España tiene 1.126 escuelas, 112 hospitales y 82 puntos radiactivos en zonas vulnerables a las inundaciones más graves

El Observatorio de Sostenibilidad ha contabilizado 10.197 instalaciones, infraestructuras o puntos situados en las superficies inundables en España, de las que 4.340 están en zonas críticas. Entre ellas hay 420 residencias de ancianos, 1.126 centros escolares, 112 hospitales y 82 instalaciones radiactivas y 77 instalaciones químicas, entre otras, en peligro de sufrir graves inundaciones teniendo en cuenta una recurrencia de 500 años (lo que significa que un suceso de esa magnitud se produciría, en promedio, una vez cada cinco siglos).

En concreto, el informe 'Infraestructuras críticas inundables en España' señala que el 71% de los puntos estudiados se encuentra en una situación de peligrosidad muy grave; el 13%, grave; y el 16%, leve. Catalunya es la comunidad autónoma que acumula más puntos en situación de peligrosidad muy grave (37%), seguida de Galicia (16%).

De los 4.340 puntos críticos, hay 2.673 en riesgo muy grave en zonas de inundación. Estos se dividen en seis grandes categorías: poblaciones vulnerables (1.994 puntos que suponen el 56%), seguridad del Estado (283 que significan el 9%), salud (115 que son el 3%), seguridad medioambiental (534 que suponen el 17%), servicios básicos e industrias (1.152 que significan el 13%) y transporte (262 que son el 3%). Entre los primeros, además de residencias y colegios, también hay 189 cámpings.

Infraestructuras críticas

Junto a ellos, también se hallan 51 instalaciones de bomberos, 116 cuarteles de la Guardia Civil, 114 comisarías de policías nacionales y dos ayuntamientos. Relacionados con la salud existen 112 hospitales, lo que incluye a tres centros de salud. En seguridad ambiental, hay 375 instalaciones de depuración de aguas residuales, 82 instalaciones radiactivas y 77 instalaciones químicas afectadas por la Directiva SEVESO, que, en caso de accidente, presentan elevado riesgo de contaminación por radioactividad o residuos tóxicos y peligrosos.

Con respecto a servicios básicos e industrias, el informe refleja la existencia de 415 subestaciones de energía en zonas inundables, así como 282 de abastecimientos e infraestructuras de aguas y 455 centros industriales. Por último, también existen 155 infraestructuras viarias y centros de transporte en estas áreas, entre las que hay cuatro estaciones de ferrocarril, 90 estaciones de autobuses y 13 aeropuertos en peligro por gran inundación.

La organización explica que ha elegido una recurrencia de 500 años debido a la dana de 2024 en Valencia. En este contexto, se ha constatado que las superficies inundadas situadas fuera del área que se espera que quede anegada durante una crecida tan poco frecuente sumaron 16.000 hectáreas, una cifra "muy superior al peor de los escenarios planificados". Por ello, el informe subraya que una de las primeras acciones de adaptación al cambio climático debe ser la protección de las poblaciones más vulnerables y de las infraestructuras críticas.

Alerta temprana

Junto a este estudio, el Observatorio de Sostenibilidad lista una serie de recomendaciones, entre las cuales se encuentran establecer sistemas de alerta temprana con protocolos claros y estrictos de cumplimiento de forma preventiva e implementar la etiqueta de calificación de edificaciones e infraestructuras críticas frente al riesgo de inundaciones.

A su vez, aconseja diseñar y ejecutar el retranqueo o alejamiento de la superficie urbanizada en las zonas de riesgo más elevado en núcleos urbanos y otras zonas edificadas y paralizar las nuevas construcciones, así como revisar los planes urbanísticos ya aprobados para impedir la construcción en las zonas de riesgo.

Al margen de eso, incide en la importancia de la creación de infraestructuras sostenibles que sustituyan y adapten las actuales, especialmente las más críticas, como plantas de abastecimiento, depuración, alcantarillado, telecomunicaciones, vías de comunicación, subestaciones, redes de energía y hospitales.

Asimismo, reclama implantar de forma urgente medidas de protección para los sectores de la sociedad más vulnerables, calles y barrios enteros más desfavorecidas que se encuentran en zonas de mayor riesgo, reubicaciones, adaptación de bajos, etc. Además, aboga por la gestión integral de las cuencas hidrográficas y por la implantación de soluciones basadas en la naturaleza, sobre todo aguas arriba de los puntos críticos.

Por último, la organización solicita que se obligue a la rendición de cuentas en las políticas públicas implantadas, que se establezcan planes obligatorios de riesgo de inundación con participación pública y que se considere y planifique con el nuevo escenario de cambio climático en el que ya nos encontramos para enfrentar el aumento de fenómenos meteorológicos extremos con verdadera eficacia.