Una concejala socialista de Sant Sadurni d'Anoia pide el indulto para evitar que la separen de sus hijas

Un divorcio tumultuoso y una condena penal controvertida. Érika Ruiz Heredia, una concejala socialista en el Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia, fue condenada en septiembre de 2023 por un juzgado de Barcelona a dos años de prisión y otros cuatro de inhabilitación para ejercer la patria potestad por no entregar sus dos hijas a su exmarido cuando, en un primer momento, tenían la custodia compartida. Ahora deberá cumplir la pena, pero ha pedido al Gobierno el indulto alegando que en 2022, un año antes de esta condena penal, la Audiencia de Barcelona le otorgó la custodia exclusiva de las menores por la vía civil, ya que era lo más beneficioso para las niñas, según los psicólogos de los equipos de asistencia al menor.

La petición de la medida de gracia se apoya, precisamente, en esa “contradicción entre jurisdicción penal y civil”, según detalla el escrito de petición de indulto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. “La víctima no soy yo, sino las niñas”, ha explicado a este diario Érika Ruiz, representada por el letrado Javier Benito, del despacho Vosseler Abogados.

“Se está produciendo una flagrante contradicción judicial que reproduce las dolorosas circunstancias de injusticia social vividas en el mediático caso de Juana Rivas”, recalca el letrado. La inhabilitación de ejercer la patria potestad durante cuatro años choca, además, con la edad de sus hijas, pues la mayor tiene ahora 16 años y solo dentro de dos podrá decidir con quién vive. Las menores viven, tras confirmarse la sentencia penal, con los abuelos maternos.

Divorcio conflictivo

Érika, de 47 años, estuvo casada con su marido durante 19 años (“y cinco de novios”, precisa). Los dos montaron un gimnasio en Sant Sadurní y se dedicaban a gestionarlo. Su primera hija nació en 2009 y la segunda en 2012. Pero en 2019 se torció la convivencia y se empezó a tramitar un divorcio que no fue para nada pacífico. El juzgado otorgó en un primer momento a la pareja la custodia compartida de las dos menores, que entonces tenían 7 y 10 años. Pero los reproches de él, según explica Érika, continuaron.

“No iba a buscar a las niñas al colegio como le tocaba y me esperaba cerca para grabarme cuando acudía yo. Era un acoso", precisa la mujer quien añade que "si nos cruzábamos con él por el pueblo nos miraba desafiante”, precisa. Por eso, explica que sus hijas “le tenían pánico y se ponían a temblar”. Ante esta situación, el juzgado de familia acordó poco después que debían asistir a una terapia los cuatro, una cuestión que aumentó la discordia entre ella y su exmarido.

Embrollo judicial

La resolución del juzgado fue modificada en mayo de 2022, dándole la guardia exclusiva a Érika porque, al entender de los esquipos de asesoramiento del menor y los psicólogos, era más beneficioso para las menores, que no querían vivir con el padre. La Audiencia de Barcelona confirmó esa medida en septiembre de 2023, pero concretó visitas semanales de dos horas en un punto de encuentro para el padre.

Sin embargo, el embrollo judicial se produce ese mismo mes de 2023, cuando un juzgado penal de Barcelona condena a la mujer a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para ejercer la patria potestad de sus hijas por no entregar a las hijas al padre cuando la pareja tenía la custodia compartida (a partir de abril de 2021). Este proceso penal se abrió después de que el juez de familia le requiriera para que lo hiciera. “El juez penal no permitió que aportara la sentencia de la Audiencia de Barcelona”, sostiene la concejal en declaraciones a EL PERIÓDICO.

Érika, según la petición de indulto, se encuentra ahora en una “dicotomía de verse con una guarda y custodia en exclusiva otorgada en la sede civil y, por el contrario, una sentencia penal que le priva del ejercicio de la patria potestad”. “Sin negar esta parte la efectiva comisión de un delito castigado en nuestro Código Penal (sustracción de menores) por revestir los hechos de todos los elementos necesarios para aplicarla, no debemos obviar la contradicción manifiesta en la que incurren ambas resoluciones”, remarca la petición de indulto tramitada por sus representantes legales.

Además, el abogado remarca que el cumplimiento de la condena provocaría una “situación palmariamente injusta e indeseada por las menores”, a la vez que recalca que “razones de injusticia y equidad” aconsejan “la indulgencia que se interesa” en la petición de indulto.

"Yo no vengo aquí como una víctima, no quiero saber nada de ese señor, que me deje vivir en paz, tengo que pedir un indulto cuando no he hecho nada ¡Es increible!", remarca Érika quien añade "me ha querido hundir profesionalmente". Por eso, la mujer apostilla: “Solo quiero vivir tranquila con mis hijas”.

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