Un intermediario de la trama del notario acusado de estafa se hacía pasar por un "pastor de iglesia" para captar víctimas

Ganarse la confianza para ejecutar la presunta estafa. Los intermediarios que captaban a víctimas para la trama que supuestamente engañaba a ancianos o personas con discapacidad, en la que está investigado el notario de Barcelona Sergio González Delgado, utilizaban sus empresas y convencían a los perjudicados de su bondad con un trato muy cercano. En uno de los casos, según los atestados policiales a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el intermediario se hizo pasar por un "pastor de iglesia". Los Mossos d'Esquadra han ampliado a 35 las personas investigadas por este supuesto megafraude.

La policía sostiene que las empresas investigadas se anuncian en internet como gestoras de préstamos y actúan en la trama como "gancho", es decir, captan a las víctimas. Esos intermediarios financieros ejercían pues de "señuelo", se ganaban la confianza de las víctimas con una relación amigable y cordial y se aprovechaban de la "delicada situación" por la que atravesaba cada una de ellas.

Los Mossos sostienen que la red funcionaba bajo el "paraguas" del notario Sergio González, que "daba validez legal a todos los actos jurídicos realizados con el fin de apoderarse del patrimonio" de los perjudicados

Así lo vivió una mujer que necesitaba dinero para pagar los impuestos de una herencia. Un día se presentó en su casa uno de los investigados que, para despejar posibles desconfianzas, le dijo que era pastor de una iglesia. Este intermediario le explicó que tenía inversores que le podían prestar el dinero y le acompañó en abril de 2019 a la notaría de Sergio González, donde le presentaron al prestamista (también investigado) que le dejaría 60.000 euros.

"En ningún momento pensó que estaba firmando una opción de compra" de una finca en la provincia de Lleida y "siempre creyó que era un préstamo", subraya un informe de la Fiscalía de Barcelona. El inmueble tiene un valor de 738.000 euros y está compuesto por cinco viviendas y dos locales. "No le leyeron ningún documento, ni tuvo la posibilidad de conocer su contenido con anterioridad", precisa.

Los intermediarios financieros ejercían de "señuelo", se ganaban la confianza de las víctimas y se aprovechaban de su "delicada situación"

La mujer recibió los 60.000 euros mediante transferencia bancaria. Unos días después, retiró ese dinero y le dio al intermediario 59.500 euros porque este le dijo que "los iba a poner a trabajar y que conseguiría un beneficio". La mujer se llevó la sorpresa en 2020 cuando se enteró de que la finca ya no era de su propiedad, pues había sido vendida, sin su presencia ni intervención, a un tercero por un precio muy por debajo a su valor. A raíz de una demanda, un juzgado civil ordenó que se le retornara el edificio.

Entramado societario

En los informe de los Mossos en poder del Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, que tramita la causa, aparecen como investigados el notario, administradores de empresas de gestión de préstamos, intermediarios y prestamistas que tenían como objetivo quedarse con la vivienda del denunciante. En un atestado ampliatorio, los Mossos sostienen que "detrás de las personas que jugaban un papel de actuación de las víctimas se encuentran diversos empresarios que utilizando un tejido de sociedades, representantes, apoderados y testaferros habían orquestado" ese "entramado" bajo el "paraguas" del notario Sergio González, que "daba validez legal a todos los actos jurídicos realizados con el fin de apoderarse del patrimonio" de los perjudicados. El notario ha negado a este diario las acusaciones y proclama que cumplió con su función.

Las víctimas recibían una cantidad de dinero "ínfima e irrisoria" por su vivienda habitual, la cual "pierden sin sospechar nada, ya que creen que han firmado un préstamo y no se dan cuenta de nada hasta que reciben un requerimiento de desahucio" o una comunicación sobre el estado de la finca, según describen los Mossos. A su entender, se trata de una "organización criminal".

En la mayoría de los casos, el "botín" obtenido, precisan, es de más de 250.000 euros. Los afectados firman escrituras y documentos "imposibles de entender" por su complejidad y, según los investigadores, el notario no les explica su contenido. Los investigadores indican que la participación de un notario en las operaciones ofrecía "seguridad, tranquilidad y garantía de legalidad a las víctimas, especialmente vulnerables en su mayoría".

Suscríbete para seguir leyendo