La Fiscalía espera el atestado policial para saber si las protagonistas del acoso a la menor que se suicidó en Sevilla son imputables

Este martes se cumple una semana desde que Sandra Peña, una niña de catorce años, salió de su colegio, las Irlandesas Loreto, donde según ha denunciado la familia estaba siendo víctima de bullying, y, sin pasar por su casa, subió a la azotea del bloque donde vivía y se arrojó al vacío. Esta tragedia, según los expertos, podría haberse evitado si el centro hubiera seguido el protocolo establecido por la Junta de Andalucía para los presuntos casos de acoso escolar.

La Fiscalía, como ha informado El Correo de Andalucía, ya ha abierto dos investigaciones: "Una es de supervisión para evaluar la responsabilidad de los responsables del centro"; y otra de "reforma juvenil sobre las supuestas personas menores implicadas". Sin embargo, al respecto de esta segunda investigación, fuentes de la Fiscalía Superior de Andalucía advierten que "no se ha recibido todavía el atestado policial de los hechos", y, por lo tanto, "todavía no se han comunicado los nombres de las menores implicadas al no tener el atestado policial".

Este aspecto es fundamental para dictaminar la responsabilidad penal de los supuestos agresores de Sandra Peña, que de ser compañeros de clase, de 3º de la ESO, tendrían en este momento entre 13 y 14 años. En España, un menor de 14 años no tiene responsabilidad penal y se considera inimputable según la ley. A partir de los 14 años y hasta los 18, sí se aplica esta ley, que establece un régimen penal juvenil especial con penas y medidas de reeducación y tratamiento diferentes a las de los adultos, sin ser llevados a prisiones convencionales.

En España, a un menor de 14 años no se le puede exigir responsabilidad penal por los hechos delictivos que hayan cometido, aunque sus actos si podrían dar lugar a la intervención de los servicios de protección de menores

En este caso, de ser menores de 14 años no se les podría exigir responsabilidad penal por los hechos delictivos que hayan cometido, aunque sus actos si podrían dar lugar a la intervención de los servicios de protección de menores, que podrían proponer medidas de tipo educativo o asistencial. Además, los padres o tutores podrían ser responsables civilmente por los daños y perjuicios causados por el menor. La identificación de los autores del supuesto acoso que habría sufrido Sandra durante al menos dos cursos, según denunció su tío Isaac Villar el pasado viernes ante los medios de comunicación, es clave en estos momentos.

Una tarea, por otro lado, que ya está levantado tensiones en la comunidad educativa, de alumnos, profesores y padres, de este centro en el sevillano barrio de San Carlos que ha recibido este lunes la advertencia por parte de la Junta de Andalucía de que podría perder el concierto tras el suicidio de la niña.

El señalamiento a las posibles autoras del acoso no ha cesado desde el fatídico día de la tragedia. Por esa razón, la dirección del colegio ha pedido este lunes "cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación" policial, judicial y administrativa en torno al suicidio. En un comunicado publicado en sus redes sociales, el centro pide que "cese cualquier situación violenta como las que se han producido en las inmediaciones del colegio. Cualquier acción de este tipo está perjudicando a nuestros niños, todos ellos menores de edad". "Nuestra prioridad es velar por el alumnado y sus familias en un momento tan delicado". La dirección explica que el equipo de orientación y de bienestar emocional están atendiendo "de manera especial" a los estudiantes.

Cabe recordar que el primer comunicado del centro tras la muerte de Sandra fue para lamentar lo sucedido y anunciar una eucaristía en su memoria.

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