La Síndica de Greuges pide ampliar la educación obligatoria a los 18 años y rebajar la edad para votar a los 16 años

La Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha propuesto ampliar la escolarización obligatoria hasta los 18 años y establecer una primera mayoría de edad a los 16 años, que permitiría a los adolescentes votar y participar en la vida política. Estas recomendaciones forman parte del 'Informe anual de infancia 2024', en el que la institución denuncia las "incongruencias" en el tratamiento de las edades legales para ejercer derechos y deberes, que considera fuente de desigualdades.

En el ámbito educativo, el informe aboga por que la educación obligatoria se alargue hasta las 18 años, pero advierte de que antes habría que "seguir incrementando la oferta de Formación Profesional hasta cubrir toda la demanda existente en los ciclos formativos de grado medio, y ampliar la oferta de programas de nuevas oportunidades" para aquellos que no hayan obtenido la ESO. Asimismo, reclama que se refuercen los servicios de orientación en la ESO para garantizar la continuidad de los itinerarios educativos de los jóvenes con más dificultades. Todo ello, apunta la Sindicatura, se debería solucionar si se ha de instaurar la educación obligatoria hasta los 18.

"Debe hacerse una revisión coherente de las edades y teniendo en cuenta lo mucho que ha cambiado la vida"

Esther Giménez-Salinas

— Síndica de Greuges

En cuanto a la "primera mayoría de edad", la síndica argumenta que a los 16 años muchos adolescentes ya poseen la madurez suficiente para comprender las consecuencias de sus actos y tomar decisiones informadas sobre su vida personal y social. Por ello, defiende que esta edad debe reconocerse como un punto de inflexión en la autonomía progresiva de los menores. Esa "primera mayoría de edad" a los 16 sería una manera de "reconocer progresivamente la autonomía y la capacidad de participación de los adolescentes" y permitiría a estos jóvenes votar, abrir una cuenta bancaria o donar sangre, entre otros derechos para los que aún hay que tener 18 años.

La Sindicatura plantea una primera mayoría de edad a los 16 que permita votar, abrir una cuenta bancaria o donar sangre

El informe pone de relieve diversas incongruencias entre las edades legales que marcan lo que está permitido, prohibido o fomentado en distintos ámbitos. Por ejemplo, la edad de responsabilidad penal es de 14 años; se requiere autorización paterna para asistir a un concierto hasta los 16. A los 16 ya se puede trabajar y contribuir a la sociedad, pero la participación política plena no llega hasta los 18. Estas diferencias, según la Síndica, evidencian una "falta de coherencia" en la regulación de la autonomía progresiva.

"Debe hacerse una revisión coherente de las edades y teniendo en cuenta lo mucho que ha cambiado la vida", ha defendido Giménez-Salinas. "No tiene sentido que puedan trabajar y pagar impuestos y no votar" o que "tengan derecho a abandonar los estudios, pero deban contar con los padres para matricularse si quieren seguir, o que puedan emanciparse pero no abrir una cuenta bancaria".

La Síndica, que ha recordado que ya en su día se cambió de 21 a 18 años la mayoría de edad, ha denunciado que "la sociedad todavía concibe con frecuencia a los niños como objetos de protección y no como ciudadanos con derechos propios". Giménez-Salinas ha precisado, sin embargo, que no se trata de pedir una rebaja general de la mayoría de edad para todos los supuestos, sino de reconocer de manera progresiva la autonomía y la capacidad de participación de estos adolescentes.

Adolescentes desprotegidos

Según la Síndica, la adolescencia sigue siendo una de las etapas más desprotegidas dentro de las políticas de infancia en Catalunya, tanto por la falta de recursos específicos como por la escasa escucha institucional a los jóvenes. El informe señala "importantes carencias en educación", entre las que cita abandono escolar prematuro o falta de plazas de Formación Profesional), y también en salud mental, principalmente por el "difícil acceso a los servicios especializados CSMIJ, a pesar de la alta prevalencia de trastornos emocionales".

Esther Giménez-Salinas alerta de que la adolescencia es una etapa muy desprotegida

Los datos muestran que los adolescentes presentan mayor riesgo de pobreza y exclusión (hasta el 35% en algunos indicadores) y que la inclusión escolar disminuye con la edad: la mitad del alumnado de entre 16 y 21 años con necesidades educativas especiales no está inscrito en ninguna oferta formativa. El sistema de protección, añade el informe, tiene dificultades para atender adecuadamente a los adolescentes tutelados más vulnerables, como las chicas o los jóvenes migrantes no acompañados.

El informe reclama reforzar la atención a la salud mental infantil y juvenil, un ámbito que considera insuficientemente cubierto, y poner el foco en las políticas públicas dirigidas a la adolescencia y la primera infancia para prevenir desigualdades estructurales

Infancia discriminada

El documento hace hincapié en que la discriminación por edad (edadismo) afecta claramente a la infancia, ya que limita sus derechos y oportunidades e invisibiliza sus necesidades. A modo de ejemplo, recuerda que el riesgo de pobreza es mayor entre los niños que entre los adultos (27% frente al 15%); que la cobertura de la Renta Garantizada de Ciudadanía y del Ingreso Mínimo Vital es limitada: cerca del 15% de los niños en pobreza extrema y más del 50% de los que están en riesgo de pobreza no reciben ninguna de las dos prestaciones; y que los niños deben esperar más tiempo que los adultos para acceder a servicios de salud o vivienda social (el tiempo medio de adjudicación de una vivienda es de 618 días para unidades familiares con menores, frente a 460 días para las que no tienen hijos).

El informe reclama a la Administración que garantice la gratuidad de Infantil 2 y que promueva el acceso universal al ocio educativo

Al margen del colectivo adolescente, el informe considera que la primera infancia (de 0 a 6 años) también es una franja especialmente vulnerable. Se apoya en datos como que el 57% de los niños de 0 a 2 años no está escolarizado; cerca de 300 menores de seis años se encuentran institucionalizados en centros de protección y la cobertura de los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Precoz (CDIAP) sigue siendo "insuficiente".

En este ámbito, el informe urge a garantizar la universalización de la escolarización en el curso I2 (2 años) mediante el aumento de la oferta y el desarrollo de políticas de accesibilidad económica, como la gratuidad, para asegurar que todos los niños puedan acceder. Si no puede garantizarse una cobertura universal real, se recomienda aplicar medidas de discriminación positiva para el alumnado socialmente desfavorecido en el acceso gratuito a I2, dado que este grupo tiene más dificultades para asumir el coste de la escolarización fuera de la oferta gratuita.

Entre las medidas posibles: ampliar los criterios de renta más allá de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC); incrementar la reserva de plazas para alumnado con necesidades educativas específicas por motivos socioeconómicos en I0 e I1; y garantizar la gratuidad en I0 e I1 para los niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, también se recomienda adoptar medidas que promuevan la universalización del ocio educativo, como por ejemplo convocar ayudas para fomentar el acceso de niños, niñas y adolescentes a actividades de ocio educativo en igualdad de oportunidades.

Falta de escucha

Aunque las leyes reconocen formalmente la obligación de escuchar a los niños y niñas, el informe denuncia que los servicios públicos no siempre garantizan este derecho. En ámbitos como la protección o los procesos judiciales, a menudo no se ofrece la oportunidad de opinar sobre las medidas que les afectan.

Este derecho a ser escuchados está poco garantizado especialmente entre los menores de 12 años, por lo que la institución insiste en que debe interpretarse de manera amplia, asegurando la participación efectiva en todos los casos posibles.

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