Los Mossos plantean a los jueces investigar si hubo violencia sexual en el matrimonio forzado de Mollerussa

El juzgado de Tudela archivó el pasado viernes la causa contra una pareja de Corella (Navarra), de 34 años, por presuntamente vender a su hija de 14 años a otra familia de Mollerussa (Lleida) por 5.000 euros, cinco botellas de whisky y comida. A pesar de la decisión judicial, la situación de la menor afectada aún presenta numerosos interrogantes que preocupan a los Mossos d’Esquadra.

Según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, los investigadores catalanes que encontraron hace pocos días a la niña pidiendo limosna frente a un supermercado de les Borges Blanques (Mollerussa) hablarán este lunes con el juzgado de Lleida y también con el juzgado de Tudela para aclarar si consideran oportuno investigar si la menor ha sufrido otros delitos. Los agentes detuvieron también a la familia de Mollerussa, formada por una pareja de 40 y 42 años y por su hijo de 21, por trata de seres humanos con finalidad de matrimonio forzado y por mendicidad de menores.

En España, una menor de 14 años no tiene edad para consentir relaciones sexuales con un adulto. Por ese motivo, aunque el juzgado de Tudela haya concluido que no existen pruebas de que se materializó la venta de la menor para que contrajera matrimonio con un joven de 21 años, si la niña, durante la convivencia con la familia ‘compradora’ de Mollerussa, ha acabado manteniendo algún tipo de contacto sexual con su ‘marido’, la fiscalía podría considerarlo una agresión sexual.

En España, una menor de 14 años no tiene edad para consentir relaciones sexuales con un adulto ni para trabajar

Si por otro lado, la menor, que fue encontrada pidiendo limosna frente a un supermercado, había sido colocada en ese lugar para recoger dinero para la familia ‘compradora’, la fiscalía también podría plantearse si en este caso debe hablarse o no de un delito de explotación laboral. En España una persona de 14 años tampoco puede trabajar.

Estas son solo dos cuestiones que los investigadores de los Mossos deben hablar con los juzgados de Tudela, donde se cometió supuestamente el mercadeo de una menor, pero también con el de Lleida, demarcación judicial donde han podido cometerse otros posibles delitos.

Escolarización y residencia

Además, subrayan las mismas fuentes policiales, que el juzgado de Tudela haya archivado el tema del matrimonio forzado, no significa que los Mossos actuaran mal al intervenir y arrestar a los padres compradores y a su hijo, el joven con el que iba a casarse. Se trata de una menor que debe ser protegida, que no debería estar pidiendo limosna, sino en el colegio porque la escolarización es obligatoria en España hasta los 16.

Existe además otra derivada, que interpela menos a los Mossos y más al sistema de protección de los menores. La ley dice que al tratarse de una menor, esta tiene que vivir con sus padres, por eso ha sido devuelta a su familia de origen. Pero si se considera que estos progenitores han obrado mal, pueden perder su custodia y entonces será un juez quien decida si debe regresar a Mollerussa de manera supervisada –donde parece que la menor elige estar– o debe acabar en un centro de acogida. Además, se podría investigar a los padres por un delito de abandono de familia por no escolarizar a la menor como es preceptivo.

Matrimonio por el rito romaní

La menor es originaria de Corella (Navarra) y a principios de año se instaló con la familia de Mollerussa. Fue una conocida de los padres quien explicó a la policía navarra que la menor de 14 años se había casado en Lleida y aportó fotos del enlace subidas a las redes sociales. Por eso, la Policía Foral tomó declaración a los padres, que explicaron que habían vendido a su hija a otra familia gitana de Lleida.

Con estas declaraciones el juzgado de Tudela abrió una investigación que sufrió un nuevo impulso a mediados de octubre cuando los Mossos encontraron a la menor pidiendo en un supermercado de Mollerussa.

Sin embargo, ante el juzgado de Tudela los padres no han querido declarar y la niña ha explicado que no se sentía víctima ni la habían forzado a nada. Al tratarse de un matrimonio por rito romaní, que no tiene validez legal, el juzgado de Tudela ha archivado el procedimiento y los cinco detenidos –los padres de la menor, los padres ‘compradores’ y el hijo de estos segundos, el ‘marido’ de 21 años– han quedado en libertad.

La justicia debe valorar ahora si cabe la posibilidad de investigar más delitos y también, con ayuda de las autoridades, decidir dónde debe residir en el futuro la menor.

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