El Supremo confirma la condena de dos años de prisión para exdirectivos del ACA por unos contratos a dedo

17 años después de ocurrir los hechos, el Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a 2 años de prisión y entre cuatro y 12 años de inhabilitación para cinco exdirectivos de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), sociedad pública de gestión del agua de la Generalitat, y a un empresario por la adjudicación irregular de contratos por parte de esta entidad, en los años 2007 y 2008, durante la época del tripartito, a una Unión Temporal de Empresas (UTE) controlada por Joan Lluis Quer, que había sido gerente del ACA y expresidente de Infraestructuras de la Generalitat (antigua Gisa). Esta acción, según la sentencia de la Audiencia de Barcelona dictada en 2022, contó con el visto bueno del entonces director del ACA, Manuel Hernández.

El Supremo ha desestimado los recursos de casación interpuestos por los acusados contra la sentencia que condenó a cuatro de ellos por revelar información reservada y a los otros dos por usar esa información. Los hechos se remontan a septiembre de 2007, cuando el ACA, que dependía de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge (dirigida por Francesc Baltasar), tramitó por concurso abierto un contrato de consultoría para la redacción del programa de medidas y del plan de gestión de la cuenca fluvial de Catalunya, que debía tener un importe máximo de 4 millones de euros.

Contratos complementarios

El contrato, por un importe de 3,75 euros, fue adjudicado en enero del 2008 a la UTE DMA-Gestió, una agrupación de tres consultoras de ingeniería, una de ellas, Auding, administrada por Quer, que fue gerente del ACA entre el 2000 y el 2004. En ese contrato se especificaba que quedaba abierto a otros presupuestos complementarios, lo que de hecho permitía que el adjudicatario escogiera libremente encajarlos. Y así sucedió. Entre octubre y diciembre del 2008, la misma DMA-Gestion se adjudicó 38 contratos más para trabajos complementarios, de distintos importes y que al final sumaron otros 3,9 millones. En total la operación de adjudicaciones en cascada sumaron 7,6 millones de millones.

La sentencia de la Audiencia precisa que Hernández, más otros tres exjefes del ACA, "pese a ser consciente del deber de sigilo que les obligaba su condición de funcionarios, se concertaron para anticipar y facilitar información confidencial y privilegiada" sobre el contrato de consultoría a las sociedades administradas por Quer y el también condenado Josep Bou. Estos dos imputados, agrega la resolución, "se sirvieron de dicha información en la oferta que realizó la UTE, que resultó adjudicataría. Para ello, mantuvieron contactos y reuniones con trabajadores de las ingenierías que componían esa unión de empresas, que se iniciaron en los meses previos a la publicación de la licitación.

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