Jueces de Barcelona frenan los desahucios de dos víctimas de la trama del notario acusado de estafa

Los juzgados de primera instancia de Barcelona (civiles) han paralizado procesos de desahucio de dos víctimas de la trama que presuntamente estafaba a ancianos y personas con discapacidad y en la que está siendo investigado el notario barcelonés Sergio González Delgado, según las fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO. Esta acción es una de las medidas que ha tomado la justicia para proteger el patrimonio de los perjudicados, en total una veintena, que, según los Mossos d'Esquadra, firmaban préstamos cuando realmente lo que hacían era suscribir una opción de compra de su vivienda a un precio mucho menor al del mercado. Asimismo, un juez también de primera instancia ha suspendido la tramitación de un proceso en el que una empresa reclamaba el inmueble de una tercera víctima de este presunto fraude.

Los jueces han paralizado los desahucios basándose en el hecho de que se están tramitando denuncias penales contra la trama

El motivo de la paralización de los desahucios es que se están tramitando denuncias penales contra la trama. Una de las víctimas solicitó al Juzgado de Primera Instancia número 12 de Barcelona que parara el proceso por el que iba a ser desalojada de su casa y aportó la resolución que certificaba que un juzgado de instrucción (este caso estaba entonces en el Juzgado de Instrucción 9) tenía abierta una investigación penal contra una de las empresas implicadas en la presunta estafa y en la "captación de la voluntad de personas vulnerables", entre ellas la denunciante, para quedarse con su vivienda en la capital catalana.

Las víctimas solicitaron préstamos y firmaron sin saberlo opciones de compra de sus viviendas

El caso de esta mujer figura también en un atestado entregado por los Mossos d’Esquadra en el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, que se ha hecho cargo de las investigaciones contra la trama, en la que están imputados intermediarios, prestamistas y el notario barcelonés. Esta perjudicada, según recoge el informe policial, tenía deudas y buscó en internet donde podía pedir un préstamo de 3.000 euros. Allí encontró el teléfono de una empresa financiera y se puso en contacto con ella. Sus responsables, ahora imputados, le pidieron la escritura de su piso en Barcelona y le aseguraron que le otorgarían el crédito “sin ningún problema”, pero que lo debía devolver a finales de 2023.

Un método repetitivo

La víctima explicó a la policía que le hicieron firmar documentos y cheques por detrás que se quedaron los dos intermediarios investigados, pero que no puede precisar cuántos, ni la cantidad de dinero que percibió. Recordó que estuvo tres veces en la notaría de Sergio González. El 5 de septiembre de 2019 firmó una escritura de opción de compra y un poder irrevocable a favor de la intermediaria. De esta manera, esta opción de compra por 1.500 euros podía ser ejecutada “unilateralmente” por 65.000 euros, cuando el valor del inmueble era superior a los 300.000 euros (ahora valdría más). Ese mismo día y en otros sucesivos, la mujer firmó otros documentos, entre ellos la renuncia a poder rescindir el contrato si alegaba que había recibido menos de la mitad del valor real de la vivienda. La trama, al final, le dio entonces 13.500 euros. Ella estaba convencida de que era un préstamo y que no ponía en riesgo su piso.

La última vez que la denunciante acudió a la notaría fue el 31 de diciembre de 2023 para firmar lo que ella creía que era un nuevo préstamo para devolver parte de la cantidad que antes le habían dejado. Pero en realidad, suscribió, sin saberlo, una escritura de venta de la vivienda por el que se ejecutaba la opción de compra. La adquisición se fijó en 65.000 euros, de los que se descontaron 13.500 adelantados. Del resto, 51.500 euros, solo una pequeña parte de esta suma fue a parar a la víctima. Los intermediarios percibieron 20.000 euros y otros 4.000 euros fueron retenidos por la sociedad compradora para satisfacer una deuda hipotecaria pendiente, aunque la víctima continuó pagando una cuota mensual. La empresa registró el inmueble a su nombre y la mujer iba a ser desalojada de la casa, pero el juzgado civil paró su ejecución.

El otro caso es muy similar. La mujer necesitaba urgentemente 10.000 euros y encontró en la web el teléfono de una empresa de gestión de préstamos. Los administradores de la misma le pidieron la escritura del piso y días después quedaron en el despacho del notario imputado, donde se firmó la opción de compra, aunque ella creía que era un préstamo. El precio de compraventa era de 87.000 euros, cuando su valor ascendía a 240.000. La perjudicada solo percibió 17. 740 euros, según un informe de los Mossos. La víctima se enteró que no era propietaria cuando buscó un comprador real para la vivienda.

Suspendida la venta

La causa penal que tramita el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona también ha sido el argumento que esgrimió el pasado 3 de octubre por el Juzgado de Primera Instancia 54 para parar la compra venta de la finca de una tercera víctima, según la resolución a la que ha tenido acceso este diario. La mecánica de la trama en este supuesto es el mismo que en el caso de la veintena de víctimas: la mujer necesitaba 4.000 euros, buscó en internet, se puso en contacto con la misma empresa de gestión de préstamos investigada y le pidieron la escritura de su casa. Después, en la notaría de Sergio González se firmó la opción de compra, cuando ella creía que firmaba el préstamo. La perjudicada tiene diagnosticada una depresión severa y tiene una minusvalía del 34%.

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