La auditoría sobre la DGAIA detecta "deficiencias en la gestión" de las prestaciones a extutelados

La auditoría externa encargada por la Conselleria de Drets Socials e Inclusió sobre la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) ha detectado "deficiencias en la gestión" del seguimiento de las prestaciones económicas a menores extutelados y en el copago de los servicios de vivienda. El importe de esta ayudas "satisfechas indebidamente" en 2023 y 2024 en los casos analizados –que apenas ascienden a 32– alcanzan un total de 167.933 euros. El objetivo del estudio ha sido detectar los mecanismos que habían fallado –ya reconocidos por la conselleria– y no la cuantía total de los pagos indebidos realizados en los últimos años, que en verano fueron cifrados en 4,7 millones.

El informe de Gobal&Local Audit, que descarta el fraude, sí constata “procedimientos ineficaces” y señala que los procesos que siguió el Servei de Seguiment i Valoració de la Prestació (SEVAP), que se externalizó en Girona en 2022, "han resultado ineficaces, porque se han basado, generalmente, en la información obtenida en la entrevista" con el joven extutelado. Con "excepciones", precisa, "no consta que se comprobara documentalmente" sus palabras "o no consta que se incorporara al expediente" una "evidencia de la comprobación".

Esta práctica, subraya la auditoría, "ha comportado que no se detectaran casos en el que se daban motivos de suspensión o extinción de la prestación económica", se tuviera que aplicar reducciones o que fuera necesario un copago de la vivienda donde residían los extutelados por el importe superior al que fijado. El informe agrega que, cuando el SEVAP detectó supuestos de suspensión o extinción de la ayuda o variación de los importes de copago de la vivienda, tampoco se incluía un "análisis retroactivo" y "el efecto" que suponía sobre las prestaciones desembolsadas.

Sin verificación

Así, el dictamen recoge que en 29 de los 32 expedientes de la muestra revisados (transferidos por la DGAIA a la entidad de gestión contratada entre el cuarto trimestre del 2022 y primeros meses de 2024) no constan las "actuaciones de seguimiento y verificación que requiere la normativa". Este hecho provocó que, en 16 de estos casos, los jóvenes "incumplieran" los requisitos para ser beneficiarios de la prestación, la cual debería "haber sido suspendida o extinguida con anterioridad. Por lo tanto, según la auditoría, no se ha dado "cumplimiento" a las normas y los procedimientos que lo regulan.

La auditoria apunta como trasfondo de las irregularidades a la falta de personal y de herramientas de gestión eficientes, así como a la imposibilidad de compartir datos, lo que comportaba la necesidad de realizar numerosos requerimientos a los jóvenes extutelados (contratos y nóminas) para verificar su podían ser beneficiarios o si podían continuar recibiendo la ayuda.

Revisión exhaustiva

Por su parte, la Conselleria de Drets Socials explica que ha iniciado una "revisión exhaustiva" de los expedientes de forma individualizada para clarificar el alcance y las responsabilidades que puedan derivarse. Como anunció la consellera Mònica Martínez Bravo, a partir del 1 de noviembre la gestión de las prestaciones para jóvenes extutelados pasará a depender de la Dirección General de Prestaciones Sociales de la Conselleria. Esto "permitirá verificar mensualmente el cumplimiento de los requisitos" mediante la comprobación automática de la actividad laboral, empadronamiento e ingresos.

Para garantizar el cumplimiento de los actuales requisitos, seguirá siendo necesario un equipo especializado que haga el seguimiento del Plan de Trabajo Individualizado (PTI), por lo que se ha prorrogado de forma administrativa del SEVAP hasta que se formalice una nueva contratación adaptada a las necesidades del nuevo servicio.

La Conselleria ha ordenado iniciar un expediente de contratación de este servicio de acompañamiento por la vía de urgencia, que se ajustará al nuevo decreto de estructura de la Conselleria, en el que se establece un nuevo Servicio de Atención y Promoción de Jóvenes Tutelados y extutelados. Se prevé que el nuevo contrato esté disponible durante el primer semestre de 2026.

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