El debate sobre la incineración dificulta el acuerdo político sobre la ley de residuos catalana

A la hora de buscar consensos para validar leyes y decretos, el Ejecutivo catalán es consciente de que gobierna en minoría y de que es necesario amarrar acuerdos o, como mínimo, preacuerdos, antes de poner sobre la mesa nuevas propuestas. En materia medioambiental, el último ejemplo de ello es el decreto de las energías renovables y las baterías, que el Govern ha tenido que negociar durante meses para aprobar, después de que el primer texto planteado fracasara.

Para que Catalunya disponga de una nueva ley de residuos, una necesidad que las plataformas ambientales llevan años reclamando, el Govern pretende seguir un camino similar al del decreto de las energías verdes. No obstante, pese a que sus principales socios parlamentarios, ERC y Comuns, están de acuerdo en implantar una nueva normativa pionera, hay un asunto que complica las negociaciones: la incineración de desechos.

El Ejecutivo de Salvador Illa, en su plan de infraestructuras, ya prevé incrementar el porcentaje de residuos municipales incinerados (del 19% al 25%). Y el colegio de ingenieros, el pasado miércoles, presentó un informe que urgía a aumentar aún más la cantidad de desechos valorizados energéticamente, teniendo en cuenta también los residuos industriales. Consideraban ellos que son "necesarias" dos nuevas incineradoras, que se añadirían a las cuatro actuales (Mataró, Girona, Tarragona y Sant Adrià). Sin embargo, los republicanos son reticentes a aceptar medidas que vayan en esta dirección.

Antiguo borrador

De hecho, ERC, cuando gobernaba, anunció un plan de cierre de las incineradoras, una cuestión que no convenció al PSC. Los socialistas, en aquel momento, no se mostraron convencidos de la propuesta de ley de residuos que manejaban los republicanos, precisamente por la reducción de las incineradoras, que veían "poco viable".

Para los republicanos, la aprobación de esta ley es tan relevante que la incluyeron como condición en su pacto de investidura. De todas formas, no quieren tener la sensación de que su propuesta anterior queda diluida o de que dan luz verde a un texto menos ambicioso, en comparación con el que habían impulsado.

Sobre el grado de ambición de la normativa, el plan del Govern va en la línea de adecuar el texto legal a los reglamentos europeos y estatales, sin necesidad de ir mucho más lejos.

De momento, se han celebrado las primeras reuniones para llegar a un acuerdo sobre esta ley, pero es probable que el Govern acabe presentándola y después se siga negociando para introducir enmiendas durante el trámite parlamentario.

Desde los Comuns, que también mencionaron la futura ley de residuos en los compromisos de investidura, ven "positivo" que primero se cierre el PINFRECAT (el plan de infraestructuras de gestión de residuos) y que más adelante se ponga sobre la mesa el anteproyecto de ley. Otro punto de discusión serán las posibles sanciones a los municipios que no logren cumplir los objetivos de recogida selectiva.

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