Catalunya almacenará amianto en vertederos no especializados para acelerar su retirada

El depósito de residuos peligrosos de Castellolí (Anoia) es a día de hoy el único cementerio de amianto de Catalunya. En este vertedero controlado, se acumulan todos los desechos que contienen asbesto, ya que este material requiere un proceso de gestión altamente especializado. Debido a su toxicidad y a los riesgos que representa para la salud y el medio ambiente, el amianto no puede eliminarse como un residuo común: debe ser encapsulado y almacenado en condiciones de máxima seguridad, evitando cualquier liberación de fibras al aire.

Por ello, el depósito de Can Palà, operado por la empresa ATLAS, se ha convertido en el punto de referencia en Catalunya para el tratamiento de estos materiales. Está previsto que esta infraestructura se amplíe, puesto que en estos momentos no hay espacio para albergar todo el amianto que aún hay en Catalunya. No obstante, en paralelo a este proceso, que se abordará a medio plazo, el Govern pretende que otros depósitos también puedan aceptar determinadas cantidades de amianto.

La idea es articular un mecanismo para que un número aún por determinar de vertederos controlados que ya reciben residuos especiales tengan celdas preparadas para admitir asbesto. De esta forma, se ahorrará en transporte, al no ser necesario trasladarlo todo hasta Castellolí, y se podrá acelerar la retirada del amianto en general, al tener más puntos de almacenaje final. El Ejecutivo catalán se propone introducir la medida en el reglamento que deberá acompañar a la ley para la erradicación del amianto, ya aprobada por el Parlament y que ahora está en fase de ponencia, en vías de tramitarse definitivamente.

Seis meses

El próximo paso en la cámara catalana es que la ley vuelva al pleno. Será, si todo va según lo previsto, en diciembre o enero. A partir de entonces, la Agència de Residus de Catalunya (ARC) tendrá seis meses para poner en marcha el reglamento de aplicación. "Se trata de una nueva competencia y la Agència ya se está reorganizando para asumirla", precisa a este diario Albert Planell, el director.

Una de las cuestiones que se organizará a través del reglamento es el fondo de erradicación. Por ahora, se cuenta con 10 millones de euros. Pero una hipotética aprobación de los presupuestos podría cambiar la situación y facilitar un monto de dinero más elevado para la retirada de amianto.

Consecuencia del granizo

Además de asuntos operativos y esta modificación para que un mayor número de vertederos puedan acumular restos de amianto, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica trabaja en otras acciones para que la retirada de este material contaminante sea más eficaz. Una de ellas es la apertura de subvenciones fijas para sustituir los tejados de amianto (sobre todo de granjas) afectados por el granizo.

"Cada vez que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) acredite que ha habido un episodio de granizo importante, sacaremos una convocatoria y los tejados de uralita o fibrocemento afectados podrán ser reemplazados", detalla Planell. En los últimos años, el cambio climático ha intensificado estos fenómenos y el Meteocat ha detectado que el tamaño de las piedras cada vez es mayor. La idea del Govern es aprovechar este escenario como una oportunidad para que decenas de granjas con este tipo de techos puedan hacer frente a las obras para renovarlos y eliminar el amianto.

Proceso largo

La Generalitat, pese al cambio de paradigma que supondrá la aprobación de la ley, ha avisado en más de una ocasión de que la retirada del amianto será un proceso largo. En una sesión parlamentaria de la comisión de transición ecológica, meses atrás, Planell ya alertó de que Catalunya tardará "décadas" en "eliminar el amianto". Durante su comparecencia, Planell sostuvo que era necesario ser realistas a la hora de abordar este procedimiento, que será más lento de lo que está escrito en los calendarios que hasta la fecha se habían puesto sobre la mesa. Cabe señalar que el decreto europeo de retirada del amianto, que pone como fecha orientativa 2028, ya especifica que debe haber un periodo transitorio para empezar a ejecutar las obras de retirada.

El Govern calcula que a día de hoy queda un millón de toneladas de fibrocemento por retirar en toda Catalunya. Este cálculo, que reduce las últimas estimaciones situadas entre los dos y tres millones de toneladas, se basa en los datos obtenidos del análisis de cubiertas elaborado por el Instituto Cartográfico y Geológico de Catalunya (ICGC); los censos realizados por instituciones públicas como la Generalitat; los que están desarrollando los ayuntamientos; y los datos sobre tuberías, bajantes y depósitos facilitados por empresas suministradoras de agua. 

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