Violencia obstétrica: la violencia invisible en el hospital

Cuatro de cada diez mujeres que han tenido un hijo en España afirma haber sufrido algún tipo de violencia obstétrica (VO) por parte del personal sanitario, según un estudio de la Universitat Jaume I de Castellón de 2020. El maltrato de la mujer durante el embarazo, el parto y el posparto es una forma de violencia de género institucional reconocida internacionalmente, incluida en el Informe de la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia de género.

Mientras tanto, en el Parlament, tres diputadas, Sílvia Orriols, presidenta de Aliança Catalana, Belén Pajares, del PP, y Mónica Lora, de Vox, han negado la existencia de la violencia obstétrica, tachándola de concepto ideológico.

La VO contempla desde procedimientos sin consentimiento hasta prácticas peligrosas, sin base científica y no recomendadas por el Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Catalunya es pionera en Europa en la lucha contra esta práctica, contando con un plan específico para abordarla y su reconocimiento legal como una forma de la violencia de género desde 2020, aunque no está tipificada como delito.

Las mujeres catalanas puntuaron con un 7,95 sobre 10 la atención recibida durante el embarazo, el parto y el postparto en los centros públicos, un ligero descenso respecto a 2019, según la Encuesta de Percepción, Experiencia y Satisfacción del Servei Català de Salut de 2022. La mayoría de indicadores obtienen una puntuación positiva, pero hasta el 20% de las mujeres expresan opiniones negativas sobre el proceso, y casi el 40% considera insuficiente la información recibida. Entre 2022 y 2024, los centros del sistema sanitario público catalán han registrado 222 reclamaciones por violencia obstétrica, según datos de la Agència Catalana de Notícies.

Abuso de la oxitocina

En Catalunya, una investigación del Departament de Salut reveló una tendencia a la medicalización y al intervencionismo. La tasa de inducción del parto (34%) triplica la recomendada por la OMS (10%), y la administración de oxitocina para acelerarlo, práctica desaconsejada por el Ministerio de Sanidad y la OMS, se aplica entre el 51% y el 64% de los partos.

La violencia obstétrica puede tener muchas caras, pero todas tienen en común que el criterio del médico se impone sobre la autonomía corporal de las pacientes. Según la Unión Europea, la VO puede incluir: abuso psicológico (denegar privacidad, restricción de movimiento, trato infantilizante), procedimientos sin consentimiento (esterilizaciones o exploraciones forzadas), prácticas innecesarias (inducciones o cesáreas rutinarias) o denegaciones de atención (no ofrecer analgesia, ocultar información o prohibir acompañamiento).

El estudio de la Universitat Jaume I sobre los partos en España revelaba que el 38,4% conocía el término VO y afirmaba haberla sufrido. En cambio, el 48% sintió que no tenía espacio para expresar dudas ni preocupaciones, el 45% manifestaba falta de consentimiento e información y el 44,4% consideraba innecesarios algunos procedimientos. De este último grupo, ocho de cada diez denuncian que no se les pidió consentimiento para los procedimientos.

Prácticas como la maniobra de Kristeller (o presión del fondo uterino para aumentar la fuerza de las contracciones, pero que no tiene evidencias que determinen su efectividad, realizada al 17% de las encuestadas) o las amniotomías (ruptura controlada de la membrana para inducir el rompimiento de aguas, al 18%) son peligrosas y desaconsejadas por la OMS. Otras, como la maniobra de Hamilton (desprendimiento manual de las membranas amnióticas del útero, al 11%), solo deberían practicarse en casos concretos. Por otro lado, el uso indebido del fórceps (una especie de pinzas que se colocan alrededor del cráneo del bebé para ejercer tracción, al 12%) puede provocar lesiones en el bebé.

La ley catalana de 2020 es un primer paso para “abordar una situación estructural”, en palabras de la abogada Marta Busquets, especializada en derecho sanitario y presidenta de la asociación Dona Llum, que trabaja para que madres y bebés reciban una atención digna y respetuosa. El Plan de abordaje de la violencia obstétrica y la vulneración de derechos sexuales y reproductivos de los Departaments de Salut y d’Igualtat fue el primero de su tipo en Europa, donde sólo Portugal ha adoptado legislación específica a pesar de las reclamaciones del Consejo de Europa y el Parlamento Europeo.

Un proceso difícil

Sin embargo, demandar ante la justicia sigue siendo un proceso difícil. “Las secuelas físicas se valoran más que las psicológicas, y estas solo cuentan si son invalidantes”, explica la abogada. Después “hay que establecer una relación de causa-efecto con la atención médica”, algo que se complica porque los procedimientos no recomendados a menudo “ni siquiera constan en el historial médico”, afirma Busquets.

También tropiezan con la oposición de parte del personal sanitario. En 2021, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos publicó una carta rechazando el concepto de VO, afirmando que es “ofensivo” y “criminaliza” la acción médica. La Sociedad Catalana de Obstetricia y Ginecología se ha desmarcado de este discurso y ha creado un grupo de trabajo específico para combatir la violencia obstétrica.

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