Catalunya regula por primera vez las comunidades energéticas y los parques de baterías

Catalunya avanza en su camino hacia la transición energética. Tras desencallar con ERC y Comuns el texto que tuvo que retirar en julio por falta de apoyos, el Govern ha aprobado este martes el decreto ley de renovables destinado a hacer más competitivo, sostenible y seguro el sistema eléctrico de Catalunya, mediante un paquete normativo que redefine varios pilares del sector: desde la instalación de baterías y energías renovables hasta la creación de comunidades energéticas y la simplificación de trámites.

Uno de los grandes avances es la regulación de las comunidades energéticas, asociaciones de personas, empresas o administraciones locales que se organizan para generar y gestionar su propia energía. Estas entidades podrán producir electricidad para autoconsumo o compartirla con sus vecinos, promoviendo un modelo más descentralizado y democrático. Además, se creará un registro oficial para darles reconocimiento jurídico. Los ayuntamientos también ganan protagonismo ya que, según recoge el texto, se permite a los entes locales participar directamente en estas comunidades, lo que les otorgará mayor autonomía energética.

El decreto regula la participación de los entes locales en estas comunidades y establece la creación de mesas de diálogo social en cada veguería para mejorar el diálogo

El decreto no solo apuesta por producir más energía verde, sino por hacerlo de forma más ordenada y respetuosa con el entorno. Para ello, se prevé la creación de mesas de diálogo social en cada veguería, donde se debatirán los nuevos proyectos y se garantizará una mayor participación ciudadana en la planificación. El texto también introduce limitaciones a la instalación de parques renovables en suelos de regadío, con el objetivo de proteger las zonas agrícolas productivas. Asimismo, abre la puerta a instalar líneas eléctricas en los márgenes de carreteras, reduciendo así el impacto sobre espacios naturales, y regula la figura de las pérgolas solares, que combinan generación energética con usos urbanos o agrícolas y que hasta ahora se consideraban como una nueva edificabilidad y requerían “largos y pesados".

A diferencia de la normativa anterior, que tuvo que retirarse por falta de apoyos, el texto no incluye la consideración de interés público superior de todas las instalaciones generadoras de energía renovable. La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha detallado que esta categorización generaba "recelos" en el ámbito territorial por una posible "implementación automatizada" de los parques. Paneque, no obstante, ha añadido que se podrán tramitar como interés público superior "infraestructuras como los tejados de pequeñas y medianas empresas".

El texto introduce limitaciones a la instalación de parques renovables en suelos de regadío, abre la puerta a instalar líneas eléctricas en los márgenes de carreteras y regula la figura de las pérgolas solares

Autorizaciones de proyectos

El decreto cuenta con una regulación específica para las instalaciones de almacenamiento energético mediante baterías. Estas infraestructuras están pensadas para reforzar la seguridad del suministro, evitan apagones y permiten una mejor integración de las energías renovables, al guardar la electricidad cuando sobra y liberarla cuando hay más demanda. El texto define los procedimientos urbanísticos y energéticos que deberán seguir estos proyectos y clarifica su marco normativo, una reivindicación histórica del sector. Actualmente, Catalunya está pendiente de la tramitación de 134 proyectos de almacenamiento, de los cuales 125 son independientes (stand-alone) y 9 están hibridados con instalaciones renovables, sumando más de 1.096 MW de potencia. La norma también facilita el traspaso de proyectos no puestos en servicio para minimizar la renuncia de los promotores, lo que, según la portavoz, fomenta la entrada de promotores que no buscan rentabilidades tan elevadas y arraigadas.

Otro de los pilares del decreto es la simplificación administrativa, uno de los principales cuellos de botella de la transición energética. A partir de ahora, será posible transferir autorizaciones de proyectos que aún no se han puesto en marcha, lo que evitará que muchas iniciativas se queden bloqueadas. También se eleva a 500 kW la potencia mínima que obliga a solicitar autorización administrativa para un proyecto de generación eólica o fotovoltaica, y se acelera la tramitación para repotenciar o mejorar las infraestructuras eléctricas existentes. Según el Govern, estas medidas “aportan seguridad jurídica y agilidad a todos los actores implicados”, desde las empresas promotoras hasta los ayuntamientos y la ciudadanía.

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