Una denuncia en Figueres destapa una macroestafa inmobiliaria de 1,2 millones de euros en todo el Estado

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado una trama criminal dedicada a estafas inmobiliarias por valor de más de un millón de euros en todo el Estado, basada en la usurpación de identidades y la simulación de poderes notariales sobre inmuebles ajenos. El dispositivo, llevado a cabo el pasado 11 de octubre por agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial de Girona, acabó con 22 detenidos: 19 en varias localidades catalanas: dos de ellas en Figueres y Salt. Y tres en Sevilla, donde residían los principales líderes del grupo donde los investigadores de la DIC se desplazaron para hacer las detenciones con la colaboración de la Guardia Civil. Entre los arrestados figura un abogado que, en algunos casos, actuaba como apoderado en las operaciones fraudulentas.

La mayoría tenía antecedentes, y los líderes ya habían sido arrestados anteriormente por delitos similares.

A los detenidos se les atribuyen delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, usurpación del estado civil y pertenencia a organización criminal.

Figueres, el inicio

La investigación se inició en mayo de 2025 a raíz de la denuncia presentada por un despacho notarial de Figueres, que alertaba de una estafa continuada con importantes cantidades de dinero. La organización había especializado su modus operandi en la simulación de poderes notariales sobre fincas que no poseía y en el engaño a inversores privados, a los cuales solicitaba créditos avalados con inmuebles usurpados. En total, la red defraudó 1,2 millones de euros a varias víctimas.

Las primeras indagaciones situaron a uno de los líderes moviéndose entre Sevilla y Catalunya, vinculado a otros miembros instalados principalmente en Rubí (Vallès Occidental) y Manresa (Bages).

Abogado, como apoderado

La primera fase de la operativa delictiva se centraba en la búsqueda en portales de compraventa de inmuebles de alto valor económico que pudieran llamar la atención de inversores. A partir de aquí, los investigados solicitaban información por diferentes vías, como el Registro de la Propiedad para conseguir los datos personales de los propietarios y para saber si los inmuebles seleccionados estaban libres de cargas. Unas comprobaciones enfocadas a que futuros inversores pudieran inscribir una opción de compra sobre los productos inmobiliarios.

La segunda fase se iniciaba una vez obtenían los datos de los titulares de las fincas. A partir de aquí, miembros de la organización elaboraban documentación falsa para usurpar la identidad de los propietarios y otorgar poderes notariales para la libre disposición de la finca a favor de otro de los miembros de la trama criminal, que en algún caso era un abogado, que actuaba como apoderado y que fue detenido el día de la explotación de la investigación.

Con los poderes otorgados comenzaba la tercera fase basada en concretar operaciones con inversores inmobiliarios. Los investigados contactaban con asesores o intermediarios de financiación y, simulando alguna situación personal de necesidad y en la cual la persona titular se había visto obligada a otorgar poderes notariales a un tercero, solicitaban un crédito de importe elevado, a menudo de entre 100.000 euros y 300.000 euros, el cual querían avalar con la finca sobre la que habían adquirido poderes fraudulentamente.

Este crédito se materializaba mediante una opción de compra a un plazo relativamente corto – habitualmente de 12 meses- en favor del inversor que, en caso de una situación de no devolución del crédito, podía adquirir el inmueble por un precio claramente más bajo de su valor real.

Con las condiciones de la operación financiera acordadas, las dos partes se citaban ante notario para materializarla con las pertinentes firmas y la entrega del importe del crédito mediante transferencia bancaria.

La última fase de la acción delictiva consistía en la división del beneficio obtenido entre los miembros de la organización y la realización de inversiones, compras y movimientos bancarios con el objetivo de ocultar el origen ilícito del dinero. De hecho, el equipo investigador pudo acreditar la adquisición de inmuebles de manera conjunta entre algunos investigados así como operaciones de inversión y compras de vehículos y sociedades en fechas inmediatamente posteriores a las de las consumaciones de las estafas.

Un amplio abanico de perjudicados

Las víctimas incluían tanto los titulares legítimos de las fincas —sobre las cuales se habían formalizado poderes fraudulentos— como los inversores que habían confiado sin tener ninguna posibilidad real de detectar la estafa antes del vencimiento del crédito. También presentaron denuncia varios asesores e intermediarios que habían puesto en contacto a los autores con los acreedores.

En total, los Mossos acreditaron 13 actos fraudulentos de otorgamiento de poderes notariales mediante DNI falsificados y siete estafas consumadas que superan los 1,2 millones de euros.

El dispositivo policial

Con las pruebas reunidas, este martes 11 de noviembre se activó un dispositivo con más de 80 agentes, que comportó entradas simultáneas en Estepa (Sevilla) —con apoyo de la Guardia Civil—, Rubí y Manresa, así como varias búsquedas en otras localidades catalanas. En el caso de Girona, no hubo registros pero sí dos detenciones: una en Figueres y otra en Salt.

En los domicilios registrados se encontraron DNI y pasaportes falsificados, dispositivos electrónicos, una pistola detonadora manipulada para hacer fuego y pequeñas cantidades de droga.

El balance final fue de 22 detenidos y pasaron a disposición judicial el día 13.