La nueva ley de residuos de Catalunya marcará a las ciudades objetivos de reciclaje obligatorios

Uno de los principales retos en materia de medio ambiente que se marcó el Govern de Salvador Illa pocas semanas después de ser investido fue presentar una ley de prevención y gestión de los residuos. Se trata de una asignatura que el Ejecutivo de Pere Aragonès dejó pendiente de aprobar. Los republicanos, con la legislatura agotada y con el president en funciones, presentaron un borrador pero no llegaron a tramitar el proyecto normativo.

Ahora, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica apura el calendario para intentar exponer el anteproyecto de ley en lo que queda de 2025, tal y como se propuso en su plan legislativo, aunque fuentes consultadas por EL PERIÓDICO no descartan que el asunto se posponga hasta el primer trimestre de 2026.

La ley no irá "más allá" de lo que reclama Europa y se centrará en tratar de alcanzar los estándares europeos de reciclaje

Durante las últimas semanas, las conversaciones de la conselleria de Sílvia Paneque con las entidades a favor de la reducción de residuos y los socios parlamentarios se han intensificado. En paralelo, ayuntamientos y administraciones como el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) han enviado a la Agència de Residus de Catalunya (ARC) varias propuestas para que el Govern las tenga en cuenta.

En líneas generales, según ha podido saber este diario, el borrador en el que se trabaja no será una enmienda a la totalidad al que ERC dejó en el cajón. De hecho, los documentos traspasados por los republicanos se han utilizado para el redactado de la actual propuesta.

Sin embargo, habrá algunos matices para adaptar la norma al alud de reglamentos estatales y europeos que han sido aprobados durante los últimos dos años, como los relativos a envases, microplásticos y pélets. En 2026, además, está previsto que Bruselas dé luz verde a la Ley de Economía Circular y por su parte España tiene que poner en marcha el sistema de depósito, devolución y retorno de envases, pese a que los supermercados ya han dejado claro que se retrasará.

Objetivos por municipios

En este contexto, Catalunya quiere que la normativa autonómica sea una "oportunidad para la industria", en palabras del director de la Agència de Residus de Catalunya (ARC), Albert Planell. En cuanto a los residuos municipales, está previsto que la ley establezca unos objetivos para ciudades y pueblos. La mayoría de las localidades, así, se verán forzadas a aplicar sistemas de recogida selectiva como el 'puerta a puerta' o los contenedores inteligentes para mejorar el porcentaje de basura reciclada. La normativa no obligará a aplicar ningún sistema concreto, pero sí incentivará la necesidad de alcanzar las metas señaladas.

Todavía no se ha decidido si habrá sanciones o no para los ayuntamientos que incumplan, pero la idea con la que trabajan los dirigentes de la conselleria es priorizar, por delante de las posibles multas, el apoyo a los consistorios para que puedan mejorar sus datos de recogida de residuos. También se incluirán "tasas justas" para que quienes separen bien paguen menos impuestos que los que no lo hacen correctamente.

Ropa y pañales

La nueva ley también pretenderá incidir en las pautas de producción y consumo –"rebajar el consumo alocado", como lo define Planell– y reforzará la recogida y el tratamiento de residuos como los textiles y los sanitarios o higiénicos, que a día de hoy no forman parte de las fracciones habituales.

El anteproyecto reforzará la llamada responsabilidad ampliada del productor: es decir, que las empresas que ponen un producto en el mercado no solo sean responsables de fabricarlo y venderlo, sino también de financiar y organizar la gestión de los residuos que genera.

La hoja de ruta del Govern: reciclar un 65% más, aumentar la incineración un 25% y reducir un 10% los restos en vertederos

Uno de los ámbitos donde la norma quiere acelerar la economía circular es el textil. El Govern prevé impulsar un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) para el sector. El contexto ha cambiado de forma brusca en los últimos años. La sobreproducción de moda rápida y barata, junto con la entrada masiva de ropa nueva y de segunda mano procedente de lugares como China, ha tensionado al sector y ha puesto contra las cuerdas a entidades que tradicionalmente exportaban o reutilizaban estas prendas (algunas de ellas son difíciles de reutilizar por su baja calidad). Aún no se ha decidido si se obligará a las grandes tiendas a incluir una sección de ropa de segunda mano, como sugería ERC en su borrador, pero sí se contempla impulsar un modelo de economía textil circular.

El Govern también estudia la creación de un SCRAP específico para residuos higiénicos como pañales o compresas, una propuesta que ha reclamado, por ejemplo, el Àrea Metropolitana de Barcelona. La idea es que estos productos se gestionen mediante un sistema similar al de otros tipos de residuos ya consolidados como el vidrio, el cartón o medicamentos. El objetivo final es reducir de forma significativa el volumen de estos residuos que hoy acaban en la fracción resto, con el coste ambiental y económico que ello supone para los ayuntamientos.

Ceñidos a Europa

La ley seguirá los pasos de lo que recoge el Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Residuos Municipales de Catalunya (PINFRECAT), un documento en fase de exposición pública, todavía pendiente de recibir alegaciones, que dibuja la hoja de ruta para reciclar más (65%), aumentar ligeramente la cantidad de desechos incinerados (25%) y reducir drásticamente las toneladas de residuos que acaban en un vertedero (10%) de cara a 2035. La consellera Paneque apostó por sacar adelante este plan, que no requiere aval parlamentario, y luego abordar la futura legislación.

Tanto Paneque como Planell consideran que conviene "armonizar" la normativa catalana con lo que exige la Unión Europea. De esta forma, no se prevé que la ley de residuos vaya "más allá" de lo que reclama Europa, sino que se centrará en tratar de alcanzar los estándares de reciclajes comunitarios, de los que Catalunya sigue lejos. En realidad, la planificación que tiene entre manos el Govern ya especifica la intención de "adecuar la normativa catalana a los cambios producidos en la normativa estatal y europea".

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