Ana Redondo: "La Fiscalía fue poco prudente al alertar de un fallo de las pulseras antimaltrato sin tener los datos"

Ana Redondo se ha enfrentado, en las últimas semanas, a la crisis más importante de su carrera política y a una de las polémicas más exacervadas contra el Ministerio de Igualdad: la controversia en torno a los fallos en las pulseras antimaltrato. Un mes después revela, en esta entrevista con EL PERIÓDICO, qué "lecciones" extrae del escándalo y cómo prevé mejorar el sistema en el futuro, sin olvidar otro de sus proyectos estrella: la reforma constitucional para blindar el derecho al aborto.

La propuesta de reforma blinda el derecho pero, a corto plazo, no servirá para aumentar el número de abortos en la sanidad pública. ¿Qué otras medidas prevé impulsar para garantizar la prestación? Tiene toda la razón. Por eso, la modificación constitucional hace hincapié en la dimensión prestacional del derecho y en que se pueda ejercer en todo el territorio, en la sanidad pública. Pero es cierto que la reforma es un procedimiento complejo y nos llevará tiempo. Por eso, al mismo tiempo, hemos constituido un grupo de trabajo con Sanidad para desarrollar el reglamento de la ley del 2023, para incorporar a la cartera de servicios cuestiones concretas y garantizar el ejercicio en todo el territorio. El problema es que hay diferencias intolerables entre las propias comunidades del PP, de Galicia a otras como Madrid o Andalucía, donde prácticamente no se realiza ningún aborto en la pública. Creo que el reglamento estará aprobado en un razonable espacio de tiempo.

Si la Comunidad de Madrid no contesta al requerimiento de crear el registro de objetores al aborto. ¿Qué vías legales se pueden utilizar? El recurso contencioso-administrativo, es decir, que sean los tribunales los que obliguen, si mantiene la desobediencia a la ley. Llevaremos a la justicia el acto administrativo en el que se formalice la desobediencia, porque nadie en España está por encima de la ley y la señora Ayuso tampoco. La ley es la voluntad popular y, desde el punto de vista democrático, es muy grave lo que está haciendo. Es una actitud autoritaria.

"No nos consta ninguna sentencia de una persona excarcelada o que no esté cumpliendo su quebrantamiento por algún fallo tecnológico de las pulseras"

Hace un mes que estalló la polémica sobre los fallos en las pulseras antimaltrato. ¿Qué lecciones ha sacado de la crisis? Una lección muy importante es que tenemos que estar mucho más encima de las cosas, también de lo que hacen otras instituciones porque la Fiscalía General del Estado, 24 horas después de publicar su Memoria [donde alertó de una falta de datos temporal sobre la localización de los agresores con pulsera que provocó sobreseimientos provisionales en juicios de quebrantamiento de órdenes de alejamiento] tuvo que corregirla. Por tanto, tenemos que estar muy encima para que no se generen falsas polémicas e ideas que no se corresponden con la realidad. El problema es que ese relato ha generado en muchas mujeres, que a mí son las que de verdad me preocupan, dudas, zozobra y miedo. 

¿La Fiscalía les ha facilitado los datos de cuántos sobreseimientos hubo por esa falta de datos? Están solicitando ahora a las fiscalías provinciales esos datos, o sea, que cuando elaboran la Memoria, no tienen los datos y un mes después aún no han llegado. También he pedido al Poder Judicial esas sentencias, pero tampoco tenemos respuesta. Y en el Ministerio no nos costa ninguna sentencia de una persona excarcelada o que no esté cumpliendo su quebrantamiento por algún fallo tecnológico.

"La Fiscalía está solicitando ahora a las fiscalías provinciales esos datos, o sea, que cuando elaboran la Memoria, no los tienen"

¿La alerta de la fiscalía fue un error? Fue poco prudente.

