de habitantes, está Linchestein, Mónaco, Andorra, Sant Marino y Luxemburgo. El cómputo de sentencias en general en ese periodo esta encabezada por la Federación Rusa, la mayoría de ellas condenatorias, Rumanía, Italia y Hungría, también con un alto porcentaje de condenas a sus Estados. España estaría en una posición más bien baja en el número de sentencias condenatorias por millón de habitantes.

Una de las primeras sentencias condenatorias que se dictó contra España, según los datos recopilados por este diario, es el caso Hiro Balaní (1994). Rita Hiro Balani, originaria de la India y que obtuvo la nacionalidad española, presentó una demanda sobre un pleito por la inscripción de una marca de relojes. Planteaba que "no había sido oída de manera equitativa en la medida en que el Tribunal Supremo no había examinado los motivos por ella planteados". El TEDH dictaminó que España había violado el art. 6.1 del Convenio que señala que “toda persona tiene derecho a que su causa sea oído equitativamente, públicamente y dentro de un plazo razonable”.

De la doctrina Parot a Atutxa

Desde que en España entró en vigor el convenio de derechos humanos, el TEDH ha dictado varias sentencias que han tenido una importante repercusión. Una de ellas es la del caso del Río Prada sobre la doctrina Parot, una jurisprudencia del Tribunal Supremo español que estableció que para los presos condenados a más de 30 años de prisión, los beneficios penitenciarios se aplicaban de forma individual y no sobre el límite de permanencia en prisión (30 años). El TEDH declaró que la aplicación retroactiva de la doctrina Parot a condenados ya en prisión violaba el artículo 7 del convenio (principio de legalidad y no retroactividad), lo que llevó a su derogación y a la liberación de varios presos, incluidos miembros de ETA.

Otro de los asuntos de enjundia en que España fue el caso de Arnaldo Otegui y otros dirigentes independentistas, que fueron condenados en 2012 por el Tribunal Supremo por intentar reconstruir el partido ilegalizado Batasuna siguiendo órdenes de ETA. En 2018, el TEDH dictaminó que ese juicio no fue imparcial y que se vulneró el artículo 6.1 del convenio de derechos humanos que establece el derecho a un precio justo. También tuvo una especial repercusión el caso Atutxa contra España de 2017. El alto tribunal europeo consideró que se había vulnerado los derechos del que fuera presidente del Parlamento vasco, Juan Maria Atutxa, que fue condenado por el Tribunal Supremo por desobediencia al no suspender en 2023 al grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak. A nivel económico, el TEDH condenó al Estado español por la expropiación de Rumasa, que era propiedad del empresario José Maria Ruiz-Mateos

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