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Suicidio por bullying

Los padres de Sandra Peña declaran ante la Fiscalía de Menores: "El daño que nos hicieron no lo podemos recuperar"

La familia pide la mayor de las sanciones para el Irlandesas Loreto, para que a ningún otro colegio se le vuelva "a pasar por la cabeza" no abrir el protocolo antiacoso

Sara Villar y José Manuel Peña, padres de Sandra Peña.

Sara Villar y José Manuel Peña, padres de Sandra Peña. / EFE

Domingo Díaz

Sevilla
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Los padres de Sandra Peña han llegado poco antes de las 9.30 horas a la Fiscalía de Menores de Sevilla. A lo largo de esta mañana se les tomará declaración como testigos por el suicidio de su hija el pasado 14 de octubre en Sevilla. José Manuel Peña y Zara Villar están citados tendrán que exponer en sede judicial detalles relacionados con el trágico suceso, producido después de que la menor sufriera bullying en el colegio Irlandesas Loreto.

Isaac Villar, portavoz de la familia, ha asegurado a las puertas de la Fiscalía que los padres de Sandra están "nerviosos", pero "tranquilos" porque "vienen a contar la verdad, lo que ha ocurrido". Además, tienen "un poco de malestar, básicamente por tener que volver a revivirlo todo, recordarlo. Un poco nervioso, sí que vienen".

El tío de Sandra Peña aseguró que no tienen constancia de ninguna otra citación. Asimismo, insistió en que el Irlandesas Loreto continúa "sin ponerse en contacto" con ellos.

Tal y como adelantó este periódico, el Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional entregó hace escasas fechas su informe sobre lo ocurrido a la Fiscalía. Villar ha resaltado que "están investigando y analizando toda la información que hay hasta el momento".

En este sentido, el tío de Sandra Peña explicó que ha visto "una noticia de que al parecer la Junta de Andalucía ha creado una comisión de conciliación para el tema de la sanción administrativa que puede imponerse al centro escolar". Por eso, querido resaltar que la familia se ha sentido siempre muy arropada por la Junta de Andalucía, por la Consejería de Educación y muy especialmente por el defensor del pueblo. La familia confía plenamente en que la Junta de Andalucía esté a la altura y sea contundente a la hora de tomar esta decisión en esta comisión, en la que pensamos que no puede haber otra sanción que no sea la más alta, porque los errores que se han cometido en el centro escolar han provocado el peor de los finales: la decisión que tomó mi sobrina de quitarse la vida".

Para la familia, las penas que se impongan a posteriori tampoco tienen demasiada importancia. "El daño que nos han hecho no lo podemos recuperar en la vida, que es la pérdida de mi sobrina".

La lucha de la familia se centra en "que esto no se repita". "Y la única forma de que no sea repita es que esa sanción sea contundente y ejemplarizante, para que a ningún centro escolar se le vuelva a pasar por la cabeza no atender a una familia cuando le presentan una situación de acoso en el colegio".

Por último, la familia espera que el proceso se desarrolle lo más rápido posible. "Lo que queremos es precisamente eso, que sea lo más rápido posible, que se aclare todo. Tenemos que ir dando paso a paso y el primero es hoy. Y ojalá sea lo más rápido posible".

Dos investigaciones distintas

Tal y como adelantó El Correo de Andalucía, el informe de la Policía Nacional realizado por el Grupo de Menores (Grume) ya fue entregado al Ministerio Público días atrás. La investigación policial ha tratado de recabar todos los datos posibles: desde el móvil de Sandra o de los testimonios de algunos de sus compañeros y de las tres menores a las que se investiga en el proceso penal. Diario de Sevilla informó de que una de las tres niñas se acogió a su derecho a no declarar.

De esta manera, ahora será el Ministerio Público el encargado de realizar distintas diligencias. Entre las mismas, se tomará declaración de los distintos testigos de lo ocurrido, por eso están citados a declarar los padres de Sandra.

Cabe recordar que la Fiscalía abrió dos investigaciones tras el suicidio de la menor sevillana. Una de ellas trata sobre la responsabilidad del colegio Irlandesas Loreto y de la Junta de Andalucía en el caso de acoso. El colegio sabía que existía un problema de bullying, pero no advirtió de ello a Inspección Educativa.

La otra investigación está destinada a determinar el posible grado de implicación de tres menores, mayores de 14 años, en lo ocurrido. Es necesario destacar que, desde el día de su 14 cumpleaños, los menores pueden responder penalmente por sus actos. El Ministerio Público no investiga en ningún caso las acciones realizadas por jóvenes que no hayan cumplido esa edad por ser inimputables.

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