Mònica Martínez Bravo: "Estamos revisando todas las ayudas sociales para simplificarlas y agilizarlas"

La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha sido la invitada del afterwork que este jueves ha organizado EL PERIÓDICO en Casa Seat en un acto en que el director del diario, Albert Sáez, ha hecho hincapié en que es "la consellera primera" de EL PERIÓDICO dado que los temas que abarca la conselleria de Drets Socials (pobreza, infancia, discapacidad y demás colectivos vulnerables) son prioridad de esta cabecera desde hace más de 40 años.

Licenciada en Economía por la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y doctora en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la consellera tiene una destacada trayectoria como economista, investigadora y profesora universitaria, reconocida por sus trabajos en los ámbitos de la desigualdad, la pobreza y la mejora de los servicios públicos. En este sentido, ha reinvindicado lo que ella llama "fontanería de los procesos"; es decir, solucionar problemas. "Hay cosas importantes que han de funcionar bien. Y arreglar procedimientos que no funcionan es un éxito, es lo que la ciudadanía quiere", ha defendido, en contraposición a aquellos políticos que antes de solventar problemas, se dedican a prometer y crear políticas nuevas.

"Hay cosas importantes que han de funcionar bien. Y arreglar problemas es un éxito, es lo que la ciudadanía quiere"

Le ha servido esta reivindicación para anunciar que su conselleria y la de Economía han iniciado un proceso de revisión de todas las prestaciones sociales existentes, para poner orden y con ello agilizar las ayudas y lograr que lleguen al máximo número de personas, con el objetivo en mente de reducir los niveles de pobreza: actualmente un 35% de los menores de 16 años, más de 400.000 niños y adolescentes catalanes, viven en la exclusión social.

"Hay un ecosistema de excesivos modelos de prestaciones. Drets Socials y Economia estamos analizando cómo organizarlas y cuáles podemos integrar con la idea de simplificar la vida a la gente", ha dicho sin entrar en más detalles de un proceso que está en fases iniciales. Martínez Bravo ha existe en Catalunya ciudadanos que por vergüenza o porque perciben el proceso complicado que no solicitan ayudas. "Ese problema se refleja en los índices de pobreza".

Relacionado con las ayudas sociales, Martínez Bravo ha querido desmontar el bulo de que los sin papeles son los primeros en recibir prestaciones. "Es lo contrario. Los migrantes sin papeles, que no tienen ingresos, tienen más problemas para acceder a a las ayudas, porque se exigen requisitos administrativos que ellos no tienen".

"Estoy convencida de que se podrían haber evitado casos de desamparo de menores"

Uno de los primeros temas que Martínez Bravo ha abordado es el controvertido funcionamiento de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, la antigua DGAIA ahora renombrada como Dirección General de Protección y Prevención de la Infancia y Adolescencia (DGPIA) para "marcar un antes y un después". La consellera ha agradecido el papel de los medios "reflejando la preocupación de la población" por la protección de la infancia y también ha reconocido que el personal "hacía tiempo que pedían más recursos y no los tuvieron".

Y es que uno de los problemas, ha diagnosticado la consellera, es que "el incremento demográfico, el aumento de menores no acompañados y de menores tutelados, no ha ido acompañado de más recursos". "Había cosas en la DGAIA que no funcionaban y que no se habían arreglado de raíz. Había habido intentos de mejora, pero era necesario ir más allá", ha resumido respecto al proceso de reorganización que ha impulsado su conselleria. ¿En qué estado está ahora la reconversión? "Estamos contentos porque hay una hoja de ruta. Hemos priorizado los ámbitos más urgentes, como la gestión de las prestaciones a extutelados, y estamos en proceso de consolidación. Esperamos que en 2026 los cambios florezcan", ha dicho.

"Hace falta cambiar el modelo y avanzar hacia un modelo donde los derechos de la infancia estén más garantizados"

Preguntada por la posibilidad de que sean los jueces, y no la DGAIA, los que decidan sobre el desamparo o tutela de un menor, la conselleria ha explicado que hay conversaciones en marcha con todos los profesionales implicados, pero ha recordado que esta modificación se debe aprobar en el Congreso de los Diputados, donde Junts ya ha presentado una petición en este sentido. "Hace falta cambiar el modelo y avanzar hacia un modelo donde los derechos de la infancia sean más fuertes y estén más garantizados. En ello estamos trabajando", ha defendido.

Aunque no ha querido generalizar, se ha mostrado "convencida" de que "se podrían haber evitado casos de desamparo que han causado un agravio a menores y familias". Lo ha atribuido a "funcionarios demasiado cautelosos". "Estamos estudiando cómo evitar que pase. Que no pasa en general, pero sí ha habido casos en esta categoría".

La consellera ha asegurado que el uso de la tecnología permitirá mejorar la gestión y reducir la burocracia

Martínez Bravo ha reivindicado el uso de la tecnología para mejorar la gestión pública y reducir la burocracia. En este contexto ha enmarcado los proyectos de coordinación entre Drets Socials y Salut para mejorar la atención a la dependencia, o la creación de una ventanilla única en la que los ciudadanos puedan solventar cualquier proceso de solicitud de prestaciones. "Es un reto mayúsculo porque, por ejemplo, cada año hay un incremento del 9% de solicitudes de dependencia. Debemos tener buenas bases de datos, formularios claros y conexión de información. Estamos en ello, aunque aún no se vean los progresos. Y cuando lo logremos, eso ampliará la capacidad de cambiar las políticas públicas", ha dicho, prometiendo procesos "automáticos y resueltos en dos días".

"La Administración debe hacer la vida más fácil a las familias para que los mayores puedan estar el máximo tiempo en sus casas bien atendidos"

Catalunya ha superado recientemente las 3.000 personas centenarias. El Govern, ha asegurado la consellera, ya tiene "los números hechos" para atender la creciente longevidad. Cada año 13.800 catalanes superan los 80 años de vida, con lo que ello comporta a nivel de necesidad de servicios. Martínez Bravo ha recordado que por ello esta legislatura se crearán 6.000 nuevas plazas de residencias (2.000 ya este año), con lo cual habrá un aumento del 10%.

Ha subrayado que el fenómeno del envejecimiento "nos interpela a todos" y ha instado a todas las administraciones, incluida la Unión Europea, ha implicarse. "En las pensiones está todo estudiado, pero en lo que respeta a los cuidados de los mayores, no", ha advertido. Ha asegurado que el modelo general de residencias, cuyas debilidades hizo evidente la pandemia, ha cambiado a mejor aunque sigue habiendo retos, como la mejora de las condiciones laborales de los profesionales del sector.

En este plan de mejora de atención a los mayores, Martínez Bravo ha defendido que, paralelamente a mejorar la calidad de las residencias, la Administración "debe hacer la vida más fácil a las familias para que los mayores puedan estar el máximo tiempo en sus casas bien atendidos", con apoyos domiciliarios, centros de día o la misma teleasistencia.

Finalmente, la consellera se ha mostrado convencida de que el Estado del Bienestar es perfectamente sostenible, pero para ello es clave el crecimiento económico y también la recaudación de impuestos. "El Estado del Bienestar no es un coste, es una inversión", ha subrayado.

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