Condenados dos rusos por alquilar en Barcelona viviendas como pisos turísticos sin permiso de los dueños

La Audiencia de Barcelona ha condenado a dos ciudadanos rusos por un delito continuado de estafa por alquilar como pisos turísticos viviendas sin permiso de los propietarios, según la sentencia de la Sección Sexta a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Los magistrados imponen al primer imputado cinco años y seis meses de prisión y ordena que se le expulse de España tras el cumplimiento de la condena. El segundo imputado es una mujer, Y. K. K, que ha sido penada con cuatro años y seis meses de prisión y multa. Los investigadores han acreditado hasta 11 operaciones ilegales, con unos perjuicios que superan los 170.0000 euros.

Entre 2016 y 2020, los dos acusados, "guiados por el propósito de obtener un enriquecimiento ilícito", urdieron un plan que consistía en la suscripción "sistemática y simultánea" de contratos de arrendamiento de viviendas en Barcelona, "simulando" que eran para su uso particular, cuando, en realidad los destinaban para pisos turísticos, precisa el fallo judicial. Lo hacían "sin conocimiento ni consentimiento" de sus propietarios y careciendo de licencia administrativa que les habilitara para ejercer esta actividad.

Los propietarios tuvieron que acudir a la justicia para desalojar a los estafadores y cargaron con las sanciones del ayuntamiento

Los jueces precisan que esa "ilícita actividad" no solo obligó a los propietarios de las viviendas a acudir a la justicia para la rescisión de contrato suscrito con los acusados, sino que "se vieron abocados a soportar expedientes sancionadores" por parte del Ayuntamiento de Barcelona por el incumplimiento de la normativa en materia de arrendamientos urbanos de pisos turísticos.

Para ocultar su verdadera identidad y aparentar solvencia económica, "de la que carecían", los imputados hacían servir documentación lituana falsificada que había confeccionado alguien "mendazmente". Era una carta de identidad "ficticia" de A. N. con su fotografía. Junto a este papel, subraya la Audiencia, los acusados presentaban un certificado de ciudadano de la Unión Europea con el NIE (Número de Identidad Extranjero) "ficticio y "mendaces declaraciones" de Hacienda. De esta manera, lograban que los propietarios de las viviendas se las alquilaran.

Los timadores utilizaban documentación falsa lituana y aparentaban una solvencia económica que no tenían

La sentencia relata de forma pormenorizada cada una de las operaciones ilegales: la primera fecha de noviembre de 2016 y la última de febrero de 2020. Los contratos de arrendamiento que firmaban los acusados, que se presentaban como una familia, era para vivienda habitual por un plazo de hasta tres años. Sin embargo, desde el inicio y sin consentimiento de sus dueños reales, las realquilaban como pisos turísticos y las reformaban para ampliar su capacidad. Entre los afectados no solo hay particulares, sino también empresas inmobiliarias.

Los expedientes sancionadores

Ante esta situación, los propietarios de las residencias se vieron obligados a interponer demandas para rescindir el contrato, lo que, al final, conseguían. Desde que se dictaba la sentencia hasta que se producía el desalojo, los condenados dejaban de pagar las mensualidades. El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, abrió por cada una de las viviendas un expediente sancionador, lo que repercutió en los propietarios, que también tenían que soportar, sin necesidad, las quejas de los vecinos del edificio.

A pesar de los diferentes requerimientos del ayuntamiento para que se cesara la actividad e incluso el precinto de los pisos, los acusados seguían alquilando los inmuebles como pisos turístico, intentando "alargar artificialmente los arrendamientos". Para ello, utilizaron "todas las herramientas legales", algunas de "dudosa procedencia", como la solicitud de declaración de vulnerabilidad, argumenta el tribunal.

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