Superestafa inmobiliaria en Catalunya: el juicio con 128 víctimas empezará en febrero

128 familias catalanas se quedaron sin vivienda, entre 2009 y 2015, en lo que se convirtió en una de las mayores estafas inmobiliarias de España. La Audiencia de Barcelona ha señalado que el juicio por este presunto fraude se celebre del 2 de febrero al 28 de julio de 2026. En el banquillo se sentarán 17 miembros de la trama de abogados, notarios y otros profesionales cuyo objetivo era presuntamente engañar a ancianos y apropiarse de sus propiedades. Sin embargo, las sesiones podrían reducirse si algunos de los imputados de menor importancia llegan a un acuerdo con la fiscalía y la acusación, según han explicado a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas. Es la llamada Operación Cocoon.

La Fiscalía de Barcelona solicita penas que van hasta los 20 años y nueve meses de cárcel para los imputados. Como líderes de la red y presuntos cabecillas, la acusación pública sitúa al abogado y modelo de pasarela Francisco Comitre; al notario Enrique Peña, suspendido de funciones y para quien el Col.legi Notarial de Catalunya reclama 21 años de cárcel, y a Artur Segarra, un estafador que, huyendo de la justicia por esta causa, se refugió en Tailandia. En ese país asesinó y descuartizó a David Bernat, un empresario de Lleida al que intentó sin éxito robarle su patrimonio. Segarra es uno de los acusados que se encuentran en rebeldía, aunque cumple la condena de cadena perpetua por ese crimen en Bangkok. El letrado es el que se enfrenta a una pena superior, aunque a la mayoría se le reclama 14 años y 10 años de prisión.

El escrito de acusación de la fiscalía sostiene que entre los años 2009 a 2015, Comitre "ostentaba la dirección" de una "agrupación de carácter estable" formada por los otros 16 imputados, más dos fallecidos y el encausado en rebeldía, que tenía como propósito "económico fraudulento" apoderarse de la propiedad de los inmuebles o viviendas de sus clientes sin abonar contraprestación alguna por su adquisición o abonar una cantidad "muy inferior al valor de mercado" de las fincas.

El modus operandi

Primero, captaban a clientes con "escasos o nulos conocimientos financieros y jurídicos" que necesitaran dinero. Para ello, los imputados ofrecían a través de publicidad productos financieros similares al préstamo personal con garantía inmobiliaria, a la hipoteca inversa o al contrato de renta vitalicia. La trama logró captar a numerosas personas, a los que presuntamente se les ocultaba que en realidad no se iba a contratar alguno de esos productos, sino que, sin su conocimiento, se firmaría la compraventa de sus viviendas a un precio muy inferior a su valor de mercado y "sin la adopción de garantía alguna" para recuperar la vivienda.

La banda necesitaba para su operativa de la participación de notarios para que dieran fe de una escritura pública de compraventa

Para poder llevar a cabo esta operativa era necesario que se otorgase por parte de un notario una escritura pública de compraventa en la que los afectados, que pensaban que estaban contratando un préstamo personal con garantía inmobiliaria, vendiesen sin ser conscientes de que la propiedad pasaba a manos de los imputados por un precio inferior a su valor real. Los tres notarios encausados presuntamente vulneraron los deberes "inherentes" a su profesión, como el de asesoramiento jurídico o anular el negocio si existía la posibilidad de que se estaba cometiendo alguna ilicitud. Para ocultar la identidad del comprador y para recuperar la vivienda en caso de ser descubiertos, los investigados utilizaron en las compraventas sociedades instrumentales que carecían de medios materiales y personales.

Estafa agravada

El juez de instrucción que investigó la supuesta superestafa acordó la apertura de juicio por varios delitos continuados: estafa agravada, blanqueo de capitales, organización criminal y deslealtad profesional. El magistrado precisó en su resolución que califica la estafa como agravada por el perjuicio ocasionado, la situación económica en que se dejó a las víctimas o a sus familias, el valor de la defraudación y que la acción se cometió con “aprovechamiento de la credibilidad profesional”.

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