¿Qué otras lecciones o cambios prevé realizar para evitar nuevos fallos? La segunda conclusión es que hay que reforzar el sistema. No hay una tecnología infalible, pero tenemos que reforzar el sistema tecnológicamente. Y, en tercer lugar, hay que reforzar lo público, para garantizar mayor control En eso estamos ya, en los próximos pliegos [de licitación del servicio de las pulseras] el refuerzo de lo público será evidente. Es verdad que ya se ha producido un refuerzo, porque las plataformas de datos, que son las que han propiciado algunos errores y fallos técnicos, ya son del Ministerio y también los dispositivos, que antes se alquilaban, lo que permite el cambio cuando se produce un deterioro en un tiempo de 12 horas. Tenemos también que reforzar a los profesionales de Cometa [el centro de gestión de las pulseras] y ser conscientes de que es un trabajo muy estresante, duro y complejo. Y, por último, ser conscientes de que la colaboración público-privada es indispensable porque la inversión en tecnología puntera la hacen las grandes empresas y es necesaria. Por eso, tenemos que licitar cantidades que sean atractivas, para que haya más concurrencia en los concursos.

¿Cuánto aumentará la cantidad ofertada por el Gobierno en la nueva licitación? Aún no lo sé, pero habrá un crecimiento razonable.

Las víctimas piden que se cambie el protocolo para que a la mínima no se llame a la víctima, que primero se hable con el agresor y si no hay peligro, que no se la moleste y se la deje tranquila. ¿Se cambiará con la nueva adjudicación? Lo estamos estudiando porque me parece muy interesante. Tienen razón, quizás la policía especializada es la primera que tiene que ser puesta en alerta. Hay que tener en cuenta que muchos agresores son auténticos terroristas, que entran y salen de la zona de exclusión parar generar terror en la víctima, por lo que tenemos que ser conscientes de que ella no puede cargar con ese peso adicional y tenemos que ajustar los protocolos, para aliviar a las mujeres de la carga. Pero ahora mismo el protocolo que hay salva vidas a diario. Es verdad que puede generar incertidumbre y molestias a las mujeres, pero según la última encuesta de satisfacción, el 87% lo recomendaría a otras mujeres en su situación. El protocolo tiene margen de mejora, pero el sistema funciona porque no habido ninguna mujer asesinada con el dispositivo y esa es la prioridad.

"El protocolo tiene margen de mejora, pero el sistema funciona porque no habido ninguna mujer asesinada con el dispositivo"

¿Tienen ya resultados preliminares de la auditoría destinada a dirimir si la adjudicataria de las pulseras, Vodafone, ha incumplido el contrato? No. Hemos comenzado hace un par de semanas y esperamos tener un informe exhaustivo antes de finalizar el año, precisamente para poder exigir responsabilidades si es que se ha incumplido el contrato. 

"Si se hubiera puesto la seguridad de las mujeres en juego, hubiera dimitido, pero fue todo bulo sobre bulo”

¿Pensó en dimitir en algún momento? Creo que mi puesto es lo de menos, sinceramente. En este caso, lo importante es dar servicio a las mujeres y su seguridad. Si yo hubiera entendido que la seguridad se había puesto en riesgo, que había maltratadores masivamente en la calle, que no se había cumplido la expectativa del servicio, hubiera dimitido. Pero no fue así. Afortunadamente, estuvimos en todo momento encima y el problema es que los bulos sobre mujeres asesinadas, desprotegidas, maltratadores en la calle, sobre las pulseras de 'AliExpress', generaron una polémica absolutamente desorbitada. Era todo bulo sobre bulo para desprestigiar a este Ministerio, que es el objetivo a abatir de la derecha y de la extrema derecha.

Por otro lado, la Junta de Andalucía se queja de problemas de acceso a los datos de las víctimas en el sistema de seguimiento y protección Viogén. ¿Ha habido fallos? La Junta tiene acceso a todos los casos incluidos en Viogén. Por lo que es falso que se le esté negando el acceso a los datos de contacto. De hecho, por los convenios en vigor, es la propia Junta de Andalucía la que autogestiona la persona o personas de su Administración que pueden acceder a los datos. Los técnicos autorizados por la Junta para acceder a Viogén pueden ver la información, pero, por imperativo legal, si la víctima no autoriza el uso de sus datos, éstos se pueden ver, pero no se pueden usar. En el caso de que la víctima lo autorice, aparece expresamente en su ficha y es cuando se pueden utilizar. El PP debería dejar de mentir sobre los sistemas de protección a las víctimas.

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