La frustración se extiende entre los coordinadores 'antibullying': "Somos un mero parche"

El último informe educativo de la OCDE revela que casi el 30% de los docentes declaran perder mucho tiempo en clase debido a las constantes interrupciones y la falta de ambiente de trabajo. La gestión del aula emerge como la asignatura pendiente del sistema educativo. Todos los profesores consultados por este diario reconocen que existe un problema de disciplina, entendida como escucha, respeto y compromiso. No hablamos de grandes conflictos con violencia de por medio sino de constantes disrupciones. Por ejemplo, faltas de respeto, ausencia de clima de aprendizaje, desmotivación generalizada o falta de autocontrol.

Llama la atención la disparidad entre estudios. Mientras que la OCDE consagra en general un buen ambiente escolar en España, un informe de 2023 del sindicato Csif revela que casi todos los docentes de la escuela pública (91%) aseguran que hay problemas de convivencia en sus clases. Más de la mitad (60%) admiten casos de violencia frecuente entre los alumnos y el 72% afirman que han sufrido ataques verbales o físicos, también amenazas, por parte de los estudiantes. Es más, casi el 40% confiesan que han sido víctimas de actos violentos por parte de las familias de los alumnos y las alumnas.

Un parche

En este contexto complejo, la comunidad educativa se pregunta si el papel de los coordinadores de bienestar está dando sus frutos. Aprobada en 2021, la ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi o 'ley Rhodes') institucionalizó la figura de los coordinadores, un rol que no termina de despegar en España. En Catalunya, los llamados ‘cocobe' se implantaron con dificultades en septiembre de 2023 y, tras las críticas iniciales de “soledad y desbordamiento”, Educació aprobó una partida anual de 3,9 millones de euros.

"La disciplina viene de casa, pero las familias cada vez están más ocupadas y menos presentes en la vida de sus hijos e hijas y el colegio tiene que dar cobertura también a estos niños”"

— Mercé López, maestra

“Es un simple parche”, se lamenta Mercè López, maestra de infantil y primaria con 20 años de experiencia en las aulas y que formó parte de la hornada de ‘cocobes’. En su opinión, el principal fallo de la nueva figura es que no trabaja directamente con el alumnado sino que lo hace a través del resto de profesores. “Primero nos formamos y después impartimos formación, coordinamos y orientamos a nuestros compañeros para que sean ellos los que apliquen todo en el aula. Es decir, somos meros transmisores de información”, critica la maestra. “Sucede lo mismo con las horas de tutoría en primaria. ¿De verdad en una hora a la semana vamos a solucionar problemas de convivencia?”, se pregunta tras demandar un cambio mucho más radical y profundo en el sistema educativo.

“La disciplina viene de casa. Pero las familias cada vez están más ocupadas y menos presentes en la vida de sus hijos e hijas. El colegio tiene que dar cobertura también a estos niños” explica al tiempo que demanda que el profesorado tenga formación en psicoeducación.

Ni litigios ni follones

Tras criticar el corporativismo existente en muchos centros, López asegura que los colegios “no quieren litigios ni follones”. Por eso, en su opinión, también está fallando la lucha contra el 'bullying', que debería ser una línea roja en los problemas de disciplina y sana convivencia. Lamenta que a la comunidad educativa se le llena la boca hablando de protocolos que -concluye- o no se abren o quedan en papel mojado.

Impunidad de los disruptivos

Director de un colegio de alta complejidad en San Javier (Murcia) y autor del ensayo ‘Aulas sin bullying, aulas sin miedo’, Toni García Arias afirma que en su centro apenas se dan conflictos significativos. Es una escuela donde gran parte del alumnado -de 17 nacionalidades- tiene un perfil socioecómico bajo. También los hay con discapacidad física o intelectual y con trastornos graves del neurodesarrollo como autismo. “Lograr ese clima de convivencia no ha sido fácil”, explica el docente, que reconoce que, hace años, solo se penalizaban los casos más graves y los alumnos con comportamientos disruptivos sentían cierto grado de impunidad. “Cuando me nombraron jefe de estudios -explica el ahora director- comencé a penalizar todas las actuaciones contrarias a las normas básicas de convivencia y tomé medidas ajustadas a la gravedad de las acciones”, añade García Arias, que también comenzó a responsabilizar a los alumnos de su propia disciplina, creando patrullas de mediación.

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